La central nuclear de Lemóniz, en el norte de España, se concibió como una instalación puntera y en ella se invirtieron miles de millones. Pero nunca llegó a funcionar.
Con casi todo listo para que sus dos reactores comenzaran a recibir uranio y producir energía, el proyecto se aparcó para siempre.
La central, con sus costosos materiales y equipos, quedó abandonada en medio de un hermoso paraje costero de la provincia vasca de Vizcaya.
Como parte del plan del régimen del general Francisco Franco para construir centrales nucleares por todo el país, la de Lemóniz debía contribuir al objetivo de cubrir la creciente demanda de energía de un país que vivía una época de crecimiento económico.
Pero, tras morir Franco en 1975 e iniciar España su accidentada Transición a la democracia, en torno a la central de Lemóniz surgió un amplio movimiento antinuclear que empezó a organizar multitudinarias protestas y a exigir su paralización.
El conflicto se agravó con la entrada en escena de ETA, el grupo armado separatista que perseguía un País Vasco independiente y llevó a cabo una campaña de atentados para forzar al gobierno español a desistir del proyecto.
En 1984, finalmente, el gobierno del socialista Felipe González ordenó detener la construcción de todas las nuevas centrales proyectadas.
La de Lemóniz permanece desde entonces entre los acantilados en los que se levantó, como vestigio de una época convulsa y una incómoda herencia con la que no se sabe qué hacer.
La apuesta por una España nuclear
Valentín Elórtegui era un niño cuando en 1972 vio la playa contigua a su casa llenarse de hombres y máquinas que acometerían la obra que cambió para siempre el lugar.
“Aquí vivíamos unas pocas familias dedicadas al campo, pero todo se agitó cuando empezaron las obras de la central”, recuerda en conversación con BBC Mundo.
“La mayoría de mis vecinos tuvieron que vender sus casas o les fueron expropiadas”.
Los operarios que perturbaron la paz de los Elórtegui no hubieran llegado allí de no ser por el encuentro entre dos hombres poderosos unos años antes.
El 21 de diciembre de 1959 el presidente estadounidense Dwight D. Eisenhower visitó en Madrid a Franco.
La visita puso fin al aislamiento al que las democracias occidentales habían sometido durante años al régimen de Franco por su cercanía a la Alemania nazi durante la Segunda Guerra Mundial.
En el contexto de la Guerra Fría y la rivalidad con la Unión Soviética, Washington quería instalar bases militares estadounidenses en territorio español y por ello se inició un acercamiento al gobierno de Franco.
La visita de Eisenhower y la firma unos años antes de los acuerdos bilaterales de Madrid abrieron la puerta a que España usara la tecnología estadounidense para desarrollar su propia industria nuclear.
“La naturaleza militar del régimen de Franco, junto con la posibilidad de obtener uranio en minas nacionales, aumentó el interés por la tecnología”, indica en conversación con BBC Mundo Pablo Hernández Arias, profesor de Ingeniería de la Universidad Católica de Ávila.
El fin de su aislamiento internacional y la liberalización de su economía iniciada en la década de 1950 propiciaron el despegue del país, que cada vez consumía más energía.
Franco aparecía en los noticieros oficiales de la época inaugurando presas y pantanos por toda la geografía española, pero no era suficiente.
“Las posibilidades de generación de energía hidráulica estaban prácticamente agotadas porque ya se habían construido presas en todas las partes donde la orografía lo permitía”, le contó a BBC Mundo Javier Revuelta, de la empresa energética sueca AFRY.
Ante los problemas para producir energía con el carbón disponible en la Península Ibérica, las autoridades franquistas se convencieron de que no había alternativa y apostaron por llenar el país de centrales nucleares.
En 1968 entró en servicio la primera en Almonacid de Zorita, Guadalajara, todavía con una modesta potencia instalada de 150MWe.
Convencido de las bondades de la nueva tecnología, el gobierno se entregó a lo que Pablo Hernández llama “optimismo nuclear español” y llegó incluso a promover el Proyecto Islero, un programa secreto para que España se dotara de la bomba atómica.
