Las fuerzas israelíes sostienen que Mohamed Ali Shueij, quien fue identificado por fuentes libanesas como director de una escuela en Mansuri, al sur del Líbano, ejercía un rol clave en Hezbolá relacionado con la organización y comunicación de la milicia chií con los habitantes locales. A pesar de que residentes y la agencia de noticias oficial del Líbano, NNA, lo describieron como un educador, las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI) justificaron el ataque que resultó en su muerte, atribuyéndole actividades consideradas ilícitas. El bombardeo, que tuvo lugar la víspera en las afueras de Mansuri, cerca de la ciudad de Tiro, llevó a un nuevo repudio internacional y renovó el debate sobre la vigencia del alto el fuego en la zona, según informó la agencia NNA y otros medios.
De acuerdo con detalles consignados por el medio NNA, la acción militar israelí se efectuó a pesar del pacto de alto el fuego establecido entre Israel y Hezbolá. Las Naciones Unidas y autoridades gubernamentales libanesas manifestaron su condena al ataque, reclamando el respeto a los términos del acuerdo que buscaba evitar la reactivación de hostilidades en el sur del Líbano, después de los episodios violentos suscitados tras el 7 de octubre de 2023. En la declaración publicada por las FDI vía Telegram, el ejército israelí afirmó que la operación fue liderada por la División 91 con apoyo de la Fuerza Aérea y que tuvo como objetivo a Shueij, señalado por Israel como integrante y representante local del partido-milicia Hezbolá.
Las autoridades militares de Israel detallaron que Shueij mantenía responsabilidades de enlace entre la milicia y los habitantes de Mansuri, abordando tanto asuntos militares como económicos. Según la versión israelí, el fallecido también habría estado involucrado en la apropiación de propiedades privadas para actividades consideradas terroristas. En este sentido, el comunicado de las FDI argumentó que las presuntas acciones de Shueij representaban una trasgresión de los acuerdos vigentes entre Líbano e Israel, por lo que justificaron la continuidad de ataques en el territorio del sur libanés con el argumento de responder a las actividades de Hezbolá, asegurando que estos operativos no constituyen una ruptura del alto el fuego.
No obstante, la postura de Israel ha sido cuestionada tanto por el gobierno de Beirut como por Hezbolá, que han señalado públicamente su rechazo a las acciones militares en suelo libanés y han enfatizado la necesidad de que se respete el acuerdo de cese de hostilidades. Naciones Unidas también sumó su voz, sumándose al llamado internacional para detener este tipo de operativos y urgir el cumplimiento de las obligaciones establecidas en el pacto que puso fin a meses de enfrentamientos armados en la región.
Con relación al despliegue militar, el acuerdo de alto el fuego requería la retirada de todas las fuerzas israelíes y de Hezbolá del sur de Líbano con el objetivo de preservar la estabilidad y proteger a la población civil. Sin embargo, según reportó la agencia NNA y otros medios, el ejército de Israel ha mantenido cinco posiciones en territorio libanés, una presencia que ha sido motivo de críticas recurrentes por parte de las autoridades libanesas y de la milicia chií, quienes exigen el retiro inmediato de las fuerzas israelíes.
Los incidentes como el ocurrido en Mansuri han incrementado la tensión a lo largo de la frontera entre ambos países. El Gobierno libanés considera que los ataques y la permanencia militar israelí vulneran no solo el acuerdo alcanzado, sino también la soberanía nacional. Hezbolá, por su parte, ha reiterado que responderá a futuras agresiones y ha responsabilizado directamente a Israel por la escalada de violencia. El mensaje de la ONU, respaldado también por actores internacionales, ha sido claro al instar a todas las partes a abstenerse de adoptar medidas que puedan precipitar un resurgimiento del conflicto armado en una región marcada históricamente por la inestabilidad.
El caso de Mohamed Ali Shueij se ha convertido en un punto de referencia de las disputas en torno al cumplimiento de los compromisos adquiridos tras el alto el fuego. Las respuestas divergentes entre Israel, el gobierno libanés, Hezbolá y los organismos internacionales reflejan la complejidad del escenario en el sur de Líbano y la persistencia de diferencias sobre la interpretación y aplicación de los acuerdos que regulan la coexistencia en la frontera. Como han expuesto fuentes de Naciones Unidas citadas por NNA, la vigencia del pacto depende de la voluntad de las partes involucradas para abstenerse de acciones unilaterales, que puedan poner en riesgo la frágil paz alcanzada tras meses de enfrentamientos.
