A través de un comunicado, la Cámara Argentina de Distribuidores y Autoservicios Mayoristas (CADAM) señaló que, con la nueva medida del Gobierno, los incrementos “son injustificados”.
La liberación del cepo al dólar decidida por el gobierno sigue generando repercusiones: los supermercados mayoristas mostraron su rechazo a las listas de precios que están llegando con aumentos injustificados.
“La liberación del cepo no representa una devaluación, sino la apertura positiva del mercado. Ya de por sí las empresas operaban con el dólar MEP o Contado con Liqui, que incluso registraron una baja tras la apertura del dólar oficial, lo que refuerza la idea de que no hay fundamentos para remarcar precios”, señalaron en un comunicado.
Al mismo tiempo, consideran que el nuevo tipo de cambio oficial liberado está orientado exclusivamente a personas físicas, “por lo que no afecta directamente la operatoria de las empresas”.
En ese contexto hicieron “un llamado a la responsabilidad de todos los proveedores” del mercado para evitar distorsiones y especulaciones “que sólo generan incertidumbre y afectan el normal funcionamiento del comercio”.
“El verdadero problema de la economía no es el dólar sino los impuestos (especialmente los distorsivos como son los IIBB y tasas municipales) y los ‘costos ocultos’ que se trasladan a precios”, indicaron.
A modo de ejemplo, explicaron que cuando se hace la compra de una botella de vino y carne en un almacén o supermercado de cercanía, el precio final incluye una serie de aportes y contribuciones obligatorias y “solidarias”, que se han venido recaudando desde hace más de 20 o 30 años. “Muchos de estos cargos se acumulan a lo largo de toda la cadena comercial, desde el productor hasta el punto de venta”, agregaron.
Por su parte, Armando Farina, vicepresidente de CADAM, explicó que el sector no está validando listas de precios con aumentos del 6% al 8% recibidas esta semana, especialmente en productos ligados a commodities internacionales como aceites, café, trigo, azúcar y atún.
“Tomamos nota de las listas, pero no las validamos ni realizamos compras con esos precios. Es prudente esperar a que el mercado se estabilice”, afirmó en diálogo con Cadena3.
Los ‘costos ocultos’, que se trasladan a precio desde la industria al consumidor
Por cada empleado de comercio:
1. Contribución Adicional Solidaria a la obra social por COVID-19, que se sigue cobrando hasta el día de hoy. La “contribución solidaria” hay que abonarla “tengan o no esa obra social”.
2. Aporte obligatorio al Instituto Argentino de Capacitación Profesional y Tecnológica para el Comercio (INACAP). Desde el año 2008 hay que aportarlo mensualmente, aunque el empleado no se capacite nunca.
3. Seguro obligatorio de retiro: se creó en octubre de 1991, y representa el 2,5% de la remuneración del trabajador. El 50% de lo recaudado se deposita en la cuenta individual del trabajador y el otro 50% va al sistema colectivo “solidario”. Para obtener el beneficio del retiro, el empleado debe tener aportados al menos 20 años.
4. Aporte al sindicato: se le descuenta al empleado esté afiliado o no. Implica el 0.5% del salario.
Desde la industria:
5. Aporte obligatorio al Instituto de Promoción de la Carne Vacuna (IPCVA): Fue creado por la Ley 25.507 en el 2001.
6. Aporte a la COVIAR: obligatorio para la promoción del vino. Mediante la ley 25.849, promulgada en 2004, se crea la CORPORACION VITIVINICOLA ARGENTINA – COVIAR, para ejecutar el “Plan estratégico argentina vitivinícola 2020”. Sino se paga, la bodega puede sufrir el bloqueo. “Los incumplimientos de la contribución obligatoria, serán sancionados con la paralización de los procedimientos donde se tramiten los permisos de traslado y/o permisos de despacho de libre circulación y/o solicitudes de exportación por parte del I.N.V….”, sostiene el Artículo 13 de la ley.
