Luego de tres semanas clausurado, el complejo de ferias La Salada podrá volver a abrir sus puertas. Así lo decidió el Juzgado Federal Criminal y Correccional de Lomas de Zamora que investiga a las cúpulas de este polo textil informal por lavado de dinero y que, el pasado 22 de mayo ordenó la detención de 15 personas, entre ellas Jorge Castillo, autoproclamado “El Rey de La Salada”, y la clausura total del predio.
La resolución no especifica en qué fecha los vendedores van a poder volver a sus respectivos puestos de feria. Esta decisión dependerá de la fiscal interviniente, quien deberá “merituar la viabilidad técnica y fáctica, como así también la posibilidad material”, de la apertura parcial o total del predio, que se hará bajo intervención judicial. Sí especifica, sin embargo, que previo a la apertura, tendrán que estar dadas las condiciones necesarias, que incluyen varios cambios de índole administrativo y fiscal.
En el documento se plantea la previa transformación de las operaciones de este polo textil informal -el más grande de la Argentina-, para “asegurar la legalidad y transparencia” de su funcionamiento, y “evitar futuras infracciones”.
Dentro del predio de 18 hectáreas que ocupan las ferias de La Salada, donde trabajaban más de 30.000 personas y donde la informalidad era la norma, solo se autorizará “el desarrollo comercial y laboral lícito”, se detalla en la resolución. Dicha actividad estará regulada por la articulación de distintos entes estatales: la Fiscalía Federal interviniente, el Municipio de Lomas de Zamora, el Ministerio de Producción de la Provincia de Buenos Aires, la Agencia de Recaudación de la Provincia de Buenos Aires (ARBA), el Banco de la Provincia de Buenos Aires, el Ministerio de Seguridad de Buenos Aires y, en representación del gobierno nacional, la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA).
Una de las primeras medidas necesarias para la reapertura del predio será la designación de un interventor, quien estará a cargo, en principio, por un plazo de 90 días, de la administración general de las tres ferias que componen el complejo: Urkupiña SA, Punta Mogote SCS y Cooperativa Ocean. También deberá asegurar la regularización de la situación fiscal de activos y pasivos del complejo, llevar un registro contable de la actividad de la feria y “asegurar que se llevan a cabo buenas prácticas de negocios y gestión”, entre otras funciones.
Evitar el uso de dinero en efectivo
De acuerdo con el documento, toda la actividad del predio deberá “efectuarse de manera legal”. Esto implica que se deberá registrar a todos los empleados en relación de dependencia, evitando la contratación irregular. También se deberá registrar de forma completa cada venta y se deberá instalar “un sistema de aplicación para que toda la recaudación se realice mediante un sistema bancarizado, evitando el uso de ”dinero en efectivo”.
La resolución destaca, a su vez, que, ante el incumplimiento de cualquiera de los requisitos exigidos, se podrá solicitar nuevamente la clausura del predio.
La autorización de reapertura del predio ocurrió tras semanas de protestas encabezadas por empleados de La Salada, entre ellos vendedores, trapitos, personal de mantenimiento y especialmente miles de carreros, los transportistas que se dedican a transportar la mercadería desde los puestos de venta hasta los vehículos de los compradores.
Según destaca la resolución, la decisión de habilitar la apertura del predio responde a un conjunto de problemáticas que trascienden el plano de lo “estrictamente penal” y alcanzan “una dimensión social relevante, en tanto afecta directa e indirectamente a una vasta comunidad de personas trabajadoras, cuya subsistencia se ve comprometida”. “La continuidad de esta medida podría provocar un daño de magnitud incierta, en términos de cohesión social, desarrollo económico local y bienestar de núcleos familiares completos”, sigue.
La informalidad es la norma
En La Salada, la informalidad es la norma. En sus 18 hectáreas funcionaban hasta hace tres semanas 8.000 puestos de feria, de los que dependían de manera directa 30.000 empleados, de acuerdo con la Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME). A estos trabajadores habría que sumar otros miles de beneficiarios indirectos, que incluyen miles de talleres clandestinos familiares, y los compradores. Entre los compradores hay comerciantes al por mayor de todo el país, e incluso de estados vecinos.
En este complejo de ferias, la vulnerabilidad de la mayoría de los trabajadores contrasta con la riqueza que amasaron sus administradores, muchos de ellos hoy detenidos por lavado de dinero. Solo Punta Mogote tuvo ingresos de $26.827 millones entre 2021 y 2025, se explicita en la causa judicial que terminó en la detención de Castillo, su mujer y su hijo. Solo para graficar la situación, cabe resaltar que en los allanamientos realizados en su casa, en un country con haras en Luján, se secuestraron $430 millones, más de US$2,5 millones y máquinas para contar billetes.
