La investigación, que había sido dada a conocer en septiembre de 2023 como Operación Crypto, puso bajo la lupa una sofisticada estructura financiera para lavar dinero del Comando Vermelho, la poderosa organización criminal de origen brasileño. Dos años después, en el marco de una serie de juicios abreviados, ocho sospechosos fueron condenados a penas de tres años de prisión en suspenso y el pago de una multa de $2460 millones.
Entre los sospechosos condenados se encuentran Hai Ma, un ciudadano chino de 56 años, Katherine Yola Chasqui Inta, de nacionalidad boliviana, y Juan David Babilonia Mora, nacido en Colombia.
“Las evidencias enunciadas demuestran, con certeza necesaria, que Hai Ma, Chasqui Inta y Babilonia Mora transfirieron el dinero que provenía del tráfico trasnacional de estupefacientes hacia la ciudad de Santa Cruz de la Sierra, en Bolivia, con el fin de colocarlo en el sistema financiero para darle apariencia de origen lícito, con pleno conocimiento de su obrar”, sostuvo el magistrado Germán Castelli, integrante del Tribunal Oral Federal (TOF) N°7, en la sentencia donde homologó el juicio abreviado y a la que tuvo acceso LA NACION.
Cuando se dio a conocer el caso, fuentes judiciales habían informado que Hai Ma, al que todos sus conocidos llamaban Mariano, entre mayo de 2019 y febrero de 2022 adquirió un BMW 330i, un Mini Cooper y una Honda HR-V. También, según los informantes, había hecho una inversión en el barrio privado de General Rodríguez, donde compró un inmueble que, de acuerdo con el valor de mercado, costaba US$1.000.000. Además, hizo una operación inmobiliaria en Caballito, donde adquirió un departamento y dos cocheras.
Mariano fue detenido en septiembre de 2023 acusado de la “adquisición, recepción y posterior transferencia de, al menos, US$5.030.291 en criptomonedas que fueron halladas en una hard wallet secuestrada en la casa de Marcelo Clayton Alves de Sousa, un ciudadano brasileño que aún está prófugo de la Justicia argentina».
En la etapa de juicio, el Ministerio Público estuvo representando por el fiscal general Diego Velasco, quien conduce la Procuraduría de Criminalidad Económica y Lavado de Activos (Procelac).
“El tribunal también ordenó el decomiso de bienes obtenidos ilícitamente, entre los cuales se incluyen más de $18.000.000, US$271.000, 28.000 reales y 4500 euros, además de una flota de cinco vehículos de alta gama valuada en más de $130.000.000. Entre ellos, se destacan un BMW Serie 330i, una Ford Ranger, un Volkswagen Vento, un Ford Focus y un Renault Fluence”, según informó el sitio de noticias de la Procuración General de la Nación.
En la web oficial también se detalló que la Procelac advirtió que el proceso judicial no concluyó con las condenas dictadas en los acuerdos de juicio abreviado, ya que los dos principales acusados, “Alves de Sousa y Hang Wang, aún se encuentran prófugos. A su vez, respecto de Raimunda Divina De Sousa, Naly Pires Diniz, Juan José Isola, Antonella María Garbagnati y Luana Belén Isola, quienes tenían mayor incidencia en los hechos, el Ministerio Público Fiscal ofreció prueba para que sean juzgados en debate oral y público”.
Alves de Sousa, apodado el Negro, y su pareja, Pires Diniz, vivían en una casa que alquilaban en el complejo urbanístico Nordelta, en Tigre. Pero cuando en septiembre de 2023 detectives de la Policía Federal Argentina (PFA) allanaron el inmueble, el sospechoso ya no estaba.
“Las operaciones [de lavado] incluyeron el uso de criptoactivos por volúmenes significativos, la constitución de empresas fachada y la adquisición de bienes registrables -como inmuebles y automóviles de alta gama- para introducir fondos de origen ilícito en el circuito legal. El segundo tramo de la investigación se centró en maniobras independientes de la estructura principal encabezada por Alves de Sousa y Wang, vinculadas con transferencias informales de divisas en la región realizadas entre 2022 y 2023 y que involucraban a los ahora condenados Hai, Chasqui Inta y Babilonia Mora”, se sostuvo en www.fiscales.gob.ar.
Durante la etapa de instrucción la causa fue tramitada por la jueza federal de San Isidro Sandra Arroyo Salgado e intervino el fiscal federal Fernando Domínguez.
