La responsabilidad de presentar la declaración de diligencia debida recaerá, según el nuevo marco, en las empresas que introduzcan por primera vez en el mercado común productos sujetos a control, y los productos impresos han quedado exceptuados de la nueva legislación. Con este enfoque, las autoridades de la Unión Europea han avanzado hacia la modificación de los plazos iniciales y ajuste de procedimientos en la ley contra la deforestación, ampliando así el margen para el cumplimiento de las grandes compañías y las pymes. Según informó el medio, las instituciones europeas alcanzaron este jueves un acuerdo para extender la entrada en vigor de la normativa, iniciativa aún pendiente de la aprobación formal del Parlamento Europeo y del Consejo, órganos decisorios de los Veintisiete Estados miembros.
El calendario consensuado establece que los grandes operadores comenzarán a regirse por las nuevas obligaciones a partir del 30 de diciembre de 2026, mientras las pequeñas y medianas empresas, así como particulares interesados, dispondrán de un semestre adicional, hasta el 30 de junio de 2027. El medio detalló que esta prórroga responde a los planteamientos planteados desde múltiples sectores productivos y Estados miembros, que argumentaron la necesidad de un periodo de adaptación técnica y legal más amplio para hacer frente a los mecanismos de diligencia debida y de control de trazabilidad medioambiental.
Tal como publicó el medio, el acuerdo introduce herramientas y mecanismos adicionales enfocados en facilitar la transición regulatoria. Uno de los instrumentos clave será la simplificación de los requisitos de trazabilidad, medida destinada a que tanto las grandes empresas como las pymes puedan implementar de manera más práctica los controles medioambientales exigidos por la ley. De igual forma, el texto normativo concentra el rigor de las nuevas obligaciones solamente en bienes comercializados que supongan un riesgo directo de deforestación, excluyendo productos de baja implicación ecológica, como los materiales impresos, con el fin de optimizar recursos regulatorios y limitar la carga administrativa en sectores no prioritarios.
El medio consignó que la revisión del calendario atiende a la complejidad que han manifestado diversos operadores respecto a la adaptación a los nuevos estándares y procedimientos previstos. Durante el proceso de negociación entre el Parlamento Europeo y el Consejo, sectores de la agricultura, la silvicultura y empresas relevantes solicitaron tanto plazos adicionales como reducción de trámites en la composición de los sistemas de control. El texto propuesto busca así asegurar una transición gradual y la posibilidad de modificar herramientas y procedimientos antes de que sean plenamente obligatorios.
De acuerdo con lo informado, la eurodiputada Christine Schneider, quien actuó como ponente del Parlamento Europeo en estas negociaciones, subrayó que el resultado mantiene los ejes principales del reglamento sobre deforestación y explicó que el texto final “protege los bosques que se enfrentan a un riesgo real de deforestación, al tiempo que evitamos obligaciones innecesarias en zonas donde no existe tal riesgo”. Schneider argumentó ante los interlocutores europeos que se atendieron seriamente las inquietudes transmitidas por agricultores, silvicultores y empresas, y se garantizó que el reglamento podrá ejecutarse en condiciones prácticas y viables para los sectores afectados.
El procedimiento requerido para concretar esta reforma normativa se completará con la votación en el pleno del Parlamento Europeo, programada entre el 15 y el 18 de diciembre, y con el respaldo definitivo del Consejo. Finalizadas estas etapas, la decisión se publicará en el diario oficial de la Unión Europea. Según reportó el medio, en caso de que no se cumplan los pasos legislativos antes del cierre del año, se mantendrán los plazos originales para la entrada en vigor de la legislación.
La normativa antideforestación de la UE forma una pieza esencial de la estrategia climática europea, que pretende garantizar que los productos importados y comercializados en el ámbito comunitario no provengan de cadenas de suministro vinculadas a la destrucción de ecosistemas forestales. Según detalló el medio, las instituciones buscan con esta regulación reducir la contribución del bloque a la pérdida global de bosques y, a la vez, armonizar las obligaciones medioambientales con las capacidades de adaptación económica y logística de los operadores y los Estados miembros.
El proceso de ajuste propuesto reveló la tensión entre la ambición medioambiental y la viabilidad práctica de las obligaciones regulatorias. Tal como consignó el medio, la inclusión de periodos de adaptación adicionales y la simplificación de requerimientos legales han surgido de los llamados de representantes empresariales, agricultores y silvicultores, quienes demandaron flexibilidad para evitar interrupciones en sus actividades y dificultades de cumplimiento por la complejidad y los plazos ajustados de la norma inicial.
La ley centra sus controles y exigencias en sectores y territorios previamente identificados como expuestos a riesgos de deforestación significativos. El objetivo es, según las instituciones, emplear los recursos regulatorios en los casos donde mayores sean los riesgos detectados, al mismo tiempo que se evita imponer nuevas cargas administrativas sobre productos o sectores con reducida implicación medioambiental. Según informó el medio, esta focalización responde, además, a la necesidad de facilitar procesos internos para empresas y administraciones nacionales, permitiendo que los controles sean viables y efectivos.
A partir de la entrada en vigor de la ley en las nuevas fechas establecidas, las grandes empresas deberán aplicar y demostrar el cumplimiento de los sistemas de diligencia debida y trazabilidad para todos los productos sujetos a regulación, mientras que las pequeñas y medianas contarán con seis meses adicionales para adaptar sus operaciones y controles. Según publicó el medio, este enfoque busca garantizar que la ley pueda desplegarse en toda la Unión Europea de forma homogénea y sin generar disrupciones inesperadas en la cadena de suministro o el comercio intracomunitario.
El acuerdo legislativo mantiene el eje de protección forestal, pero habilita una transición prolongada para corregir procedimientos y facilitar la plena integración de las nuevas reglas en los sistemas empresariales y administrativos. Según detalló el medio, la actuación legislativa de la UE en materia de deforestación continuará una vez que se complete el proceso de aprobación política, previendo nuevas evaluaciones y posibles ajustes en el futuro conforme las empresas implementen los sistemas de control y las autoridades nacionales detecten nuevas necesidades u obstáculos regulatorios.