En respuesta a la guerra abierta de Rusia contra Ucrania, iniciada el 24 de febrero de 2022, los países occidentales impusieron diversas sanciones contra Rusia, incluyendo la congelación de activos. Se estima que más de 300 mil millones de dólares estadounidenses en activos del Banco Central de Rusia en el extranjero han sido congelados.
La gran mayoría de estos activos soberanos rusos todavía están congelados dentro de la Unión Europea, que indicó que estas medidas estaban “diseñadas para lograr el objetivo político de la UE, cual es el de poner fin a la guerra de agresión de Rusia contra Ucrania, maximizando la presión sobre Rusia y utilizando todos los instrumentos disponibles para reducir su capacidad de librar su guerra de agresión ilegal”. Los demás países occidentales que congelaron activos soberanos rusos tenían una meta similar. Este objetivo aún no se ha alcanzado y las consecuencias son dramáticas.
De hecho, el 25 de febrero último, las Naciones Unidas, en colaboración con el gobierno de Ucrania, el Grupo del Banco Mundial y la Comisión Europea, publicaron una Evaluación Rápida de Daños y Necesidades conjunta para Ucrania, que estimaba que, al 31 de diciembre de 2024, “el costo total de la reconstrucción y la recuperación en Ucrania durante la próxima década será de 524 mil millones de dólares estadounidenses, aproximadamente 2,8 veces el PIB nominal estimado de Ucrania para 2024”.
La pregunta que hay que responder es ¿por qué los activos soberanos rusos congelados no han sido hasta ahora confiscados y transferidos a Ucrania en forma de ayuda militar moderna para cumplir el objetivo de los países occidentales de poner fin a la guerra de agresión de Rusia contra Ucrania?
Es evidente que esto debe hacerse sin más demora por razones morales, judiciales, legales, geopolíticas y económicas.
Razones morales: el argumento moral es indiscutible. Nada justifica la retención de la necesaria ayuda militar moderna a Ucrania, que podría adquirirse con activos soberanos rusos congelados, mientras Rusia ataca a la población civil ucraniana y asesina a niños inocentes o los traslada a diario, por la fuerza, a Rusia.
Razones judiciales: el 16 de marzo de 2022, la Corte Internacional de Justicia de La Haya dictó una orden provisional crucial en el caso Ucrania contra la Federación de Rusia, en la que se afirma que: “La “operación militar especial” que lleva a cabo la Federación de Rusia ha causado numerosas muertes y lesiones entre la población civil. También ha causado importantes daños materiales, incluida la destrucción de edificios e infraestructuras. Los ataques continúan y están creando condiciones de vida cada vez más difíciles para la población civil”. Sobre esta base, la Corte ordenó que: “La Federación de Rusia suspenda inmediatamente las operaciones militares que inició el 24 de febrero de 2022 en el territorio de Ucrania”.
El Kremlin no solo ha ignorado esta sentencia provisional de la Corte Internacional de Justicia, sino que Rusia la ha violado abiertamente al cometer repetidamente actos de genocidio contra la población civil ucraniana, incluidos niños. De hecho, la Corte Penal Internacional emitió una orden de arresto contra Vladimir Putin el 17 de marzo de 2023 por “la deportación y el traslado ilegal de niños ucranianos de las zonas ocupadas de Ucrania a la Federación de Rusia, en contravención del […] Estatuto de Roma”.