El accidente en 1966 de un bombardero estadounidense que dejó caer sobre la costa de Almería cuatro bombas de hidrógeno, ocultado a la opinión pública por la censura franquista, no alteró los planes del gobierno y en 1971 la de Santa María de Garoña, en Burgos, se convirtió en la segunda central nuclear española.
Un año después llegó la tercera, Vandellós I, en Tarragona, que se construyó con tecnología francesa.
En 1972 se aprobó un Plan Energético Nacional que preveía la construcción de siete nuevos reactores que permitirían elevar la potencia instalada en el país hasta los 15.000 MWe.
El plan contemplaba construir hasta tres centrales nucleares en el País Vasco.
Lemóniz, diseñada para albergar dos reactores de agua a presión de la compañía estadounidense Westinghouse, era una de ellas.
Así, la paz en torno al caserío de los Elórtegui estaba a punto de romperse.
La cala que se perdió para siempre
Con apoyo del gobierno, la empresa Iberduero emprendió ese mismo año en la cala de Basordas, una preciosa playa rocosa junto al pequeño pueblo de Lemóniz, unas obras cuyo propósito desconocían los vecinos.
Un ejército de trabajadores construyó un dique para ganarle terreno al bravo mar Cantábrico y volcó toneladas de hormigón y cemento en la cala, que quedó para siempre sepultada.
Uno de los obreros era Luis González, que había llegado en busca de trabajo desde Extremadura, una región en el otro extremo de España.
“Muchos paisanos de mi pueblo habían encontrado trabajo en la central y tuve la suerte de que me dieron uno como peón”, le contó a BBC Mundo.
“Los primeros años trabajamos tranquilamente pero luego se empezó a ver que muchos en la zona no querían la central”.
Al contrario de lo que sucedió en otros lugares de España donde se instalaron centrales, en el País Vasco hubo una fuerte oposición.
Pronto surgieron las primeras comisiones vecinales de rechazo a la central de Lemóniz, que crecieron y acabaron cristalizando en la plataforma denominada Comisión por una Costa Vasca No Nuclear.
Con la muerte de Franco en 1975, el rechazo a la central congregó a movimientos diversos perseguidos durante la dictadura que estaban en ebullición ante las expectativas de una apertura política.
Tras las pancartas que reclamaban la paralización de la central de Lemóniz confluyeron un incipiente movimiento ecologista, organizaciones obreras recién salidas de la clandestinidad y una izquierda nacionalista que exigía la autodeterminación de los vascos y la amnistía para los presos del franquismo.
El rechazo a la central era transversal y a él se sumaron también intelectuales y artistas vascos, como el cineasta Imanol Uribe, que rodó un documental sobre los riesgos para el medio ambiente, o el escultor Eduardo Chillida, que diseñó la imagen que se convertirá en emblema de las protestas.
Pablo Hernández cree que la contestación se debió a particularidades de la sociedad vasca de la época, como “la tradición sindical, un sentimiento de rechazo a lo de afuera y la elevada densidad demográfica de la zona donde se quería instalar la central de Lemóniz, a treinta kilómetros escasos de Bilbao”, una de las principales ciudades españolas y entonces polo de una gran actividad industrial.
Mientras España recorría el tumultuoso camino que la llevaría a la democracia, Lemóniz se convirtió en símbolo de muchas de las tensiones de aquellos años.
El niño Valentín se acostumbró a las protestas frente a su casa, en las que descubrió cosas totalmente desconocidas para él.
“En aquellas manifestaciones vi por primera vez la hoz y el martillo, y la ikurriña”, la bandera vasca prohibida durante el régimen de Franco.
En las obras de la central, Luis no era ajeno al clima de conflicto.
“En los comités sindicales había enlaces muy politizados y aprovechaban cualquier cosa para organizar paros y protestas”, recuerda.
Lo peor estaba por venir.
El 17 de marzo de 1978 Luis entró en el edificio de uno de los reactores a buscar a un encargado de la obra. “De repente, hubo una explosión y la fuerza me tiró al suelo”.
Luis se había salvado por poco de la bomba que ETA había colocado allí, que mató a dos trabajadores.
No era la primera acción de ETA contra la infraestructura.
Unos meses antes, uno de sus comandos atacó a los guardias civiles que vigilaban las obras. Uno de los asaltantes murió en el enfrentamiento.
