Sébastien Lecornu, recién nombrado primer ministro por segunda vez, compareció este martes en la Asamblea Nacional para presentar su Declaración de Política General, un discurso que debía marcar la hoja de ruta de su Gobierno. En el centro de su intervención, las cuestiones presupuestarias y, sobre todo, el futuro de la controvertida reforma de las pensiones impulsada por Emmanuel Macron, que había sido uno de los pilares —y también una de las mayores fuentes de conflicto— de su mandato.
Lecornu, en un tono solemne y consciente del peso de cada palabra, anunció un giro inesperado: “Suspenderemos la reforma de la ley de pensiones hasta 2028 desde este otoño”. El anuncio fue recibido con aplausos desde las bancadas socialistas, que hasta ese momento mantenían la amenaza de presentar o apoyar una moción de censura contra el Gobierno. La medida representa la mayor derrota política de Macron desde su llegada al Elíseo, y una concesión inédita por parte de un Ejecutivo que había resistido durante meses las protestas y huelgas masivas contra la reforma.
Ruptura con el método presidencialista
El primer ministro, en su declaración, quiso marcar una ruptura con la práctica que había caracterizado a los gobiernos anteriores de Macron: el uso del artículo 49.3 de la Constitución, que permite aprobar leyes sin el voto de la Asamblea Nacional. “He renunciado al 49.3”, proclamó Lecornu. “El Parlamento tendrá la última palabra. La ley se hará aquí, no en el ministerio de Economía”. Con estas frases, el jefe del Gobierno trató de reconquistar la confianza de una Cámara profundamente fragmentada y reacia a los métodos autoritarios del pasado reciente.
Lecornu insistió en que “actuar sin la oposición no es posible ni deseable” y apeló a un diálogo que incluya a todas las fuerzas políticas y sindicales. “Estamos dispuestos a un debate que piden fuerzas políticas y sindicatos legítimos. Quizá sea una oportunidad para avanzar”, dijo, en un intento de calmar el ambiente de confrontación que domina el hemiciclo desde la reelección de Macron.
Pero su discurso no disipó la amenaza inmediata. Dos mociones de censura están previstas para votarse este jueves, y los equilibrios parlamentarios hacen que el margen sea mínimo. El Reagrupamiento Nacional (RN) de Marine Le Pen ya ha anunciado que apoyará la moción presentada por parte de la izquierda —La Francia Insumisa, los Ecologistas y el Partido Comunista—, lo que deja la decisión final en manos de una veintena de diputados socialistas e indecisos de Los Republicanos (LR).
Una votación que puede precipitar elecciones
El escenario que se abre es incierto. Si la moción de censura prospera, el Gobierno de Lecornu caería apenas cuatro días después de su constitución, y Emmanuel Macron se vería obligado a convocar elecciones legislativas anticipadas. Unas elecciones que, según los sondeos, podrían dar por primera vez desde la Segunda Guerra Mundial una mayoría parlamentaria a la extrema derecha.
Marine Le Pen no oculta sus ambiciones. “Todo esto se hace para impedir que se celebren nuevas elecciones y que los franceses puedan elegir la alternancia”, denunció la líder del RN, quien reiteró su voluntad de censurar “a todos los gobiernos que presente Emmanuel Macron”. Jordan Bardella, presidente del partido, fue aún más explícito: “Prepárense, porque la disolución puede producirse en unos días, en unas horas. Si vamos a las elecciones, es para ganar”.
Mientras tanto, desde la derecha tradicional, el líder parlamentario de Los Republicanos, Laurent Wauquiez, intentó contener la fractura interna de su grupo. En una reunión a puerta cerrada, instó a sus 50 diputados a no apoyar la moción de censura: “Nadie en el grupo puede votarla. Si el Gobierno cae, habrá disolución y ningún presupuesto”. Un mensaje que busca preservar la estabilidad institucional, pero que refleja la fragilidad del actual equilibrio político.
Fuera del Parlamento, las críticas tampoco cesan. El economista Gabriel Zucman denunció que el proyecto de presupuestos del Ejecutivo “protege a Bernard Arnault y a los multimillonarios franceses”, cargando el peso del ajuste sobre las clases medias y trabajadoras. En la misma línea, el primer secretario del Partido Socialista, Olivier Faure, afirmó que “lo que no pagan los multimillonarios, lo pagan todos los demás en su lugar. Esta lucha es esencial”.
