En una asamblea encabezada por Patricia Aranda, trabajadoras de diversos sectores relataron el impacto de la medida; el sindicato iniciará acciones legales y presentará recursos de amparo para sostener el ingreso de los beneficiarios.
En el marco de un plan de lucha nacional frente al desmantelamiento de las políticas de integración sociolaboral, la delegación local de la Unión de Trabajadores de la Economía Popular (UTEP) llevó adelante una jornada de visibilización y diagnóstico sobre el cese del programa Volver al Trabajo. La actividad, liderada por la secretaria general Patricia Aranda, reunió a beneficiarias del Salario Social Complementario que desempeñan tareas fundamentales en la comunidad.
Durante el encuentro, trabajadoras de rubros tan diversos como la estética, la gastronomía, el cuidado de personas, el servicio doméstico y la labor sociocomunitaria —incluyendo a las cocineras de comedores populares— compartieron sus experiencias. Los testimonios coincidieron en destacar que el programa no solo representaba un sostén económico, sino una plataforma de capacitación y acceso a oportunidades que hoy se ven truncadas por la decisión del Gobierno nacional.
Un fuerte impacto en el comercio de cercanía
Más allá del drama individual de cada trabajadora, el sindicato puso el foco en las consecuencias macroeconómicas para el distrito. Según las estimaciones de la UTEP, la finalización de este programa significará una pérdida de aproximadamente $300.000.000 mensuales para la economía de Necochea y Quequén.
«Ese ingreso iba destinado casi en su totalidad al consumo local, ya sea en productos básicos o servicios de barrio», explicaron desde la organización. El cese de estas transferencias directas genera una preocupación extra en los comerciantes locales, quienes verán una caída inmediata en sus ventas debido a la evaporación de este flujo monetario que circulaba íntegramente en el mercado interno.
Estrategia judicial y reclamo de derechos
Ante la inminencia del recorte, Patricia Aranda confirmó que la UTEP iniciará una ofensiva legal. Se prevé la presentación de recursos de amparo para intentar frenar la baja de los beneficiarios y sostener el ingreso mínimo de subsistencia. Asimismo, el sindicato mantendrá el reclamo por la actualización del monto, el cual ha quedado severamente licuado por la inflación acumulada.
«El acceso al trabajo sigue siendo una obligación y una deuda del Estado, y garantizar un ingreso digno es parte de esa responsabilidad», sostuvieron durante la asamblea. La organización gremial se declaró en estado de alerta permanente, advirtiendo que la «masacre económica» en los barrios populares no puede permitirse sin el debido resguardo de los derechos adquiridos.
La jornada concluyó con un llamado a la unidad de los sectores trabajadores, remarcando que el rol de las cuidadoras y cocineras es el último eslabón de contención que queda en pie frente al avance de la pobreza en la región.
