Bajo controles estrictos de la Justicia, este lunes reabrió la feria de La Salada que había sido clausurada hace casi un mes tras la detención de 15 personas, entre ellas Jorge Castillo, autoproclamado “El Rey de La Salada”, por supuesto lavado de dinero. Para que esto suceda, el Juzgado Federal Criminal y Correccional de Lomas de Zamora estableció una serie de condiciones de índole “administrativa y judicial”.
De esta forma, desde este lunes a las 7, las ferias Urkupiña y Cooperativa Ocean reabrieron sus puertas al público, no sin antes acatar las normativas impuestas por el juez Luis Armella. Punta Mogote, la tercera feria que conforma el megapredio de 18 hectáreas de La Salada, todavía no confirmó su fecha de apertura.
En sus redes sociales, el paseo de compras le recordó a los socios que participan los documentos que deben tener en cuenta para poder abrir nuevamente y cumplir todas las reglas. Esto incluye una constancia impresa de su inscripción ante el Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA); inscribirse en los organismos correspondientes; emitir comprobantes de ventas; tener contrato de alquiler vigente, en caso de que corresponda; y presentar una constancia de procedencia de la mercadería expuesta a la venta.
El predio permanecía cerrado desde el 22 de mayo, cuando detuvieron a Castillo en su casa de un barrio cerrado de Luján junto a otros 15 líderes del complejo; entre ellos, uno de sus hijos, su esposa, su suegra y varios de sus socios. Los acusan de maniobras de lavado con más de 25 empresas constituidas en la Argentina y en Panamá.
Tras la detención, comenzaron los allanamientos de los tres principales predios de la feria. Desde entonces, el emporio de venta mayorista y minorista textil más importante del país, reconocido por tener puestos con ropa de marca falsificada, permanecía cerrado. Hasta hace tres semanas, funcionaban 8000 puestos de feria, de los que dependían de manera directa 30.000 empleados, de acuerdo con la Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME)
A partir de ahora, dentro del predio solo se autorizará “el desarrollo comercial y laboral lícito”, según detalla la resolución. Dicha actividad estará regulada por la articulación de distintos entes estatales: la Fiscalía Federal interviniente, el Municipio de Lomas de Zamora, el Ministerio de Producción de la Provincia de Buenos Aires, la Agencia de Recaudación de la Provincia de Buenos Aires (ARBA), el Banco de la Provincia de Buenos Aires, el Ministerio de Seguridad de Buenos Aires y, en representación del gobierno nacional y ARCA.
Las medidas de la Justicia
Una de las primeras medidas que exigió el Juzgado para la reapertura reapertura del predio fue la designación de un interventor, que estará a cargo por un plazo de 90 días. También deberá asegurar la regularización de la situación fiscal de activos y pasivos del complejo, llevar un registro contable de la actividad de la feria y “asegurar que se llevan a cabo buenas prácticas de negocios y gestión”.
De acuerdo con el documento, toda la actividad del predio deberá “efectuarse de manera legal”. Esto implica que se deberá registrar a todos los empleados en relación de dependencia, lo que evitará la contratación irregular; se deberá registrar de forma completa cada venta; y se volverá obligatorio un sistema de aplicación para que toda la recaudación se realice mediante un sistema bancarizado, lo que evitará el uso de dinero en efectivo.
La resolución destaca, a su vez, que, ante el incumplimiento de cualquiera de los requisitos exigidos, se podrá solicitar nuevamente la clausura del predio.
