“El acceso a la vivienda se está convirtiendo en una quimera” para la clase trabajadora española. Así lo refleja el último informe de UGT ‘Convenios colectivos y derecho a la vivienda’, en el que se documenta con cifras y comparativos cómo la brecha entre salarios y precios residenciales es ya alarmante en casi todo el país. Ciudades como Madrid, Barcelona y Baleares concentran los peores datos, pero el fenómeno es de alcance nacional y transversal a múltiples sectores.
Salarios que no alcanzan
El diagnóstico parte de un dato que recorre todo el informe: en la actualidad, una persona trabajadora media necesitaría más de 52 años de salario neto -dedicando el 40% de su renta- para comprar una vivienda estándar, según los cálculos de UGT basados en los precios actualizados a junio de 2025.
La cifra supera en un 40% lo que requeriría si no existiesen intereses hipotecarios, y en algunos territorios, como Madrid, Baleares o Cataluña, el precio de un piso de 60 metros cuadrados excede los 300.000 euros, equivalente a entre 20 y 25 sueldos anuales íntegros.
El informe subraya cómo esta situación contrasta con la evolución de los salarios, que apenas han crecido un 22% desde 2015, mientras el coste de la vivienda lo ha hecho en un 77,2%. El efecto es claro: cualquier posibilidad de comprar una vivienda ha quedado prácticamente restringida para la gran mayoría de personas, que dependen solo de su trabajo.
El análisis de UGT, basado en datos de Fotocasa, INE y registros de convenios, confirma que incluso dedicando todos los ingresos a la vivienda, tarea imposible en la práctica, la mayoría de asalariados ni siquiera llegaría a la entrada de un inmueble medio en una ciudad grande.
El alquiler tampoco ofrece refugio
La situación se agrava en el mercado de alquiler. Según el informe de UGT, en sectores como hostelería, comercio o limpieza, una persona puede verse obligada a destinar el 100% de su salario neto para pagar el alquiler medio en capitales como Madrid o Barcelona.
Solo en el 15% de los casos analizados el arrendamiento supone menos del 40% del salario neto, umbral recomendado por organismos como la OCDE o Eurostat. En el resto, el esfuerzo para acceder a un piso sobrepasa cualquier límite considerado razonable, situando a los trabajadores cerca de la exclusión residencial o forzándolos a compartir vivienda más allá de los treinta años.
Los datos del informe reflejan además que el sector industrial, aun contando con salarios netos superiores a la media, no escapa a este fenómeno en las zonas más tensionadas: incluso en esos casos, el alquiler o la hipoteca superan ampliamente el 40% de la renta mensual, especialmente en Baleares, Cataluña, Madrid o Gipuzkoa.
Las consecuencias son directas: se retrasa la emancipación, la edad media para dejar el hogar familiar ya roza los 30 años -casi cuatro por encima de la media europea- y solo un 14,8% de los jóvenes vive de forma independiente, el peor dato desde 2006.
Una cuestión de derechos, no solo de números
UGT sostiene que el problema no es solo económico, sino de derechos. “La vivienda es un derecho humano, no una mercancía”, recalca el informe, que cita el artículo 47 de la Constitución Española, varios instrumentos internacionales y la Carta Social Europea.
El sindicato ha llevado ya la cuestión a instancias europeas, presentando en octubre de 2024 una reclamación colectiva ante el Comité Europeo de Derechos Sociales del Consejo de Europa, y ha elevado denuncias ante la Inspección de Trabajo para que se investigue el impacto de los pisos turísticos en el empleo y la recaudación fiscal.
Los pisos turísticos y la especulación agravan la crisis
El fenómeno de los pisos turísticos, documentado en el informe, aparece como uno de los factores más distorsionadores del mercado. En Madrid, por ejemplo, se estima que existen más de 16.000 pisos turísticos ilegales, el 90% sin registro administrativo, restando oferta al alquiler residencial y disparando precios. UGT denuncia que este modelo especulativo expulsa a las familias trabajadoras de sus barrios, fragmenta el tejido social y alimenta la desigualdad.
El sindicato denuncia también la insuficiente aplicación de la Ley estatal de Vivienda, aprobada en 2023: muchas comunidades autónomas se niegan a declarar zonas tensionadas -un requisito para restringir precios-, y el informe destaca la carencia de mecanismos de inspección y sanción efectivos. “El resultado es un instrumento que corre el riesgo de quedarse en papel mojado”, afirman.
Demandas sindicales ante una emergencia habitacional
Para el sindicato, la única salida está en situar el coste real de la vivienda en el centro de las negociaciones colectivas. UGT exige que los convenios incorporen como referencia estructural el precio de la vivienda, igual que otros indicadores básicos del coste de vida.
Reclama además la ampliación del parque de vivienda social, la regulación de los precios en zonas tensionadas y medidas fiscales que frenen la especulación y movilicen el stock de viviendas vacías.
El informe proporciona numerosos cuadros comparativos por sectores y territorios que ilustran la magnitud de la emergencia: en buena parte de los convenios -incluyendo comercio, limpieza, agrario e industria del metal-, los salarios deberían duplicarse o incluso triplicarse en las ciudades más tensionadas para que la carga de vivienda descendiera al umbral del 40%.
“Sin vivienda digna, no hay vida digna”
“El derecho a la vivienda es el pilar de cualquier proyecto de vida”, concluye el documento. UGT reitera su compromiso para que el debate político y social sobre la vivienda en España pase de las palabras a los hechos, y subraya que “sin vivienda digna no hay vida digna, y sin trabajo decente, no puede haber vivienda asequible”.
El sindicato emplaza al Gobierno, comunidades autónomas y agentes sociales a abrir de inmediato espacios de diálogo para redefinir las políticas residenciales y salariales, y recuerda que cada mes de demora se traduce en miles de vidas postergadas.
