El consorcio de las principales petroleras del país que están al frente del proyecto Vaca Muerta Oil Sur (Vmos), lideradas por la empresa de mayoría estatal YPF, firmaron el viernes un acuerdo con Río Negro que incluye entre otros ítems el pago de un “canon” de unos USD 1.000 millones a la provincia a lo largo de los próximos 13 años para llevar adelante la obra. El acuerdo llegó luego de meses de negociación tras el intento de la gestión local de cobrar regalías por las exportaciones generadas a partir de la iniciativa para que la Argentina tenga mayor evacuación de los yacimientos de la Cuenca Neuquina.
El proyecto Vmos es la obra de infraestructura privada más importante de los últimos años: un oleoducto de 430 kilómetros entre Neuquén y Río Negro, junto con obras complementarias, que permitirá aumentar significativamente las exportaciones de crudo a partir de 2027 y alcanzar los USD 15.000 millones anuales desde 2028. El consorcio está integrado por Chevron, Shell, Vista, Pluspetrol, Pan American Energy (PAE) y Pampa Energía, además de la petrolera estatal.
El convenio fue anunciado por el gobernador de Río Negro, Alberto Weretilneck, quien señaló que además de los USD 1.000 millones el proyecto “ayudará con miles de nuevos puestos de trabajo provincial, además de formación técnica para las futuras generaciones y oportunidades para más de 150 empresas locales». En paralelo ya comenzó el proceso de movimiento de suelo y traslado de caños.
El acuerdo se selló tras un proceso de conversaciones que generó tensiones en el sector privado. La provincia planteó inicialmente la posibilidad de cobrar regalías de entre 0,5% y 1% sobre las exportaciones, pese a que el petróleo se extrae en territorio neuquino. Esa pretensión, aunque con impacto económico moderado, despertó inquietud entre las empresas por implicar un cambio en las condiciones del negocio.
La situación derivó en negociaciones informales, dado que Río Negro adhirió a la ley nacional 27.742, que prohíbe crear nuevos tributos sobre proyectos que se enmarcan en el Régimen de Incentivo a las Grandes Inversiones (RIGI). Esa norma, que forma parte del paquete de reformas impulsadas por el Gobierno nacional, también contempla beneficios fiscales y exenciones impositivas. La ley establece que los nuevos gravámenes no serán válidos si se crean luego de que una provincia se adhiera al régimen.
En lugar de avanzar con un impuesto, la administración provincial buscó una alternativa que derivó en este nuevo “canon”, según lo definieron desde YPF. De acuerdo con el comunicado oficial de la provincia, Río Negro se posicionó como un “protagonista del desarrollo energético” y no como una simple zona de paso. El mensaje remarcó que el entendimiento se alcanzó en términos de cooperación y desarrollo mutuo, sin imposiciones.
Durante los últimos meses, el gobernador Weretilneck insistió en que la provincia debía obtener beneficios proporcionales a la magnitud del proyecto. En encuentros con representantes del sector hidrocarburífero, propuso un esquema complementario al RIGI, conocido como el “mini RIGI” provincial, que exime del pago de impuestos locales como Ingresos Brutos y Sellos por diez años, según lo establecido en la ley provincial 4.618.
Además, la Legislatura provincial modificó una norma previa que prohibía la utilización del mar territorial para actividades hidrocarburíferas, habilitando de este modo la construcción de una terminal portuaria en Punta Colorada para la carga de petróleo y gas natural licuado (GNL).
Las petroleras también solicitaron formalmente al Ministerio de Economía la inclusión del proyecto en el RIGI. La adhesión del Vmos al esquema de incentivos fue aprobada en marzo.
El oleoducto en construcción contempla una terminal de carga y descarga con monoboyas interconectadas, y una planta de tanques de almacenamiento en Punta Colorada, una infraestructura clave para la exportación de hidrocarburos hacia mercados internacionales.
El financiamiento del proyecto también avanzó: según reveló Infobae, el consorcio petrolero negocia un préstamo internacional de USD 1.700 millones a cinco años. El crédito tendrá como garantía los flujos futuros de exportación, lo que le da una estructura innovadora dentro del mercado de infraestructura energética en América Latina.
El proyecto también generó debate en el sector energético respecto a la posibilidad de abrir la puerta a regalías sobre transporte, algo sin precedentes en la industria nacional.
