Tras el apoyo popular al Gobierno en las elecciones legislativas nacionales del domingo pasado, se despejó una de las incógnitas que mantenían en vilo al país sobre el escenario de corto plazo. No habrá vuelta al pasado y el foco se pondrá en lo que hay que hacer para que la economía crezca.
Para la agroindustria, la nueva etapa tiene varios desafíos. Lo más importante, acaso, sea no quedarse afuera de la agenda de las reformas que el Gobierno se propone llevar adelante. En primer lugar, aparece la reforma impositiva. Según lo adelantado por el ministro de Economía, Luis Caputo, significa un replanteo de la estructura impositiva de forma tal que la producción tenga un menor peso tributario. En el caso del agro, la lista es larga. No solo están los Derechos de Exportación (DEX) sino también el impuesto al cheque e Ingresos Brutos (que dependen de las provincias). El propio Caputo ha reconocido que los DEX, mal llamados retenciones, deben desaparecer, pero, claro, no ha dicho cuándo.
La campaña de granos gruesos 2025/26 comenzó con un horizonte de alícuotas que se fijó a fin de julio pasado cuando el presidente Javier Milei confirmó el carácter permanente de la rebaja que había dispuesto en enero. Pero tanto esa rebaja temporal como la que se dispuso en septiembre, que duró apenas tres días, tuvo como fin incentivar las ventas de granos para que los exportadores liquiden divisas y el dólar se mantenga dentro la banda fijada por las autoridades económicas. La respuesta fue contundente: cuando el Gobierno necesitó al campo, el campo estuvo.
El desafío que se presenta ahora es que el Gobierno entienda que el agro está para algo más que solucionar problemas de emergencia. Hay una agenda de temas estructurales y propios que puede contribuir a dar un salto productivo.
Entre las reacciones al resultado electoral, se destacó la de la Sociedad Rural Argentina (SRA), que expresó la necesidad de mejorar la infraestructura, particularmente cuando una vasta porción del territorio productivo padece inundaciones. No solo es responsabilidad del gobierno nacional, también la provincia de Buenos Aires y los municipios tienen mucho por hacer.
Otros temas pendientes son los proyectos de ley que ya se presentaron en el Congreso. Hasta el momento, tuvieron poco acompañamiento del oficialismo. Con el crecimiento del bloque libertario más el de los aliados se espera que estas iniciativas tengan una orientación favorable para la producción.
La Fundación Barbechando, especializada en los temas legislativos del agro, destacó que tras el resultado de los comicios las reformas laboral e impositiva y el presupuesto “marcarán la hoja de ruta del oficialismo”. Además identificó una “ventana de oportunidad” para que la agenda agroindustrial — biocombustibles, fitosanitarios, infraestructura— gane espacio dentro de las prioridades del nuevo Parlamento”. La entidad impulsa un “Espacio Legislativo del Agro” para “generar puentes entre el Congreso y la agrobioindustria, sin que las banderas partidarias sean un límite”. En un informe, detectó que al menos al diez nuevas figuras, entre senadores y diputados, que podrían respaldar la agenda del agro.
¿Lo harán por generación espontánea o tras un insistente trabajo de la cadena agroindustrial? Si se elige la primera opción, ya se conocen los resultados. En cambio, si la opción es la segunda, el agro podría tener presente la experiencia política durante el gobierno de Mauricio Macri que, pese a contar con un Poder Ejecutivo favorable para la producción, no se alcanzaron los consensos suficientes para lograr leyes que empezaran a modificar el rumbo de las cosas. La ley de semillas fue una de las iniciativas que naufragó.
En la medida en que las propias entidades de la producción, el comercio y la industria del agro, la tan mentada cadena, alcance acuerdos para impulsar políticas será más fácil convertirlas en realidad. No solo la acción sobre el Gobierno y los legisladores es necesaria, los gobernadores vuelven a tener un papel clave en las alianzas que necesita el oficialismo para llevar adelante sus reformas. Si mandatarios como los de Santa Fe y Córdoba han expresado durante la campaña electoral la necesidad de terminar con los impuestos distorsivos como los DEX, ahí hay un bloque político que el agro podría tener en cuenta.
También en la necesidad de impulsar una nueva ley de biocombustibles, que permita un mayor uso de biodiésel y bioetanol, el agro tiene un campo de acción de actuar. Los desafíos globales obligan a actuar con rapidez para no quedarse atrás.
