El fútbol de España envía un mensaje concreto a sus clubes. Por eso LaLiga comunicó que rebajó el tope salarial de Barcelona, tras afirmar que tras la revisión de las las cuentas del club catalán pudieron establecer que no coinciden con las cifras de final de año de su anterior auditor, que incluyeron una transacción de 100 millones de euros (108,15 millones de dólares). Las cuentas anteriores incluyeron los ingresos por la venta de asientos VIP en el renovado Camp Nou, que permitieron al equipo culé cumplir con las normas del Juego Limpio Financiero de LaLiga y ampliar la inscripción de los jugadores Dani Olmo y Pau Víctor.
Ante esta situación, LaLiga explicó en un comunicado que presentará una denuncia contra los anteriores auditores de Barcelona que aprobaron las cuentas del club, ya que los nuevos auditores -los terceros que ha tenido el equipo azulgrana en tres meses- no estaban de acuerdo con los criterios usados para incluir la transacción.
🚨🚨ULTIMA HORA🚨🚨
🔥DON Joan Laporta:
❌»Que salgan polémicas de este tipo para DESESTABILIZAR no es CASUALIDAD»
⛔»Como presidente del Barça NO LO VOY A PERMITIR «
⚠️»Lo que NO GANAN en el campo lo QUIEREN GANAR en los DESPACHOS»
💣BOOOOOOOOMMMMMMM pic.twitter.com/m0byUgcPqM
— madridblaugrana (@madridblaugrana) April 2, 2025
Según los responsables de la competencia española de fútbol, los nuevos auditores, Crowe Spain, concluyeron que los 100 millones de euros no deben contabilizarse en su totalidad en las finanzas de esta temporada porque el activo -los nuevos asientos VIP- aún no existe y todavía no puede considerarse como un ingreso para el club.
En la misma comunicación se explicó que Barcelona, según sus cuentas, no tiene capacidad para inscribir a Olmo y Víctor. El presidente del club catalán, Joan Laporta, respondió a la declaración de LaLiga este miércoles: “Sobre el escrito de LaLiga, quiero decirles que lo vemos como un intento más de perjudicar los intereses del Fútbol Club Barcelona y dañar la imagen del club. Responderemos una vez que los servicios jurídicos hayan analizado a fondo el escrito de LaLiga y que nadie tenga ninguna duda de que vamos a contestar de forma contundente en defensa de los intereses del Fútbol Club Barcelona”.
Laporta agregó: “Hace tres meses dije que las inscripciones de Olmo y Pau Víctor se habían realizado correctamente y que habíamos seguido todos y cada uno de los requisitos exigidos por la Federación y LaLiga, y esto continúa vigente a fecha de hoy”.
Barcelona, que ha tenido problemas en los últimos años para cumplir con las normas de “juego limpio financiero” de LaLiga, fichó a Olmo y Víctor, pero al no poder cumplir con el tope salarial sólo fueron inscritos para la primera mitad de la temporada. En un principio, LaLiga y la Real Federación Española de Fútbol (RFEF) le impidieron al club culé a ampliar las inscripciones de los dos jugadores para la segunda mitad de la temporada 2024-25 antes de la fecha límite de inscripción del 31 de diciembre.
Sin embargo, Laporta dijo en enero que el club había cerrado un acuerdo con inversores de Medio Oriente para vender los palcos VIP a fines de diciembre, lo que el Barça pensó que, junto con un nuevo acuerdo de siete años para la indumentaria del club que tiene a Nike como sponsor, sería suficiente para equilibrar sus finanzas y cumplir con las reglas. LaLiga y la RFEF no estuvieron de acuerdo y dijeron que esos acuerdos sólo eran relevantes después de la fecha límite del 31 de diciembre, revocando su licencia.
No obstante, después de que dos tribunales rechazaran también las peticiones del Barcelona de inscribir a Olmo y Víctor, el club recurrió al gobierno español e intervino el Consejo Superior de Deportes (CSD), organismo que estimó el recurso del Barcelona y le permitió al club inscribir de manera provisional a los futbolistas, declarando que los deportistas profesionales “tienen derecho a una carrera deportiva conforme a sus potencialidades y con todas las garantías y certidumbre”.
El plazo de tres meses para la medida provisional que permite a Olmo y Víctor jugar finaliza el lunes, cuando las autoridades españolas deberán anunciar una decisión definitiva.
