El Presidente debería darse una vuelta por la otra cara de la Luna. Su gobierno se entusiasmó en los últimos días con las divisiones de sus opositores, sobre todo los radicales y los de Pro, en la Cámara de Diputados. “Se vio claramente que Javier está solo en el escenario. No hay ningún líder en condiciones de competir con su liderazgo”, se escuchó muy cerca del despacho presidencial. Es cierto, pero solo de alguna manera. La otra parte de la realidad es que esa atomización le niega a la administración uno o dos interlocutores para ordenar las políticas del Estado. Raúl Alfonsín y Néstor Kirchner coincidieron, sin saberlo, en la descripción de cómo les gustaba la oposición: “Prefiero conversar con uno o dos antes que discutir con una asamblea universitaria”, decían, irónicos. La prueba de que existe ahora una situación política inversa fue, precisamente, la votación en la Cámara de Diputados el miércoles último, que aprobó un proyecto que impone aumentos para los ingresos de los jubilados y también para el bono, que nunca se actualizó, y la restitución de la moratoria previsional, que concluyó en marzo. La perspectiva es peor si se escucha al propio oficialismo en la Cámara de Diputados porque es escéptico cuando se le pregunta si contará con los votos necesarios para sostener el eventual veto del Presidente a ese proyecto. Esto sucedería, desde ya, si el Senado aprobara el proyecto sancionado por Diputados; los números le son más fáciles a la oposición en el Senado que en Diputados. De hecho, en la Cámara alta el perokirchnerismo está a solo tres votos de la mayoría si estuvieran en el recinto los 72 senadores que existen. El Gobierno se cansó de anunciar que vetará cualquier proyecto que signifique más erogaciones para las arcas del Estado. El veto no es inmutable. “Los números están muy ajustados. No puede descartarse un rechazo al veto de Milei”, dijo un diputado que pertenece al mileísmo y que suele ingresar a la Casa de Gobierno cargado de chimentos parlamentarios. El proyecto fue aprobado por 142 votos y se necesitan 171 para conseguir los dos tercios, la mayoría necesaria para insistir sobre el proyecto. Pero el miércoles hubo 19 abstenciones y 28 ausencias; un total de 47 diputados no votaron. Se requerirán solo 29 votos más a favor del proyecto opositor para rechazar el veto de Milei. Tiene razón aquel diputado mileísta: los números están muy ajustados.
Una de las mayores sorpresas de la votación del miércoles la dio la bancada de Pro porque hubo nueve de sus diputados que se abstuvieron, cuando todos esperaban que ese bloque formara íntegramente parte de los que votaron en contra. Hubo figuras muy conocidas de ese partido, y de una innegable lealtad a Mauricio Macri, que se abstuvieron; por ejemplo, María Eugenia Vidal, Silvia Lospennato y Luciano Laspina. Sucede que ni Macri ni nadie puede justificar por qué el Gobierno no hizo nada con los jubilados desde el veto de hace casi un año, en agosto de 2024, a un proyecto, también de la oposición, para mejorar la situación previsional. Entonces, Macri salió públicamente a defender el veto de Milei, pero ahora no tuvo respuestas al argumento de sus seguidores. “No podemos seguir avalando la inacción del Gobierno con los jubilados”, dijeron, y agregaron: “Podrían haber vendido empresas públicas y destinar ese dinero a los jubilados. Nosotros, cuando fuimos gobierno, les dimos a los jubilados toda la recaudación de impuestos que conseguimos con el blanqueo de dólares”, dijeron cerca del expresidente. Otra protesta de los diputados de Pro que se abstuvieron fue porque el Gobierno ni siquiera insistió en una negociación sobre el presupuesto de este año, que el oficialismo decidió congelar en Diputados a fines de 2024. Milei está gobernando en 2025 con el presupuesto de Alberto Fernández de 2023, que lo fue prorrogando con simples decretos. La vida es más fácil así.