El clima empeoró aún más el 3 de junio de 1979, cuando el disparo de un guardia civil mató a la joven manifestante Gladys del Estal en una protesta contra la central en la localidad navarra de Tudela.
Ese mismo año, el movimiento antinuclear había redoblado su brío por algo que sucedió muy lejos de allí, en Estados Unidos.
El 28 de marzo, la central de Three Mile Island, en Harrisburg, Pensilvania, sufrió un accidente que provocó la fusión parcial de uno de sus reactores, haciendo saltar todas las alarmas ante un posible escape radioactivo. El incidente encendió todavía más los ánimos de los movimientos contrarios al uso de la energía nuclear en todo el mundo.
En el País Vasco, el rechazo social convivió con los atentados de ETA, que no cesó en su campaña contra la central de Lemóniz y desplegó en esos años su mayor y más cruenta ofensiva contra el Estado español.
En 1979 colocó otra bomba en las obras de Lemóniz. Esa vez murió otro trabajador.
La campaña de ETA incluyó múltiples ataques con explosivos contra instalaciones y bienes de la empresa Iberduero.
En enero de 1981 llevó su pulso al límite.
Secuestró al joven ingeniero José María Ryan, que había sido designado como jefe de la central, y dio un ultimátum al gobierno español: si quería salvar la vida del ingeniero, debía iniciar la demolición de la planta antes de siete días.
En una de las primeras muestras de rechazo popular a la violencia de ETA en las calles del País Vasco, miles de personas se manifestaron en Bilbao para pedir la liberación de Ryan.
Decenas de organizaciones sociales exigieron públicamente a ETA la liberación del secuestrado, en un clamor de repulsa al que la banda nunca se había enfrentado antes.
Pero, vencido el plazo, ETA lo ejecutó de un tiro en la nuca en un paraje de la localidad de Zarátamo.
Su muerte conmocionó al país.
A Ryan lo sucedió al frente del proyecto Ángel Pascual, al que ETA asesinó a tiros el 5 de mayo de 1982 en el auto en que llevaba a su hijo al colegio.
La muerte de Pascual sería también la de la central de Lemóniz.
Tras el asesinato, los técnicos de Lemóniz se negaron a volver a sus puestos de trabajo mientras la amenaza continuara. La situación era insostenible.
El 13 de mayo la compañía Iberduero anuló los contratos de ejecución de obras, suministro y servicio.
Los trabajos nunca se retomaron.
Una España democrática y menos nuclear
El debate sobre la energía nuclear seguía abierto cuando el 28 de octubre de 1982 el Partido Socialista y su candidato, Felipe González, arrasaron en las elecciones generales españolas.
Era un cambio histórico para el país, que vio llegar al gobierno a una de las fuerzas de izquierda que habían estado proscritas durante los casi 40 años de dictadura.
El nuevo gobierno abogó por reducir el peso de la energía nuclear y prometió una “detención ordenada del programa nuclear en curso”.
En 1984, finalmente, se aprobó una moratoria nuclear que paralizó todas las nuevas centrales.
La de Lemóniz era la que más había avanzado, pero también se pararon las que se construían en Valdecaballeros (Badajoz), Sayago (Zamora) y el segundo reactor de la de Trillo (Guadalajara).
El resto de las proyectadas nunca pasaron del papel.
Los investigadores debaten aún las razones de esa moratoria nuclear.
“El gobierno justificó la decisión por motivos de seguridad y por la caída de la demanda eléctrica, y la opinión pública mundial estaba muy sensibilizada de los riesgos tras el accidente de Three Mile Island. Pero realmente es difícil saber cuáles fueron los motivos reales”, señala Pablo Hernández.
“Probablemente si la banda ETA no hubiera entrado en escena, el proyecto de Lemóniz no se hubiera paralizado, pero los otros estaban ya muy cuestionados”, sostiene el experto.
La moratoria no salió gratis.
Para compensar a las compañías eléctricas por las inversiones masivas en las centrales paralizadas el gobierno aprobó una compensación que los consumidores estuvieron pagando en su factura de la luz hasta 2015.