El 9 de julio pasado, la Gran Sala del Tribunal Europeo de Derechos Humanos en Estrasburgo dictó una severa sentencia en el caso de Ucrania y Países Bajos contra Rusia sobre la invasión rusa de las regiones de Donetsk y Luhansk iniciada en 2014, la guerra a gran escala de Rusia contra Ucrania que comenzara en 2022 y el derribo por parte de Rusia del vuelo MH17 sobre el este de Ucrania, en el que murieron todas las personas a bordo. En esencia, en esta sentencia, el Tribunal declaró: “177. […] el Tribunal ha tenido que examinar previamente solicitudes derivadas de situaciones de conflicto en Europa […]. Sin embargo, los acontecimientos en Ucrania no tienen precedentes en la historia del Consejo de Europa. La naturaleza y la magnitud de la violencia, así como las inquietantes declaraciones sobre la condición de Ucrania como estado, su independencia y su propio derecho a existir, representan una amenaza para la coexistencia pacífica que Europa ha dado por sentada durante mucho tiempo. […] Esta peligrosa retórica también se ha extendido en ocasiones a otros Estados miembros del Consejo de Europa, como Polonia, Moldavia y los países bálticos. Estas acciones buscan socavar el tejido mismo de la democracia en la que se fundan el Consejo de Europa y los Estados miembros mediante la destrucción de las libertades individuales, la supresión de las libertades políticas y el flagrante desprecio por el Estado de derecho”.
La confiscación de los activos soberanos rusos congelados contribuiría a la ejecución de la sentencia provisional del 16 de marzo de 2022 de la Corte Internacional de Justicia de La Haya, presionando a Rusia para que detenga su guerra abierta contra Ucrania. Desde esta perspectiva, no cabe ningún argumento serio de que dicha confiscación sea infundada o arbitraria.
Razones legales: la confiscación de los activos soberanos rusos congelados cumpliría plenamente con: (1) el artículo 51 de la Carta de las Naciones Unidas, que reafirma el derecho inherente de legítima defensa colectiva, si ocurre un ataque armado contra un miembro de la ONU, que obviamente incluye a Ucrania; y (2) las disposiciones de la Responsabilidad de los Estados por hechos internacionalmente ilícitos que fueron recomendadas a los gobiernos mediante la Resolución 56/83 de la Asamblea General de la ONU, adoptada el 12 de diciembre de 2001, a saber: (a) los artículos 30 y 31, que obligan a los Estados a cesar todo hecho internacionalmente ilícito y a reparar íntegramente el daño causado por dicho hecho; y (b) los artículos 40 y 41, que disponen que los Estados cooperarán para poner fin a todo incumplimiento grave de una obligación que surja de una norma imperativa del derecho internacional general, como la prohibición de la agresión.
Razones geopolíticas: los países occidentales están aumentando sus presupuestos de defensa porque comprenden que Rusia representa una amenaza peligrosa para la seguridad euroatlántica. Las recientes intrusiones rusas en el espacio aéreo de Estonia, Finlandia, Letonia, Lituania, Noruega, Polonia y Rumania ratifican este hecho. Muchos líderes han reconocido que Rusia irá más allá si supera a Ucrania atacando eventualmente a un país miembro de la OTAN, lo que provocaría una Tercera Guerra Mundial. La confiscación de activos soberanos rusos congelados para proporcionar ayuda militar moderna a Ucrania ayudará a evitar dicha catástrofe y obligará a Rusia a un alto el fuego incondicional y posteriormente a un verdadero acuerdo de paz.
Razones económicas: la cantidad total de activos soberanos rusos congelados (alrededor de 300 mil millones de dólares estadounidenses) es sustancialmente menor que el costo total de la reconstrucción y recuperación en Ucrania (524 mil millones de dólares estadounidenses) y ese costo aumenta día a día, como resultado de los incesantes ataques aéreos rusos contra la población civil y la infraestructura de Ucrania.
Razones políticas: sencillamente no hay ninguna razón lógica para seguir permitiendo que Rusia destruya a Ucrania y a su pueblo mientras los activos soberanos rusos permanecen congelados en las cuentas de los bancos occidentales.
De hecho, los países occidentales están permitiendo que la historia se repita al cometer el mismo error con los activos soberanos rusos congelados que con el apoyo militar a Ucrania, es decir, proporcionar ayuda a Ucrania sólo de manera incremental en respuesta a los crecientes actos de genocidio de Rusia contra el pueblo ucraniano.
En última instancia – teniendo razones más que suficientes para hacer lo correcto, es decir confiscar los activos soberanos rusos congelados y entregarlos a Ucrania en la forma de ayuda militar actual – lo único, que todavía hace falta, es la voluntad política.
Presidente ONG Ukraine-2050
