La Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil ha cifrado en 673.500 euros el total de ingresos procedentes de empresas gasistas hacia Equipo Económico (EE), despacho considerado como eje central en el denominado ‘caso Montoro’. Según el informe fechado en febrero e incorporado al sumario, “una proporción sustancial” de ese dinero fue transferida directamente a los socios del despacho, quienes destinaron estos fondos a cubrir gastos personales.
El documento, que forma parte de la investigación llevada a cabo en el Juzgado de Instrucción Número 2 de Tarragona, indaga sobre posibles favores realizados desde el Ministerio de Hacienda, dirigido entonces por Cristóbal Montoro, a firmas que, a su vez, contrataban los servicios de EE. El objetivo del informe ha sido esclarecer si los miembros de ese despacho emplearon “su entramado societario para canalizar los fondos abonados por las gasistas a EE, a otras mercantiles y/o personas físicas por presuntamente influir de manera fraudulenta en el Ministerio de Hacienda”.
673.500 euros distribuidos en “29 operativas distintas”
De acuerdo con Europa Press, y según la información recogida por la UCO, “los ingresos totales provenientes de las sociedades gasistas investigadas hallados en las cuentas bancarias ascienden a 673.500 euros distribuidos en 29 operativas distintas”. Los agentes destacan que la mayor parte de esas sumas termina en cuentas de los socios del despacho a través de transferencias directas. “Gran parte de esas entradas tienen como destino los socios de EE a través de transferencias directas”, precisa el documento.
El informe también señala que los importes transferidos a los socios “fueron utilizados para cubrir pagos/gastos operativos y/o habituales, impuestos y gastos personales, sin que se haya identificado una derivación de esos fondos”. A pesar de estos hallazgos, la investigación puntualiza que “no todos los fondos investigados pueden rastrearse hacia los socios de EE o sus sociedades vinculadas”. Existen, según los investigadores, “numerosos movimientos relacionados con gastos operativos generales, pagos a terceros y disposiciones en efectivo que, si bien forman parte de la operativa financiera de EE, carecen de relevancia directa para el objetivo de la línea de investigación”.
En el análisis realizado por la UCO se resalta: “En esencia, el análisis demuestra que una proporción sustancial de los fondos investigados, provenientes de sociedades gasistas, fue destinada a los socios de EE y que éstos le dieron un destino personal a estos ingresos”. El informe agrega que esta dinámica de uso de fondos no aparece como un hecho aislado dentro del funcionamiento del despacho Equipo Económico. Al respecto, la UCO concluye: “Este hecho no es singular, sino que también esta operativa se realiza de forma habitual con los fondos que EE viene recibiendo de otros sectores empresariales”.
El caso sigue bajo investigación en el marco del sumario dirigido por el Juzgado de Instrucción Número 2 de Tarragona, mientras los agentes continúan analizando los movimientos bancarios y la posible influencia desde el despacho sobre el Ministerio de Hacienda. El resultado de estas pesquisas será clave para determinar si se produjeron delitos relacionados con la gestión de fondos y el ejercicio de influencia en la administración pública.
