El actual ministro de Justicia y Derechos Humanos, Juan José Santiváñez, enfrenta señalamientos por una serie de presuntas reuniones clandestinas y gestiones no transparentadas desde su paso por la Oficina de Monitoreo Intergubernamental en Palacio de Gobierno. Videos a los que accedió Cuarto Poder y Punto Final revelaron que, durante los últimos meses, el ahora titular del MINJUSDH abandonaba su escritorio para sostener encuentros extraoficiales en el restaurante Cordano, a escasos metros de la sede del Ejecutivo.
Según imágenes de cámaras de seguridad y registros periodísticos, Santiváñez mantuvo al menos seis reuniones en ese local sin que consten en el portal de Transparencia del Despacho Presidencial. En uno de estos encuentros, entregó documentos a un individuo no identificado y luego conversó con un segundo visitante. El dominical subrayó que los interlocutores esperaban en el Cordano antes de la llegada del ministro, dando indicios de citas planificadas y coordinadas de antemano.
Uno de los asistentes habituales a estas reuniones fue Marco Palacios Meza, identificado por la fiscalía como presunto operador de una organización criminal supuestamente encabezada por Santiváñez. Palacios Meza, además de haber compartido estudio jurídico con el ministro, lo visitó oficialmente en 13 ocasiones entre julio de 2024 y febrero de 2025, pero las reuniones extraoficiales no aparecen registradas. De acuerdo con la declaración de un testigo protegido, Palacios Meza habría actuado como intermediario de Santiváñez en operaciones para direccionar contratos de defensa legal a favor de servidores públicos vinculados a investigaciones por violaciones a derechos humanos durante las protestas sociales de fines de 2022.
La investigación señala que, bajo la gestión de Santiváñez, se facilitó que cinco órdenes de servicio para defensa de generales de la Policía Nacional recayeran en abogados del entorno de Palacios Meza y Percy Tenorio Gamonal, también señalado como operador clave. Por cada caso, se destinó una suma de S/200.000, dando un total de un millón de soles. Las coordinaciones habrían sido posibles gracias a la presunta complicidad del general PNP Máximo Ramírez de la Cruz, director de la Defensoría de la Policía Nacional —cargo que obtuvo gracias a una resolución firmada por el propio Santiváñez— y su asistente legal, Iber Torres.
En el entorno de la Defensoría de la PNP, las bases para la contratación cambiaron: se redujo el requisito de experiencia de diez a tres años y se eliminó la obligatoriedad de contar con una maestría, facilitando la participación de allegados al círculo de Santiváñez y Palacios Meza. Ante la prensa, Máximo Ramírez defendió su gestión y aseguró que no otorgó favoritismos, afirmando que cualquier persona podía solicitar una reunión en su despacho y que “en ese momento no sabía si él iba a terminar con una contratación millonaria o no”.
La respuesta —no oficial— de Juan José Santiváñez
Ante los reportajes difundidos por Cuarto Poder y otros medios, el ministro —a través de su ahora cuenta no oficial— negó cualquier ilegalidad, afirmando que se trata de una campaña de desprestigio articulada por periodistas con “intereses cuestionables” y por el Equipo Especial de Fiscales contra la Corrupción en el Poder (EFICCOP).
A través de una publicación, Juan José Santiváñez sostuvo —en tercera persona desde la cuenta que utilizó previo a volver al Ejecutivo como ministro— que los encuentros en el restaurante Cordano tuvieron justificaciones legítimas y profesionales.
“La reunión con Marco Palacios es porque su ex socio es su abogado en el caso de indemnización demandado por el ex terrorista Quispe Palomino. En otra toma está Carlos Antón, policía en retiro y asilado político en los Estados Unidos y gran amigo de Santi. La otra conversación captada es con su abogado defensor en la denuncia ante la Junta Nacional de Justicia”, escribió.
Enfatizó que “no hay más” y calificó de “reportaje sin sustento” las versiones periodísticas, señalando que los videos fueron entregados al fiscal Ordaya y no a los medios, y que los procedimientos del EFICCOP han sido excesivos. “Todos saben que esos videos los solicitó el fiscal Ordaya y fueron entregados por el administrador a dicho fiscal”, sentenció.
