El juez del tribunal oral federal 4 Néstor Costabel intimó al empresario Lázaro Báez, condenado a una pena unificada de 15 años de prisión, a que pague en diez días una multa de 300 millones de dólares por lavado de dinero en la causa de la Ruta del dinero K.
El monto preciso de la multa es 329.237.200,14 de dólares, en su equivalente en pesos, conforme la cotización oficial del dólar minorista vendedor que fije el Banco Central de la República Argentina, al momento de su efectivo pago, según informaron fuentes judiciales.
La multa se corresponde con la causa de La Rosadita, donde Báez sacaba del país los dólares de la corrupción mediante transferencias usando empresas de España y Uruguay que tenían cuentas en bancos suizos y en Bahamas, y luego reingresaban ese dinero mediante la compra de bonos de la deuda argentina que eran vendidos y la plata depositada en la cuenta de Austral Construcciones en el Banco Nación.
Los videos de colaboradores de Báez y sus hijos contando plata con máquinas de billetes en la financiera en La Rosadita, mientras tomaban whisky, se vieron por televisión. El monto del dinero sacado del país, lavado y reingresado, es de 54.872.866,69 de dólares y la multa que se le impuso es de seis veces esa suma.
La condena contra Báez fue confirmada el 29 de mayo de 2025, luego de que declararon inadmisble su recurso de queja para ir a la Corte Suprema de Justicia de la Nación. El juez Costabel fundamentó la resolución destacando que está firme la condena, tanto la pena de prisión como la de multa.
Báez está preso en la cárcel de Río Gallegos, desde que la Corte confirmó la condena de Vialidad a mediados de año. A pesar de que la defensa invocó que la unificación de condenas del 11 de julio de 2025 estaba recurrida, el tribunal sostuvo que esta unificación no altera la firmeza de la condena en el caso de lavado. Y citó la importancia de la “cosa juzgada”, que “está íntimamente ligada a la seguridad jurídica y representa una exigencia vital del orden público, que tiene jerarquía constitucional”.
El juez recordó que luego del juicio oral y público quedó acreditado que entre finales del 2010 y abril de 2013 “se depositaron grandes sumas de dinero a nombre de terceras personas -jurídicas- en diversas cuentas de distintos bancos internacionales, cuyo monto total se estimó en 54.872.866,69 de dólares en concepto del producto del delito que se tuvo por probado’”.
El juez explicó que, debido a que el monto de la operación fue establecido en dólares norteamericanos, no corresponde aplicar parámetros de actualización monetaria, a diferencia de lo propuesto por la Fiscalía. Argumentó que el dólar “cuenta con cierta estabilidad por tratarse de una moneda que no se encuentra, en principio, en un proceso de desvalorización de importancia”.
La defensa de Lázaro Báez había solicitado la suspensión de la ejecución de la multa, argumentando que estaba siendo cuestionada en el recurso de casación contra la unificación de condenas, y planteó la inconstitucionalidad de la multa. Dijo que “se traducía en un despojo patrimonial y civil absoluto, incompatible con la dignidad humana y con el deber estatal de garantizar un mínimo vital”, y que, al superar los decomisos y reclamos administrativos el patrimonio actual de su cliente, la multa se convertía en “una sanción de imposible cumplimiento, desnaturalizando por completo la finalidad preventiva y resocializadora de la pena”.
El Tribunal desestimó estos argumentos. Consideró que el planteo de inconstitucionalidad de la pena de multa era «extemporáneo». Finalmente, el tribunal desestimó “por infundada las restantes pretensiones de la defensa” y señaló que el planteo subsidiario de un plan de pago en cuotas se tendrá “presente, para su oportunidad, (…) ya que previamente correspondería –sino se pagare la multa- procurar su satisfacción haciéndola efectiva sobre los bienes, sueldos u otras entradas del condenado”.
Báez está condenado además en la causa Vialidad y enfrenta un juicio comercial por la quiebra de Austral Construcciones. Su fortuna, que fue valuada en más 200 millones de dólares y que constaba de estancias, propiedades y vehículos, fue subastada en el juicio comercial y casi no tiene bienes con que hacer frente a esta multa y al decomiso en la causa en que fue condenado con Cristina Kirchner.
