La Corte Internacional de Justicia (CIJ) hará pública este miércoles su posición sobre las «obligaciones» de Israel en relación a la labor de las agencias de Naciones Unidas y de otras organizaciones humanitarias en los Territorios Palestinos Ocupados, fruto de una opinión consultiva solicitada desde la Asamblea General de la ONU y que entronca con la crisis humanitaria en la Franja de Gaza.
La CIJ, situada en La Haya y pilar judicial de Naciones Unidas, se pronunciará a raíz de una resolución aprobada en diciembre de 2024 por la Asamblea General con 137 votos a favor, doce en contra –entre ellos los de Israel y Estados Unidos– y 22 abstenciones.
En ella, el órgano en el que están representados todos los Estados miembro de la ONU acordó preguntar a la CIJ «cuáles son las obligaciones de Israel, como potencia ocupante y como miembro de Naciones Unidas», en relación a la presencia de organizaciones de ayuda y con vistas a facilitar la ayuda que la población palestina necesita «urgentemente» para su mera «supervivencia».
Deslizaba, además, el potencial alcance de estas obligaciones a la hora de «apoyar el derecho de la población palestina a la autodeterminación», un horizonte que el Gobierno de Benjamin Netanyahu ya ha dejado claro que no contempla al rechazar en reiteradas ocasiones el horizonte de la solución de dos Estados.
No es la primera vez que la CIJ se pronuncia sobre este tema, puesto que en 2024 ya determinó en otra consulta que Israel estaba violando de manera sistemática el Derecho Internacional con sus aspiraciones de anexión y el control ejercido sobre territorios palestinos, lastrando entre otras cuestiones el derecho a la autodeterminación del que reniega Netanyahu.
VISTAS EN ABRIL
La CIJ, que ya ha descrito dichos territorios como «una única unidad territorial que comprende Cisjordania, Jerusalén Este y Gaza», organizó en abril una serie de vistas en las que más de 40 países y organizaciones, entre ellos España, expusieron su visión en relación a la presencia de agencias como la UNRWA en estas zonas. El juez Iwasawa Yuji, presidente de la corte, leerá este miércoles a las 15.00 el dictamen final.
A lo largo de su historia, la CIJ, concebida para dirimir las disputas entre Estados, siempre ha reivindicado que sus pronunciamientos son de obligado cumplimiento tanto para los países directamente interpelados como para el conjunto de los Estados miembro de la ONU. Sin embargo, en la práctica no tiene forma de aplicar sus opiniones o sentencias.
De hecho, ya dictó varias medidas provisionales y vinculantes en relación a otro procedimiento contra Israel iniciado por Sudáfrica y en el que se advierte de la posible violación de la Convención contra el Genocidio por parte de Israel en su ofensiva militar sobre la Franja de Gaza.
Los jueces instaron a las autoridades israelíes a evitar potenciales abusos y a facilitar la entrada de ayuda, pero el Ejecutivo de Netanyahu siempre ha descartado aplicar cualquier orden o recomendación bajo la excusa de que se trata de procesos con trasfondo político, en línea con los argumentos esgrimidos también para cargar contra el Tribunal Penal Internacional (TPI), que ha ordenado el arresto del primer ministro de Israel.
