La documentación presentada ante la Audiencia Nacional destaca el papel central de Víctor de Aldama en las negociaciones y trámites que derivaron en la adquisición de una vivienda en Cádiz por parte del entorno de José Luis Ábalos. Según reportó Europa Press, la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil aportó a la instrucción judicial grabaciones y documentos que relacionan la obtención de este inmueble con la concesión de una licencia administrativa relevante para la compañía Villafuel, dedicada al sector de hidrocarburos.
De acuerdo con lo publicado por Europa Press, las pesquisas incluyen pruebas materiales y registros de conversaciones que para los investigadores refuerzan la hipótesis de un intercambio de favores entre el ámbito político y actores empresariales. La UCO detalló que el chalet situado en la urbanización La Alcaidesa, en la provincia de Cádiz, habría funcionado como una retribución al entorno de Ábalos, en relación con la aprobación de permisos administrativos que beneficiaron a Villafuel. Estas evidencias fueron analizadas y presentadas ante el juez Santiago Pedraz, encargado de la causa, quien integra actualmente nuevos testimonios, registros y peritajes documentales.
El informe incorporado al sumario describe cómo Koldo García, entonces asesor de Ábalos, gestionó activamente la localización y la negociación inmobiliaria, manteniendo un contacto fluido con Claudio Rivas —a quien la UCO identifica como uno de los integrantes centrales de la trama— y con el propio Víctor de Aldama. Europa Press subrayó que en los últimos meses de 2020, García remitió a Rivas anuncios de propiedades seleccionados en portales especializados, siendo uno de ellos el inmueble finalmente adquirido y puesto a disposición de Ábalos. Según la Guardia Civil, esta secuencia coincide temporalmente con la tramitación y posterior concesión de los permisos fundamentales para el desarrollo de la actividad de Villafuel.
Europa Press difundió que las grabaciones aportadas constituyen uno de los principales elementos probatorios del caso. Entre ellas, una conversación interceptada entre Leonor González y Natán González recogida por la UCO incluye la frase: “Hijo puta el putero. Ha sido pillar la casa y le ha dado al botoncito”. Para los investigadores, este fragmento revela una clara relación de proximidad entre la entrega de la vivienda y la firma de la licencia. El informe remarca que la red investigada habría estructurado un sistema para favorecer intereses empresariales a cambio de contraprestaciones inmobiliarias y económicas.
La Guardia Civil incluyó en su análisis tanto movimientos patrimoniales como la reconstrucción de los contactos mantenidos antes y después de la adquisición del inmueble. Según Europa Press, estas pesquisas buscan evidenciar la existencia de una organización coordinada en la que participaron funcionarios, presuntos intermediarios y empresarios vinculados al sector energético. El protagonismo de Koldo García figura como un nexo esencial entre las partes, dado que facilitó la comunicación, transmitió ofertas y colaboró en la selección definitiva del chalet.
De acuerdo con Europa Press, la investigación de la UCO se sustenta en la interpretación de las conversaciones captadas y en los peritajes centrados en los flujos económicos relacionados con la compra de la vivienda y la obtención de permisos para Villafuel. Los investigadores señalaron en sus reportes que detectaron una sincronización entre la ejecución de los trámites inmobiliarios y la emisión de resoluciones administrativas clave por parte de órganos estatales. La hipótesis policial apunta a una coordinación directa entre los intereses públicos representados por el círculo de Ábalos y las demandas de la empresa energética.
El avance del sumario, según confirmaron fuentes recogidas por Europa Press, ha incorporado nueva documentación patrimonial e intervenciones telefónicas autorizadas, que se añaden a las pruebas ya presentadas. La Audiencia Nacional se encuentra examinando el alcance de las relaciones entre los involucrados, así como las posibles implicaciones legales sobre las decisiones administrativas adoptadas y los beneficios económicos generados para Villafuel a raíz de las autorizaciones concedidas.
El proceso judicial, dirigido por Santiago Pedraz, sigue abierto en espera de nuevos peritajes, revisión de grabaciones complementarias y análisis de las relaciones corporativas y personales entre los encausados. La UCO centra su investigación en delimitar los mecanismos existentes entre los actores políticos implicados y las entidades empresariales, para determinar si se produjo una cesión indebida de favores a cambio de contraprestaciones privadas, de acuerdo a lo consignado por Europa Press.