Bélgica, junto con Malta, Bulgaria e Italia, ha dado su aprobación a la inmovilización indefinida de activos rusos en la Unión Europea, aunque mantiene reservas sobre el uso de estos fondos para financiar el llamado «préstamo de reparación» destinado a Ucrania. Según consignó Europa Press, el respaldo de estos países resultó clave para que el acuerdo saliera adelante, pese a las diferencias sobre la finalidad última de los activos bloqueados, valorados en 210.000 millones de euros.
La decisión quedó formalmente adoptada al cierre del procedimiento escrito el viernes, luego de recibir el apoyo de 25 de los 27 Estados miembros. Solo dos países votaron en contra, de acuerdo con fuentes europeas citadas por Europa Press. Esta medida consiste en la congelación indefinida de los fondos rusos localizados en instituciones financieras de la Unión, principalmente en la entidad depositaria Euroclear, con sede en Bélgica, que alberga aproximadamente 185.000 millones de euros de este total. Este paso representa un elemento imprescindible para fortalecer las garantías legales antes de cualquier uso práctico de dichos fondos, tal como subrayó Europa Press.
El pacto, según detallaron las fuentes europeas, constituye el último movimiento antes de que los líderes del bloque deban adoptar una posición sobre la utilización efectiva de estos activos en la cumbre que se celebrará la próxima semana. El objetivo último es habilitar la financiación de un préstamo de 90.000 millones de euros a Ucrania, que atendería las necesidades presupuestarias del gobierno de Kiev durante los próximos dos años en medio del conflicto armado con Rusia. El texto oficial del acuerdo, al que accedió Europa Press, establece que la ratificación de la congelación no prejuzga el debate pendiente sobre el uso de estos activos, una discusión reservada a los jefes de Estado y de Gobierno.
La Comisión Europea propuso emplear la liquidez generada por los activos rusos bloqueados para respaldar este préstamo, cuyo reembolso por parte de Ucrania solo se exigiría si Rusia pone fin a la guerra y proporciona compensaciones económicas acordes con los daños provocados. Ursula von der Leyen, presidenta del Ejecutivo comunitario, remarcó que la aprobación de la ayuda puede concretarse respetando una mayoría cualificada de países, lo que implica que puede avanzar incluso sin el visto bueno de Bélgica, el país que en la práctica supervisa la mayor cantidad de activos congelados.
Según reportó Europa Press, Hungría, bajo el liderazgo de Viktor Orbán, objetó vehementemente tanto la extensión indefinida de las sanciones como el método legal empleado, acusando a sus socios de burlar el requisito tradicional de unanimidad en decisiones sobre Ucrania. Budapest argumentó que esta prórroga indefinida es difícilmente reversible, ya que requeriría una mayoría de los veintisiete miembros tras el cese del conflicto, pese a tratarse de un procedimiento que los Tratados europeos conciben como temporal.
El acuerdo aprovecha el artículo 122 de los Tratados de la Unión Europea, una cláusula de emergencia que permite quitar a Rusia la facultad de transferir fondos bloqueados desde entidades financieras europeas mientras dure la guerra, utilizando una votación por mayoría cualificada. Esta fórmula legal ha permitido a los países de la UE sortear eventuales vetos, como los que suele plantear Hungría, en cuestiones relacionadas con la política de sanciones y la prórroga periódica de las restricciones sobre activos vinculados al Banco Central de Rusia.
El mismo día en que se materializó la decisión europea, el Banco de Rusia interpuso una demanda contra Euroclear ante tribunales belgas por el supuesto perjuicio ocasionado por el uso «directo o indirecto» de los fondos soberanos rusos sin consentimiento. El comisario europeo de economía, Valdis Dombrovskis, respondió al litigio asegurando que todas las entidades en la jurisdicción de la UE cuentan con total protección legal.
En los días previos a la decisión, siete países comunitarios, entre ellos Irlanda, Polonia y Lituania, instaron mediante una carta al presidente del Consejo Europeo, António Costa, y a la presidenta Von der Leyen, a avanzar con el uso de los activos rusos retenidos por considerarlo el medio «más viable» desde el punto de vista financiero y «más realista» en el ámbito político. La misiva se envió cuando el primer ministro belga, Bart de Wever, reiteró su postura contraria durante una reunión en Bruselas a la que asistieron también el canciller alemán, Friedrich Merz, y Von der Leyen.
A la espera de la cumbre del 18 de diciembre, los líderes y técnicos comunitarios siguen trabajando para ajustar el marco legal y otorgar a Bélgica garantías suficientes sobre el esquema propuesto, dada la relevancia de su papel en la gestión de la mayor parte de los activos congelados en territorio europeo. António Costa manifestó en días recientes que el acuerdo definitivo está «muy cerca», según declaraciones recogidas por Europa Press.
Este desarrollo normativo sienta las bases para avanzar con la ayuda financiera a Ucrania, dentro de los limitados márgenes legales y políticos definidos por la actual configuración de la política de sanciones europea. La iniciativa busca sostener la resiliencia de las instituciones ucranianas y compensar el impacto económico que la guerra tiene sobre el país, utilizando los recursos rusos retenidos desde el inicio del conflicto. La resolución de los puntos pendientes en la próxima cumbre marcará el futuro del apoyo financiero europeo a Kiev, en tanto persista la invasión militar rusa.