En el marco de las medidas que está impulsando el Gobierno para incentivar el uso de los dólares “bajo el colchón”, LA NACION accedió ayer a la resolución 78/2025 que se publicó hoy en el Boletín Oficial, mediante la cual se flexibilizarán los controles para la compra de inmuebles, autos y para los depósitos bancarios en efectivo.
La normativa eleva significativamente el umbral para las inscripciones de compraventa de inmuebles que deben ser comunicadas a la Unidad de Información Financiera (UIF). Hasta ahora, las operaciones hechas por encima de un determinado monto debían ser informadas a la UIF. Con esta normativa, se eleva el monto mínimo para el reporte sistemático y mensual a 750 Salarios Mínimos, Vitales y Móviles (S.M.V.M.), esto es, $235.050.000 (unos US$200.000 al tipo de cambio de hoy), cuando anteriormente se ubicaba en 200 salarios, es decir, $62.680.000 (US$53.500). La resolución también establece que los registros deberán seguir comunicando esta información de manera digital hasta el día 15 de cada mes.
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En palabras de la resolución, la normativa responde a un “desfasaje actual de los valores existentes en materia de umbrales” y a la necesidad de adoptar un enfoque basado en riesgos, tal como lo recomienda el Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI).
Se trata de una nueva normativa que se suma a las medidas anunciadas por el Gobierno para fomentar el uso de los dólares “bajo el colchón”. Entre ellas, está el decreto del nuevo régimen simplificado del impuesto a las ganancias para personas físicas, por la cual ya no hay obligación de informar el patrimonio al inicio ni al cierre del año fiscal, lo que indirectamente elimina el famoso “cruce patrimonial”, herramienta a la cual apelaba el fisco hasta ahora para detectar inconsistencias entre ingresos y bienes. Y la eliminación del COTI, el régimen que obligaba a informar previamente al fisco cualquier operación inmobiliaria, cuyo valor supere los $66.833.000.
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La diferencia de la medida del día de hoy con esta última mencionada es que el COTI era información para ARCA (funcionaba como un requisito indispensable para avanzar con la escritura pública, que a partir de ahora, ya no será necesario tramitarlo). La medida publicada hoy en el Boletín Oficial es sobre la información que se enviaba a la UIF, organismo que analiza datos para prevenir el Lavado de Activos (LA), la Financiación del Terrorismo (FT) y Financiamiento de la Proliferación de Armas de Destrucción Masiva (FP); es decir eleva el umbral de un un canal distinto de inspección.
De todas formas, expertos alertan sobre posibles consecuencias. “Esto no implica que podés ir a comprar con plata sin declarar y que nadie te pregunte”, alerta el tributarista Sebastián Domínguez y agrega: “Si el fisco te detecta, puede hacerte una denuncia penal por evasión o ajustar los impuestos. Este es solo un paso más, pero faltan las modificaciones legales necesarias para que lo que dice el Gobierno se traduzca en hechos”.
En ese sentido, opina el tributarista Roberto Murmis: “Esto va en línea con el alivio de controles y de burocracia, que devendrán en incorporar al circuito inmobiliario o automotriz o simplemente para consumos con esos dólares que estén ‘en el colchón’, sin detenerse en revisar sobre cómo te hiciste de esos billetes, pero reservándose las facultades de fiscalización, invirtiendo la posición: se presume que está todo bien hasta que el Estado pueda demostrar lo contrario“.
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“Tengo un interesado en comprar una propiedad. La dueña quiere escriturar sí o sí por el valor real, que es de US$120.000. Durante el blanqueo del año pasado, el posible comprador blanqueó sólo US$100.000, por lo que tiene US$20.000 sin declarar. Con esta nueva medida, esto me libera una negociación”, contó a LA NACION una fuente del sector que prefirió no dar su nombre.
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Los especialistas consultados concuerdan en que se trata de una medida que impulsará todavía más el mercado inmobiliario, ya que permitirá que, quien no invertía en comprar una propiedad por no poder justificar el valor de escrituración, ahora podrá avanzar. “Abre un umbral de compra mayor, ya que dinamizará las ventas, para gente que no necesariamente es delincuente. Muchas personas manejaban pesos blancos, que luego pasaban al dólar blue, por lo que se convertía en plata negra, pero con un origen honesto”, agrega otro especialista consultado.
“Son todas noticias que ayudan, suman a que la gente que tenía dudas, pueda activarse dentro del mercado inmobiliario y tome decisiones de compraventa. El único tema es que es una normativa, por lo que no significa que el día de mañana no puedas ser investigado por otros. Lo ideal hubiera sido que sea por ley, pero hay mucha gente que tal vez se anima y avanza, es algo que iremos viendo en los próximos meses”, comparte Santiago Mieres de la inmobiliaria homónima.
“Cualquier flexibilización en el requerimiento de información, que lleve a que los compradores no tengan que poner un certificado del origen de fondos, termina en mayor cantidad de operaciones de compraventa, porque hoy un porcentaje no menor de transacciones se frustra cuando el comprador no puede dar cuenta del origen del dinero”, revela otro especialista del mercado.
Por su parte, Daniel Obetko, gerente de residencial premium de Interwin, cuenta en qué posible segmento de propiedades puede impactar la medida: “Evidentemente va a movilizar la venta del segmento debajo de los US$200.000, dado que, además, son aquellos que tienen ahorrados US$50.000, US$100.000, US$150.000 y no han entrado en el blanqueo. Mucha de esa plata está en el colchón o las cajas fuertes, por lo que puede ser interesante usar los billetes para comprar inmuebles, sin justificar el origen”.
