Las reformas estructurales pendientes

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Tarde o temprano, la Argentina deberá encarar una serie de reformas estructurales tales como la impositiva, la de la ley de coparticipación federal de impuestos, la laboral y la previsional, junto a la modernización de la ley de responsabilidad fiscal y la ley de ética pública. Al margen de haber sido reformas a las que el gobierno argentino se comprometió a impulsar en el acuerdo con el FMI, su aprobación resulta indispensable para favorecer la competitividad y las inversiones productivas.

La reforma impositiva propicia la simplificación tributaria, que se lograría a través de la reducción de buena cantidad de tributos, que son importantes desde el punto de vista cuantitativo, aunque no en su participación en la recaudación fiscal.

El objetivo está puesto en la eliminación o disminución de los impuestos distorsivos, por sus nocivos efectos en la economía. Ahí encontramos el impuesto al cheque, los derechos de exportación, el impuesto sobre los ingresos brutos y buena parte de las tasas municipales.

Aparece aquí un aspecto central de la reforma, que se vincula a la coordinación fiscal con las provincias, pues se requieren adecuados niveles de recaudación, sin provocar los perjuicios que hoy existen para las empresas.

En la doctrina tributaria existen diversas formas de alcanzar tal objetivo que, en primer lugar, implicaría que la Nación retenga para sí el impuesto a las ganancias y el IVA vaya a las provincias. Otra forma sería el IVA dual, en el cual la Nación se reserva la parte básica del citado gravamen, existiendo un adicional para las provincias y los municipios.

Se requieren también cambios en los gravámenes de las exportaciones y la armonización del monotributo, de manera de tener aplicación en un determinado momento para pasar luego al régimen general, de forma de evitar la penosa travesía que existe hoy para los contribuyentes.

Un sistema tributario debería tender a la armonía entre los impuestos y los objetivos fiscales y extrafiscales del Estado. Pero lo que en realidad tenemos son regímenes tributarios caracterizados por su complejidad, doble imposición, imprevisibilidad y efectos nocivos respecto de la productividad, al perseguir como único objetivo la recaudación fiscal.

La reforma impositiva no puede quedarse exclusivamente en el aspecto de la recaudación fiscal

Estamos ante una importante presión tributaria que se incrementa respecto de los contribuyentes que están en el circuito legal con una fuerte dependencia de los impuestos indirectos y una menor participación de los directos, con una alta desigualdad de impacto según la distribución de los ingresos y con un elevado nivel de evasión fiscal. Todo eso provoca un alto impacto en la erosión de las bases imponibles y la derivación de beneficios.

La política tributaria tiene un relevante papel como instrumento de desarrollo y crecimiento económico, debiendo enfatizarse la necesidad de lograr un consenso en torno del diseño y la implementación de los diferentes tributos, asegurando pactos que garanticen un nivel estable de ingresos tributarios que produzcan mínimas distorsiones en la asignación de recursos.

Esa política tributaria es la que debe dialogar con otros objetivos, como la capacidad redistributiva del sistema tributario y la equidad horizontal y vertical.

Se impone asimismo un acuerdo entre la Nación y las provincias, que contemple aspectos relacionados con la coparticipación y el esquema tributario de las distintas jurisdicciones.

Para impulsar el desarrollo y el crecimiento económico, el pleno empleo y la mejora en la eficiencia de la administración tributaria es preciso simplificar el sistema tributario, eliminando muchos impuestos y tasas, y modificando otros. La reforma debe tener objetivos centrados en lo económico y lo social, no quedándose exclusivamente en el aspecto de la recaudación fiscal, que representa un instrumento que solo atiende circunstancias coyunturales. Lo que debe priorizarse es la búsqueda de la estabilidad macroeconómica, que requerirá asimismo de una modernización de las normas laborales y un régimen previsional sustentable.

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