El nuevo marco legal aprobado en Texas con la Ley HB12 abrió un intenso debate sobre el equilibrio entre el rol de los padres y la labor de los educadores en las escuelas públicas. La normativa, que entró en vigor el 1° de septiembre de 2025, establece que las familias deberán autorizar por escrito la participación de sus hijos en actividades escolares, así como el acceso a servicios médicos o de consejería.

Mayor participación ciudadana a través de la nueva ley

Uno de los puntos centrales de la HB12 es el rol que se les otorga a las familias y a los ciudadanos en general. La norma establece que la Comisión Asesora del Atardecer —Sunset Advisory Commission— deberá garantizar que la gente sepa cómo participar en los procesos de evaluación.

• Los organismos deberán publicar en sus sitios web que se encuentran bajo revisión y ofrecer instrucciones claras para que el público pueda dar su opinión.
• Si la agencia es de tipo regulatoria, tendrá la obligación de avisar a todas las personas con licencias, certificaciones o autorizaciones vinculadas, e invitarlas a audiencias públicas.
• La participación ciudadana se convertirá en parte integral de los informes, pues se considerará si los comentarios recibidos influyeron en la calidad y utilidad de las reglas aprobadas por las agencias.

De esta manera, los padres podrán opinar sobre cómo se gestionan los organismos que afectan directamente la vida escolar, médica o comunitaria de sus hijos. “La voz del público será parte de la evaluación de desempeño de cada agencia”, sostiene el articulado de la ley.

La Ley HB12 atravesó todas las instancias parlamentarias hasta convertirse en norma en junio de 2025. Primero fue aprobada por la Cámara de Representantes y el Senado, para luego ser remitida al gobernador, Greg Abbott, quien la firmó el 20 de junio. Finalmente, se estableció que su entrada en vigor sería el 1° de septiembre de 2025, lo que marcó el inicio de un nuevo capítulo en la administración pública de Texas.

Modificaciones de la HB12: revisiones más completas y exigentes

La HB12 modifica también el tipo de información que deberán incluir los informes de evaluación. Hasta ahora, se centraba en el cumplimiento de objetivos generales. Ahora, se deberá realizar un análisis detallado de los últimos diez años de gestión de cada organismo.

Entre las novedades se incluyen:

• La obligación de evaluar si las metas y medidas de desempeño están alineadas con la misión de cada agencia.
• La posibilidad de recomendar cambios en los indicadores, para que sean realmente útiles al momento de medir resultados.
• La incorporación de auditorías de eficiencia, que examinarán si los recursos humanos, financieros y materiales se utilizan de manera adecuada.

Esto implica que los padres y ciudadanos podrán acceder a reportes más claros sobre la eficiencia en áreas tan sensibles como la educación, la salud, el medio ambiente y la seguridad pública.

Consentimiento obligatorio en las escuelas de Texas

Desde Telemundo mostraron cómo el Distrito Escolar de Dalhart opera esta disposición y qué cambios llevó a la rutina académica. La medida exige que cada padre o tutor complete un formulario de consentimiento previo antes de que los estudiantes puedan sumarse a actividades extracurriculares, clubes o programas autorizados por la escuela.

• Las familias deberán aprobar por escrito la participación en cualquier club o actividad extracurricular.
• Será obligatorio un consentimiento previo para que los estudiantes reciban atención de salud física o mental dentro del entorno escolar.
• Si el formulario no se presenta, el distrito deberá ofrecer alternativas para que los alumnos no queden excluidos.

Este paso formal busca garantizar que los padres estén informados y tengan la última palabra en las decisiones que afectan a sus hijos. Sin embargo, el superintendente de Dalhart, Jeff Byrd, advirtió que esta exigencia también representa un freno en situaciones donde la intervención inmediata de consejeros o enfermeras resulta clave.

Byrd señaló que, aunque la iniciativa se elaboró con buena intención, las consecuencias prácticas podrían ser complicadas: “Nos dicen que quieren que nuestros consejeros presten más atención al comportamiento, las relaciones sociales, enfermedades mentales y el bienestar de nuestros alumnos, pero si los padres no llenan este formulario, nuestros consejeros no pueden reunirse con los niños ni ayudarlos”.

El funcionario añadió que, en la práctica, esto significa una sobrecarga administrativa: “Esto genera una acumulación de papeleo y resta tiempo a los consejeros para hacer su trabajo. Resta tiempo a las enfermeras para hacer su trabajo. Es solo una carga más para el director. En algún momento tenemos que dejar de hacer papeleo y empezar a hacer lo que es mejor para nuestros hijos”.