La ley SB4-C de Florida, promovida por el gobernador Ron DeSantis, se convirtió en uno de los temas más controvertidos en Estados Unidos. La normativa, que criminaliza la entrada y reingreso de migrantes indocumentados al Estado del Sol, fue bloqueada temporalmente por un fallo judicial, pero su futuro se definirá en una audiencia clave este mes. Mientras organizaciones de derechos humanos celebran la medida cautelar, el mandatario asegura que apelará hasta llegar a la Corte Suprema.
Qué dice la ley SB4-C: criminalización y penas severas para los migrantes
La SB4-C, aprobada en febrero de 2025, establece un riguroso esquema de sanciones contra migrantes indocumentados que ingresen o permanezcan en Florida. La normativa introduce dos nuevos delitos estatales:
Entrada ilegal de un adulto no autorizado al estado (Sección 811.102):
- Considera delito menor de primer grado que un migrante indocumentado mayor de 18 años ingrese o intente ingresar a Florida después de haber eludido inspección migratoria federal.
- La primera condena conlleva una pena mínima obligatoria de nueve meses de prisión.
- Reincidencias elevan el delito a felonía de tercer grado, con penas de un año y un día (segunda condena) o dos años (tercera o más).
Reingreso ilegal de un adulto no autorizado (Sección 811.103):
- Penaliza con felonía de tercer grado el regreso a Florida después de una deportación, denegación de entrada u orden de expulsión vigente.
- La pena base es de un año y un día de prisión, pero se incrementa a dos años si el acusado tiene antecedentes penales o cinco años si fueron por delitos graves.
Además:
- Niega libertad bajo fianza: los jueces deben presumir que ningún migrante acusado bajo esta ley comparecerá al juicio, por lo que ordenan su detención preventiva.
- Excluye alternativas a la prisión: prohíbe programas de desvío o citaciones civiles que eviten el arresto.
- Obliga a notificar al ICE: las autoridades deben informar al Servicio de Inmigración y Control de Aduanas sobre los arrestos.
La SB4-C también incluye una cláusula polémica: condena a muerte a migrantes indocumentados declarados culpables de delitos capitales, tales como:
- Asesinato premeditado.
- Tráfico de drogas a gran escala.
- Secuestro con circunstancias agravantes.
- Delitos que involucran muertes o agresiones sexuales severas.
El fallo judicial y por qué el 18 de abril es crucial para los migrantes en Florida
El 4 de abril de 2025, la jueza federal Kathleen M. Williams emitió una orden restrictiva temporal (TRO, por sus siglas en inglés) que frena la aplicación de la SB4-C. En su fallo, argumentó que:
Viola la Cláusula de Supremacía federal:
- El gobierno federal tiene autoridad exclusiva en materia migratoria, y leyes estatales como esta crean un sistema paralelo que interfiere con las políticas nacionales.
- La SB4-C contradice la Ley de Inmigración y Nacionalidad (INA, por sus siglas en inglés), que ya regula la entrada y reingreso de migrantes.
Amenaza derechos constitucionales:
- La detención obligatoria y las penas más duras que las federales obstaculizan el debido proceso.
Sigue precedentes nacionales:
- Cortes en Texas, Iowa y Oklahoma ya bloquearon normas similares por los mismos motivos.
La jueza Williams fijó una audiencia para el 18 de abril donde se decidirá si la suspensión se mantiene hasta que se resuelva el caso de fondo. Si se ratifica, Florida podría apelar, lo que llevaría el conflicto a instancias superiores.
La respuesta de Ron DeSantis: “La ley es constitucional”
El gobernador republicano no tardó en reaccionar. En un video difundido en redes, acusó a la jueza Williams de “activismo judicial” y aseguró que el estado apelará: “Anticipamos esto. Sabíamos que buscarían un tribunal favorable”.
En defensa de la SB4-C, DeSantis sostuvo que “los arrestos bajo esta ley fueron legales. Tenemos derecho a proteger nuestras fronteras”. En este sentido, ya dejó en claro que llevarán el litigio hasta la Corte Suprema de ser necesario. “No bajaremos la guardia en la aplicación de las leyes migratorias”, añadió
Por último, DeSantis también destacó los acuerdos de Florida con el ICE para colaborar en deportaciones, una estrategia que podría reactivarse si la SB4-C se reimpulsa.
La SB4-C no solo redefine la política migratoria de Florida, sino que desata una pulseada entre el estado y el gobierno federal. El 18 de abril marcará un hito: si la justicia federal mantiene el bloqueo o abre la puerta a que DeSantis siga adelante. Mientras tanto, miles de migrantes y activistas esperan con incertidumbre, conscientes de que el resultado podría sentar un precedente nacional.
