El Consejo de la Unión Europea incluyó al juez Dimitri Gordeev y a la fiscal Liudmila Balandina en su relación de personas sancionadas por violaciones de derechos humanos y por su papel en la represión en Rusia, estableciendo la congelación de sus activos en territorio comunitario, bloqueando toda transferencia o apoyo financiero procedente de ciudadanos y empresas del bloque y prohibiendo su entrada, tránsito o salida de suelo europeo. Según publicó el medio, la Unión Europea sostiene que los dos funcionarios han contribuido activamente a la represión de la sociedad civil y a la restricción de la disidencia, en un esfuerzo para legitimar la narrativa oficial que asocia la crítica a la guerra de Ucrania o al Gobierno de Putin con el terrorismo o el extremismo. El Consejo europeo subrayó que estas sanciones reflejan la intención de mantener la presión frente a prácticas contrarias a los principios fundamentales del Derecho Internacional.
Tal como detalló el medio, la Unión Europea ha decidido extender durante seis meses adicionales, hasta julio de 2026, el alcance de las sanciones comerciales y económicas impuestas progresivamente al Gobierno de Vladimir Putin desde 2014. Estas restricciones se implementaron en respuesta a las acciones rusas para desestabilizar Ucrania, cerrando el paso a diversas actividades tras la anexión de Crimea y, con más intensidad, a partir de la invasión del territorio ucraniano en febrero de 2022.
El paquete de sanciones abarca una amplia gama de sectores. De acuerdo con la información consignada, las medidas incluyen restricciones sobre el comercio, el sector energético, el sistema financiero y la industria tecnológica, junto a limitaciones sobre bienes de doble uso civil y militar, transporte y productos de lujo. Dentro de estos rubros, se encuentra la prohibición de importar o transferir petróleo crudo y ciertos productos petroleros transportados por mar desde Rusia hacia los países miembros de la Unión Europea. También se mantiene la exclusión de varias entidades bancarias rusas del sistema SWIFT, herramienta clave para realizar transferencias internacionales.
Otro punto incluido en la prórroga de sanciones es la suspensión de actividades de emisión y la revocación de licencias en la Unión Europea para diversos medios calificados como instrumentos de desinformación con respaldo del gobierno ruso. Además, el Consejo de la UE enfatizó la importancia de adoptar medidas adicionales dirigidas a evitar cualquier intento de evadir las restricciones establecidas, reforzando así el control sobre posibles mecanismos de elusión.
El comunicado del Consejo de la UE advirtió que se mantendrá la vigencia de todas estas medidas mientras continúen “acciones ilegales” por parte de Rusia que violen el Derecho Internacional. Además, los gobiernos europeos señalaron su disposición a aprobar nuevas decisiones si la situación lo exige. Según recopila el medio, el objetivo de esta política es asegurar que el marco de sanciones siga adaptándose a la evolución del conflicto y que Moscú no pueda sustraerse a sus consecuencias.
En cuanto a las medidas individuales, el juez Dimitri Gordeev, del Tribunal Municipal de Moscú, figura en la lista de sancionados debido a sus sentencias reiteradas contra miembros de la oposición y defensores de derechos humanos. Según la Unión Europea, Gordeev ha mostrado reiteradamente parcialidad en sus fallos, absteniéndose de analizar pruebas exculpatorias, así como aceptando informes policiales no verificados o elaborados por antiguos colegas, lo que a ojos de la UE indica un conflicto de intereses y una falta de independencia judicial.
En relación con la fiscal Liudmila Balandina, la Unión Europea la responsabiliza de ejercer su cargo para presentar cargos de naturaleza política, empleando una retórica alineada con la propaganda estatal y solicitando condenas severas contra personas que expresan opiniones consideradas pacíficas. El medio añade que autoridades europeas atribuyen a Balandina un uso sistemático e indebido de su posición oficial para reforzar la persecución de críticos y simpatizantes de Ucrania.
Desde la entrada en vigor de las sanciones, la Unión Europea ha venido adaptando sus políticas para responder a la evolución de la situación en Ucrania y Rusia. Las acciones restrictivas también se complementan con otros instrumentos diplomáticos y políticos y han buscado limitar no sólo el acceso ruso a recursos financieros y tecnológicos, sino también incidir en la capacidad del Gobierno ruso para difundir su mensaje dentro y fuera de la UE. De acuerdo con lo publicado, estas decisiones buscan enfrentar tanto los desafíos de seguridad como de protección de derechos humanos en el contexto del conflicto.
El Consejo de la UE reiteró que continuará considerando pertinentes todas las medidas actuales mientras persistan circunstancias que, a juicio de los Estados miembros, constituyen una infracción de las normas jurídicas internacionales. La prórroga anunciada se inscribe en ese marco y suma nuevas restricciones individuales a las ya existentes, al tiempo que refuerza las acciones enfocadas en los sectores energético, financiero y tecnológico del país sancionado.
