El dinero, US$4.000.000, estaba guardado en cajas y en una valija. “Son los ahorros de toda mi vida”, quiso explicar. Después, hizo un último intento para evitar que le secuestraran los billetes: “Podemos llegar a un arreglo”, espetó el sospechoso a un funcionario judicial que, acompañado de detectives de la Policía Federal Argentina (PFA), participaba de un allanamiento en una casaquinta de Francisco Álvarez, en el partido bonaerense de Moreno, en el marco de una investigación sobre lavado de dinero proveniente del contrabando de cobre y otros metales.
Así lo informaron a LA NACION calificadas fuentes judiciales. Los 4.000.000 de dólares fueron secuestrados en julio pasado y el sospechoso, identificado como Cristian A., fue detenido ayer por personal del Departamento Operaciones Contra el Lavado de Activos y Financiamiento del Narcotráfico de la PFA por orden de la jueza Sandra Arroyo Salgado tras un pedido del fiscal federal Fernando Domínguez.
En julio pasado, según informaron fuentes judiciales, se hizo una serie de allanamientos con el objetivo de secuestrar teléfonos celulares, computadoras y otros dispositivos electrónicos para intentar reconstruir la operatoria de lavado de la organización bajo sospecha. En el marco de los procedimientos se allanó una casaquinta de Moreno donde se secuestraron los 4.000.000 de dólares. Ayer, además de Cristian A., hubo otros ocho detenidos.
Como informó LA NACION, la investigación, comenzó a partir de la declaración de un arrepentido que aportó datos sobre la operatoria de la organización criminal.
“De acuerdo con lo declarado por el imputado colaborador, la maniobra comprendía el transporte del material en cuestión hacia Bolivia, mediante supuestas maniobras de contrabando, el cual era comercializado por un ciudadano boliviano, quien lo exportaría a empresas radicadas en el extranjero, como los Estados Unidos, y una vez recibido el pago, transfería los fondos correspondientes a la organización de chatarreros a cuentas bancarias abiertas en distintas entidades financieras de Hong Kong y China. Luego, acreditado los fondos en dichas cuentas, se liquidaban las transferencias por medio de pagos que eran retirados, en una oficina de la ciudad de Buenos Aires, por los distintos integrantes de la organización de chatarreros, ya sea en dólares o pesos argentinos, según sus requerimientos”, según se desprende del expediente judicial.
En un reciente dictamen, el fiscal Domínguez solicitó allanar propiedades en el barrio Haras San Pablo, en General Rodríguez; en el country Las Liebres, en Escobar; en el barrio privado La Comarca, en Tigre; en el barrio San Lucas, en Ingeniero Maschwitz, y en el barrio cerrado Estancia Alvear, en Don Torcuato, entre otros domicilios.
“En julio pasado, se hicieron unos procedimientos para obtener evidencia digital. Tras analizar la prueba recolectada, el fiscal Domínguez solicitó la detención de nueve sospechosos y más allanamientos”, explicó una fuente con acceso al expediente.
A partir de la información que los investigadores pudieron obtener del teléfono celular de un sospechoso, se pudo “reconstruir con claridad el mecanismo de pagos aplicado en la maniobra”.
Al fundamentar el pedido de detención de los sospechosos, el fiscal Domínguez afirmó: “Los distintos miembros de la organización, por medio de la fachada de las sociedades comerciales dedicadas al reciclaje de chatarra, aplicaron y convirtieron parte del capital ilícitamente obtenido mediante la adquisición de chatarra para su reventa y contrabando, procediendo así a continuar con el circuito de reciclaje de la organización”.
Los detectives policiales y judiciales pudieron reconstruir que los sospechosos, con el dinero que obtenían por el contrabando de cobre y otros metales, compararon un complejo de cabañas en Cañuelas y departamentos en Caballito y Villa Lugano, construyeron un edificio en Villa Urquiza y adquirieron autos marca Mercedes Benz y camionetas 4×4.
“Se pudo comprobar que parte de la organización compró en efectivo galpones en parques industriales de la zona oeste del conurbano bonaerense”, sostuvo un investigador.
Cuando pidió la detención de los sospechosos, el fiscal Domínguez afirmó: “Se investiga la posible existencia de una organización dedicada al blanqueo de capitales provenientes de actividades relacionadas con el comercio internacional de chatarra de metales que se llevaría a cabo por vías informales y/o eludiendo los controles formales de tráfico de mercaderías, aunado ello a la posible comisión de delitos tributarios por parte de los investigados”.
