La responsabilidad por las comunicaciones comerciales difundidas por influencers recaerá directamente en las entidades financieras que las respalden, según informó el medio. Esta disposición obliga a que cualquier mensaje promocional que los creadores de contenido publiquen en nombre de estas entidades cumpla con los criterios de claridad y veracidad estipulados por la legislación europea, y que cada contenido publicitario se identifique de manera explícita con tal fin. El objetivo central es proteger a los inversores menos experimentados, limitando el alcance de recomendaciones que puedan inducir a errores o confusiones a través de plataformas digitales y redes sociales.
El medio reportó que el Parlamento Europeo y el Consejo han cerrado un acuerdo político que introduce estrictos requisitos de transparencia y control en la promoción digital de instrumentos financieros, reforzando así la protección de este segmento de usuarios. De acuerdo con la publicación, los documentos informativos que compañías e instituciones financieras deberán proporcionar verán rediseñado su formato. La nueva normativa exige que los riesgos principales, los costos y los posibles rendimientos de los productos financieros se presenten de manera clara, comprensible y compatible con los nuevos canales digitales, asegurando así una toma de decisiones informada y consciente por parte de los ciudadanos.
El acuerdo, anunciado este jueves, establece que cualquier creador de contenido que promocione productos financieros estará obligado a formalizar por escrito su relación con la entidad patrocinadora. Según detalló el medio, este cambio se debe al creciente peso que los influencers ejercen en la toma de decisiones de inversión, especialmente entre los jóvenes, quienes recurren a sus recomendaciones para decidir sobre la conveniencia de invertir en ciertos productos. Con el nuevo marco, la relación contractual entre el influencer y la entidad financiera deberá quedar registrada y regulada, como medida preventiva ante la difusión de mensajes que puedan inducir a comportamientos de inversión desinformados o impulsivos.
Otro aspecto destacado por el medio es la obligación para bancos, aseguradoras y otros intermediarios de actuar en función del interés exclusivo del cliente. Este punto implica que solo podrán recomendar productos financieramente adecuados al perfil, los objetivos y la tolerancia al riesgo de los ahorradores minoristas. El propósito es limitar la venta masiva de vehículos financieros inadecuados para el consumidor, fortaleciendo el vínculo entre la oferta y la verdadera naturaleza de las necesidades del inversor.
La normativa también endurece los requisitos sobre justificación de costes y comisiones. Los distribuidores financieros estarán obligados a analizar si los cargos aplicados son proporcionados y están respaldados por el rendimiento real que el producto puede generar. El medio consignó que las autoridades nacionales utilizarán criterios armonizados en toda la Unión Europea para detectar instrumentos que no ofrecen suficiente valor frente a su coste, proporcionando a los supervisores herramientas para restringir la comercialización de aquellos productos catalogados como poco convenientes.
El régimen de comisiones también experimenta limitaciones. El texto legislativo solamente permitirá incentivos y remuneraciones que no comprometan el interés del cliente, aporten beneficios concretos para el inversor y mantengan plena transparencia sobre el efecto de dichas compensaciones en los resultados financieros del usuario. El medio añadió que los gobiernos nacionales podrán optar por normas más estrictas si estiman que ello resulta necesario para la salvaguarda de los ahorradores en sus territorios.
En cuanto al contexto digital, la regulación abarca la identificación, control y seguimiento de todas las formas de promoción, incluidas las que utilizan la imagen o el testimonio de terceros en redes sociales. Este control se orienta a reducir la circulación de información sesgada o engañosa, típica en ciertos contenidos divulgados por creadores de contenido en línea. Las entidades financieras deberán aplicar procedimientos que aseguren la calidad, pertinencia y transparencia de todos los mensajes, previa a su publicación en el entorno digital.
El acuerdo, explicó el medio, promueve la educación financiera aprovechando los canales digitales, al facilitar que la información pedagógica sobre productos y servicios de inversión llegue eficazmente a quienes cuenten con conocimientos más limitados. Esta directriz reconoce la importancia creciente de las recomendaciones obtenidas a través de perfiles influyentes y de medios digitales en decisiones vinculadas a las finanzas personales.
La aprobación formal de este marco regulatorio por parte del Consejo de la Unión Europea y el Parlamento Europeo todavía está pendiente. Según reportó el medio, una vez validado y publicado en el Diario Oficial de la Unión Europea, los Estados miembros contarán con un plazo de dos años para modificar sus ordenamientos internos y garantizar el cumplimiento efectivo de la nueva normativa. Durante este periodo, los gobiernos deberán crear y adaptar mecanismos de supervisión y control que aseguren la aplicación uniforme de estas medidas en toda la región.
El medio detalló que el paquete legislativo pretende cerrar brechas regulatorias en el mercado digital de productos financieros, allí donde los esquemas tradicionales resultan insuficientes para vigilar la proliferación de ofertas en redes sociales. Esta reforma introduce un sistema de referencia común que permitirá a las autoridades nacionales actuar con prontitud para identificar productos que no cumplan condiciones satisfactorias de relación calidad-precio, e implementar metodologías armonizadas de evaluación de costes y rendimiento, acorde con los estándares europeos.
Cada Estado miembro deberá implementar sistemas de supervisión para controlar la comunicación comercial y el uso de influencers en la publicidad de servicios financieros, así como mecanismos que permitan cuestionar y restringir la comercialización de instrumentos que resulten no aptos según los criterios fijados. Según publicó el medio, la reforma busca lograr un sistema transparente y equilibrado en el sector, consolidando la protección de los consumidores minoristas y asegurando que la evolución digital del mercado no suponga una merma en los estándares de información y seguridad para los ahorradores. El calendario acordado da margen suficiente para la adaptación normativa y la aplicación homogénea del reglamento, elevando la responsabilidad y la transparencia en la promoción y venta de productos digitales de inversión a escala europea.