La Comisión Nacional de Mercados y Competencia estimó en más de 5.700 millones de euros (Unos US$6.620 millones) el coste total para el país.
El presidente González explicó años después que tomó la decisión “por dos razones: la seguridad, y el agobio y sobrerresponsabilidad que suponían la imposibilidad de eliminar los residuos radiactivos”.
Efectivamente, la larga vida de los residuos radiactivos y la complejidad de su eliminación son uno de los aspectos que siguen citándose entre los inconvenientes de la energía nuclear, una cuestión que en España aún no se ha resuelto.
El Gobierno de Mariano Rajoy anunció en 2011 la construcción de un Almacén Temporal Centralizado para recibir todos los residuos radiactivos del país en Villar de Cañas, Cuenca, pero el proyecto se frenó tras las protestas en la localidad y la polémica política que suscitó.
Un debate nuclear abierto
Ninguna central se ha inaugurado en el país desde la moratoria, pero el debate no se ha cerrado.
El gobierno actual ha hecho bandera de la apuesta por las energías renovables y prometió “un cierre planificado” de las centrales nucleares que siguen operativas.
Prevé un cese escalonado desde 2027 para llegar en 2035 a una España totalmente desnuclearizada.
Pero el apagón nacional que el 28 de abril de este año dejó a oscuras a casi todo el país ha sembrado dudas sobre la capacidad de las renovables para sostener el consumo energético español y se han multiplicado las voces que piden que se reconsidere la decisión.
Entre ellas la de González, el presidente que aprobó la moratoria nuclear.
Qué hacer con la central de Lemóniz
En Lemóniz, las ruinas de la central acumulan óxido y humedad, convertidas en refugio para las aves marinas a la espera de que se decida qué hacer con ellas.
Los surfistas de la zona llaman “La Central” a su ola favorita.
Esquivar a los vigilantes privados que patrullan el recinto y colarse en las instalaciones se ha convertido en desafío excitante para YouTubers, que luego cuelgan sus videos emocionados junto a las advertencias de “zona restringida” y “peligro radiactivo” que aún conservan los edificios de contención de los reactores.
La central fantasma fascina tanto que ha sido el tema de numerosos documentales y reportajes, y hasta el escenario de una novela de misterio.
El gobierno español transfirió en 2019 la propiedad de las instalaciones al gobierno autónomo vasco.
Desde entonces han circulado en los medios locales informaciones sobre planes para darle un nuevo uso, desde convertirla en una piscifactoría aprovechando las piscinas de los edificios de los reactores hasta construir un estacionamiento.
Estos planes no se han concretado y la central abandonada sigue siendo una herida abierta.
El alcalde de Lemóniz, Jesus Mari Azurmendi, le dijo a BBC Mundo que sus vecinos prefieren no hablar mucho de ella porque “sigue siendo un lugar con una carga muy negativa”.
Valentín Elórtegui cree que “la central sigue siendo un tabú, algo que nadie quiere mirar”.
Aunque ETA depuso las armas hace años y han pasado más de cuarenta desde las muertes por el conflicto por la central, Valentín cree que en Lemóniz hay todavía una “reconciliación” pendiente.
“Aún falta duelo por hacer y lágrimas por llorar”, afirma.
Él es uno de los que intenta volver a darle sentido al lugar.
Hace años elaboró un proyecto de recuperación del espacio como patrimonio cultural y desde hace tres organiza cada septiembre una romería que recrea la que congregaba a los lugareños en la extinta cala de Basordas.
La arquitecta Carmen Abad también lleva años intentando “devolverle al pueblo un espacio que le fue extirpado”.
De joven se manifestó contra la central y hoy promueve una intervención arquitectónica que contempla mantener los edificios de los dos reactores y rehabilitar el resto de la bahía con un mirador y otros espacios para el disfrute público.
Pero por ahora solo es un proyecto.
El alcalde no tiene claro qué debe hacerse, pero sí que “debe ser la gente la que decida”.
Junto a otros alcaldes de la zona, ha pedido al Gobierno autónomo que abra un “proceso participativo” con “toda la sociedad vasca” para decidir el futuro de los restos de la central.
“Eso es mucho más que una central abandonada, es parte de nuestra historia”.