Debe señalarse que Pro tuvo dos problemas en esa votación: uno fueron las razones consignadas por los que le son leales a Macri, y el otro fue el de los siete u ocho diputados de un bloque de 37 legisladores que le siguen siendo fieles a Patricia Bullrich. En rigor, hay una mayoría de diputados de Pro que aspira a un rápido abandono del bloque por parte de los seguidores de la ministra de Seguridad. “Las cosas serían mucho más simples para el bloque si ellos se fueran de una buena vez a La Libertad Avanza”, señaló un incondicional de Macri. Al final, el presidente del bloque de Pro, Cristian Ritondo, dio libertad de conciencia para que cada diputado votara como quisiera. Ritondo es siempre más optimista que cualquier otro dirigente de Pro, sobre todo cuando habla de la relación de su partido con el gobierno de Milei, pero sigue siendo leal a Macri. Libertad de conciencia no fue lo que dio Macri en agosto del año pasado si se busca esa información en cualquier hemeroteca. Aquella vez, el expresidente salió frontalmente en defensa de Milei (y de su veto), aunque el proyecto votado por la oposición también beneficiaba a los jubilados. El veto a cualquier iniciativa que mejore la pésima situación de los jubilados es siempre impopular. Entre jubilaciones y pensiones, hay cerca de siete millones de argentinos cuyos ingresos provienen de la históricamente maltratada Anses. Ese universo es mucho más amplio porque existen familiares y amigos directos de los beneficiarios del sistema previsional y porque, además, las familias se deben hacer cargo de las personas mayores cuando las jubilaciones no sirven para nada. En síntesis, es difícil para cualquier político seguir diciéndoles que no a los jubilados mientras a nadie se le ocurre una idea, ni nueva ni vieja. El propio Presidente pagará un precio político cuando concrete el veto al proyecto de la oposición. “Lo pagaremos. El superávit no se negocia”, responde un alto funcionario. Muy bien. Pero ¿hicieron algo para encontrar una solución que no signifique sacrificar el superávit? No. Hay también un problema de gestión en la administración de Milei. Sus logros se limitan por ahora a los asuntos que controla el ministro de Economía, Luis Caputo, quien debería callar cuando le preguntan sobre política y periodismo y seguir administrando los números, que es lo suyo.
Es difícil para cualquier político seguir diciéndoles que no a los jubilados cuando no se le ocurre otra idea
Aunque digan lo contrario, las cosas no están bien en las negociaciones entre La Libertad Avanza y Pro por un acuerdo electoral nacional y en la provincia de Buenos Aires. Existen los voluntaristas –cómo no–, pero también quienes ven con ojos desconfiados que el mileísmo quiera un acuerdo en el que la eventual coalición nacional debería llevar el nombre de La Libertad Avanza en todo el país. No hay antecedentes de una alianza electoral con el nombre de uno solo de los partidos que la integran. Sucede que Milei festejó su victoria en la Capital como si hubiera ganado con el 50 por ciento de los votos; actúa como un triunfador serial. No fue así: sacó el 30 por ciento de los votos del 50 por ciento del electorado que fue a votar. Un triunfo módico. Ese potencial acuerdo electoral nacional con Pro se complica también porque no incluiría a la Capital Federal, donde está Jorge Macri, convertido por Milei en uno de sus peores enemigos. El obstáculo existe, aunque la elección de Jorge Macri ya pasó; los próximos comicios porteños ocurrirán en octubre y serán un problema de los dirigentes nacionales de su partido. Sin embargo, ¿pueden estos ignorar que el Presidente desdeña y destrata al jefe del gobierno capitalino, que es, a la vez, un dirigente de Pro? Difícil, si no imposible.
