La Cámara Federal confirmó que la Justicia no llevará por la fuerza pública al Congreso a los funcionarios que evitaron declarar en la comisión que lleva allí una investigación paralela del caso $LIBRA, la moneda virtual que promocionó Javier Milei en redes y que está sospechada de estafa.
El pedido fue formulado por el presidente de la comisión investigadora, el diputado de la Coalición Cívica, Maximiliano Ferraro, y buscaba llevar ante ese órgano a los titulares de la Oficina Anticorrupción (OA) y la Unidad de Información Financiera (UIF), Alejandro Melik y Paulo Starc, respectivamente; a la jefa de Gabinete del Ministerio de Justicia, María Florencia Zicavo, y al presidente de la Comisión Nacional de Valores, Roberto Emilio Silva, quienes decidieron hacer caso omiso de las citaciones para testificar ante la comisión, al igual que otros funcionarios, como la hermana y secretaria del Presidente, Karina Milei.
Los jueces Mariano Llorens, Pablo Bertuzzi y Leopoldo Bruglia rechazaron el planteo de forma unánime, al considerar “razonables” los motivos esgrimidos en primera instancia por el juez Marcelo Martínez de Giorgi, quien lleva el caso en la Justicia desde la salida de la jueza María Servini.
“Como punto de partida -marcaron los magistrados-, resulta importante advertir las diferencias que, por naturaleza y esencia, separan y distinguen a una investigación de carácter político desarrollada por una comisión legislativa con un proceso de índole penal en sentido estricto”.
“Mientras que el objetivo de la primera redunda en la obtención de información para así dictaminar sobre aspectos de interés público, la segunda persigue conocer si se ha cometido un delito”, distinguieron los jueces.
“Observamos que [Martínez de Giorgi] en su pronunciamiento se ha encargado priorizar, más allá de toda reglamentación dispuesta por una comisión legislativa, la salvaguarda de las garantías que amparan a las personas cuya convocatoria se pretende”, siguieron, para luego completar: “La solicitud no pretende un acto de mera ‘colaboración’ como se argumenta, sino de una decisión respecto a una medida coercitiva que excede el ámbito de actuación jurisdiccional y solo puede ser adoptada en el marco de un proceso penal”.
La resolución llega en vísperas de una nueva sesión de la comisión investigadora, que sí ha conseguido respuestas favorables en otros de sus pedidos, en especial, por parte de algunas plataformas virtuales.
La semana pasada, por caso, el diputado kirchnerista Juan Marino dio a conocer un informe de Ripio, una plataforma que alcanzó a enlistar a $LIBRA como moneda de compra-venta.
En su respuesta a la comisión, Ripio informó que 1329 argentinos compraron o vendieron el token a través de su plataforma, lo que, a criterio de Marino, contradecía los dichos del Presidente, quien aseguró que solo unas pocas personas habían adquirido el activo.
En la sesión también se propuso profundizar esa vía y requerir información a otras plataformas respecto de posibles cuentas registradas a nombre de Karina Milei, el Presidente, su vocero y futuro legislador porteño, Manuel Adorni, el titular de la Cámara baja, Martín Menem, y el diputado José Luis Espert.