
Las delegaciones nacionales que integran la Unión Europea revisan en Bruselas el diseño de garantías legales que protejan a Bélgica frente a posibles acciones judiciales derivadas del uso de activos rusos congelados como respaldo para un préstamo a Ucrania. Esta preocupación, recogida por el medio, se vincula directamente a la ubicación en territorio belga de Euroclear, la entidad que custodia la mayoría de dichos activos. En este contexto, la cumbre de líderes europeos explora fórmulas para asegurar el financiamiento de Kiev sin que Bruselas u otras capitales queden vulnerables ante posibles represalias legales por parte de Moscú.
Según publicó la fuente citada, la Comisión Europea lleva adelante un proceso de negociaciones técnicas con el gobierno de Bélgica, focalizado en definir mecanismos de resguardo jurídico. El jefe del gobierno belga, Bart De Wever, expresó reservas importantes sobre la planificación financiera que implica recurrir a activos rusos congelados; estos cuestionamientos surgen principalmente debido a las implicancias legales de contar con Euroclear en Bélgica, lo que expone especialmente al Ejecutivo belga a potenciales litigios internacionales. El diseño de un instrumento específico para satisfacer a todas las partes se convirtió en el eje del debate de la cumbre, donde la viabilidad y la protección frente a riesgos legales ocupan un lugar prioritario en la agenda.
De acuerdo con lo consignado por el medio, la propuesta que está en discusión consiste en crear un préstamo respaldado por cerca de 90.000 millones de euros depositados en cuentas europeas bajo sanciones internacionales. Este recurso se perfila como esencial para la estabilidad financiera de Ucrania a lo largo de los próximos dos años, en un escenario donde la presión militar rusa impacta de manera significativa en las cuentas públicas de Kiev y en las necesidades de reconstrucción y funcionamiento estatal.
El medio también detalló que la Comisión Europea busca el respaldo unánime de los 27 Estados miembros para aprobar un texto que concilie aspectos técnicos con inquietudes jurídicas, especialmente las de Bélgica. António Costa, presidente del Consejo Europeo, afirmó: “Las conversaciones continuarán hasta que podamos garantizar toda la seguridad para Bélgica”, subrayando la necesidad de garantías legales sólidas como condición previa para cualquier acuerdo. Entre los mecanismos evaluados se incluyen cláusulas adicionales de protección jurídica que eviten una asignación desigual de riesgos entre los países miembros, en particular aquellos con una exposición directa debido a infraestructuras financieras específicas.
Según lo detallado por la fuente, la posición de Bélgica al comienzo consideraba preferible recurrir a la emisión de deuda respaldada por el presupuesto conjunto de la Unión Europea, una opción que dispersaría el riesgo legal y fiscal entre todos los socios. No obstante, este planteamiento perdió fuerza en las negociaciones, lo que dejó a Bélgica ante la posibilidad de cargar de manera más directa con las consecuencias jurídicas potenciales derivadas del uso de los activos bloqueados.
Durante la apertura de la cumbre, las representaciones nacionales manifestaron enfoques divergentes sobre la mejor manera de administrar los fondos rusos congelados. El medio reportó que esta dispersión de puntos de vista impidió la adopción inmediata de una estrategia común, por lo que los equipos técnicos se concentran en la evaluación jurídica de viabilidad y en la construcción de garantías que convenzan a todos los participantes de que el acuerdo no supondrá un aumento desproporcionado del riesgo para ningún país en particular.
Las fuentes europeas citadas indicaron que los trabajos se desarrollan en dos vertientes. Por un lado, la verificación jurídica de la posibilidad de estructurar un préstamo directamente sobre la base de los activos rusos bloqueados. Por el otro, la elaboración de salvaguardas legales orientadas a tranquilizar particularmente a las autoridades belgas, ante la eventualidad de reclamaciones provenientes de Rusia o de otros actores afectados por la medida.
La preocupación manifestada por Bélgica resuena en otros Estados miembros que advierten sobre posibles litigios internacionales, pero el papel central de Euroclear en el esquema vuelve el caso belga especialmente delicado, apuntó el medio. La inclusión de cláusulas de protección específicas para países especialmente expuestos constituye un elemento que podría permitir la superación del actual impasse y lograr la adhesión colectiva al acuerdo.
En paralelo a este debate jurídico y político, la urgencia financiera de Ucrania permanece al tope de las prioridades detectadas por la Unión Europea. La administración de Kiev necesita acceso fluido a fondos internacionales para sostener el funcionamiento gubernamental, financiar reformas y afrontar infraestructuras dañadas durante la ofensiva rusa. El respaldo económico anunciado a través de este instrumento se considera estratégico por los Veintisiete debido a la magnitud de las necesidades ucranianas, informó el medio.
La convergencia de posturas entre los países participantes requiere combinar consensos técnicos, jurídicos y políticos. El mandato de la cumbre apunta a encontrar una fórmula que no sólo asegure los recursos para Kiev, sino que también respete el marco legal internacional y evite dejar a Bruselas u otros socios en situación vulnerable frente a demandas por parte de terceros actores.
El análisis detallado de la propuesta involucra a especialistas de la Comisión Europea, del gobierno belga y del Consejo de la UE, quienes deben definir el alcance y las características del respaldo legal al nuevo préstamo. El medio especificó que la evaluación incluye tanto el análisis del reparto de los beneficios financieros provenientes de los activos como el esquema para afrontar posibles litigios internacionales derivados de su movilización.
Las exigencias técnicas y jurídicas planteadas a lo largo de la primera jornada de negociaciones indicaron que la consolidación de una postura común permanece condicionada a la introducción de garantías que permitan responder de manera eficaz a las potenciales reclamaciones. El contexto internacional de presión sobre la UE y la necesidad urgente de Ucrania por acceso a fondos marcan el ritmo de la discusión entre los líderes comunitarios.
Aunque el formato final del instrumento de préstamo sigue bajo negociación, el medio insistió que la flexibilidad tanto de la Comisión Europea como del Consejo determinará la capacidad de los Veintisiete para conciliar posiciones. Las exigencias legales, particularmente las de Bélgica, y el escenario de presión externo sobre Ucrania y la Unión Europea influyen sobre las decisiones comunitarias en estas horas, mientras permanece en revisión la arquitectura jurídica que dará forma definitiva al eventual acuerdo financiero con Kiev.