La crisis del radicalismo es peor. Si se observa bien cómo votaron los diputados el proyecto de las jubilaciones, hubo radicales en todas las camarillas: en las que votaron a favor, en contra, en las abstenciones y entre los ausentes. La conducción nacional, en manos de Martín Lousteau, ni siquiera se pronunció sobre el tema; tampoco les dio una indicación a los gobernadores. Ningún gobernador radical mira hoy al comité nacional de su partido; solo quiere hacer el mejor acuerdo posible con el gobierno de Milei. A algunos los desespera la situación económica, porque el gobierno federal les gira menos dinero que el que les corresponde y las obras públicas están totalmente paralizadas, y otros necesitan un alianza electoral para ganar las próximas elecciones. El problema es siempre el mismo. ¿Aceptará un gobernador como el radical Alfredo Cornejo, el mendocino conocido por su fuerte carácter, que le imponga Milei el nombre de La Libertad Avanza a una coalición nacional de varios partidos? Vale la pena hacerse esa pregunta porque Cornejo quiere una alianza con el gobierno nacional, pero la imposición del mileísmo podría ser intolerable para él. La rutina política le está indicando al Presidente que le resultaría mejor seducir a sus potenciales aliados (en lugar de provocarlos) y tomar nota de que la extrema fragmentación de su oposición tiene dos caras. La cara que él no ve muestra un Congreso, ya naturalmente esquivo para Milei, integrado por bloques no mileístas, atomizados, cuyos diputados han descubierto el placer de darse todos los gustos en vida.
El peronismo atraviesa una crisis de mayor relevancia porque simplemente vive una realidad que no es la suya. Mientras sus dirigentes más prominentes discuten sobre si les conviene –o no– una propuesta electoral de unidad con Cristina Kirchner, el mundo judicial sabe que es probable que la expresidenta quede dentro de pocos días fuera de la carrera electoral. Ella lo sabe perfectamente, pero simula que no lo sabe. De esa manera, cuando ocurra la decisión de la Corte Suprema, si es que ocurre desde ya, podrá actuar la sorpresa (siempre tuvo capacidad actoral) y denunciar a los gritos que fue proscripta luego de que se conoció su decisión de ser candidata provincial en Buenos Aires por la tercera sección. Dirá, por lo tanto, que le prohibieron ayudar al triunfo electoral del partido cuya jefatura está en sus manos. Es al revés: el peronismo de la tercera sección electoral bonaerense no la necesita para ganar. Casi siempre ganó ahí; solo perdió con Alfonsín en 1983 y 1985, y con Graciela Fernández Meijide en 1997. Tres veces en 40 años de democracia. Los fueros parlamentarios son más importantes para ella que su ayuda al peronismo.
La pregunta, entonces, es pertinente: ¿puede la Corte Suprema separar a Cristina Kirchner de la carrera política y electoral? La primera respuesta es obvia: puede. ¿Está en condiciones de hacerlo? Desde el martes pasado, cuando rechazó la recusación de la expresidenta al juez de la Corte Ricardo Lorenzetti, el máximo tribunal de justicia está en condiciones de tratar la sentencia que la condenó por corrupción en la obra pública a seis años de prisión efectiva y a la inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos. Los tres jueces de la Corte (Horacio Rosatti, Carlos Rosenkrantz y el propio Lorenzetti) podrían debatir el caso no el próximo martes, pero sí a partir del martes siguiente, 17 de junio. Los jueces supremos ya tienen en su poder todas las opiniones de funcionarios judiciales que les son necesarias para resolver. Pueden tomar una decisión. ¿Qué decisión tomarán? Los jueces son herméticos, pero funcionarios cercanos a ellos deslizaron esta inferencia: la Corte rechazó todos los recursos que Cristina Kirchner presentó en esta causa. ¿Por qué ahora, se preguntan, le aceptaría un planteo que significaría ignorar la decisión de dos instancias, el tribunal oral y la Cámara de Casación, que resolvieron de manera idéntica? La única duda consiste en saber si existe algún juez supremo dispuesto a hacerle a Cristina un favor disimulado y pedir una pena mayor para ella. Como se necesita una resolución votada por la unanimidad de los tres magistrados que existen, la Corte deberá en el caso de una disidencia convocar a conjueces. El tiempo pasará y Cristina ya tendrá fueros cuando la Corte decida. ¿Existe esa posibilidad? Difícil, pero no imposible. Por eso, la Corte debería decidir lo más lejos posible del momento en que comenzarán a vencer los plazos electorales en la provincia de Buenos Aires. El 9 de julio vencerá el plazo para presentar alianzas y diez días después, el 19, será la última oportunidad para presentar candidatos. Luego, el 21 de julio, comenzará la feria judicial de invierno, que durará hasta el 1° de agosto. El tiempo se encoge. El peronismo también debate, patalea y negocia sin dar antes una vuelta por la otra cara de la Luna.
