El Tribunal Supremo (TS) ha descartado este miércoles enviar a prisión provisional al exministro de Transportes José Luis Ábalos, si bien ha recalcado que los indicios en su contra son cada vez más «consistentes», mencionando en concreto los «ingresos opacos» que ha revelado el último informe de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil, así como los inmuebles relacionados con el presunto conseguidor del ‘caso Koldo’, el empresario Víctor de Aldama.
«Es evidente que persisten (…) sólidos indicios de criminalidad con relación a la persona del investigado don José Luis Ábalos», reza la resolución dictada este miércoles por el instructor Leopoldo Puente.
A su juicio, el último informe de la UCO «viene a incrementar, siempre en los términos indiciarios que resultan propios de este momento procesal, la existencia y robustez de los mencionados indicios, poniendo de relieve que el investigado, sin hacer uso de cantidad alguna en metálico procedente de sus cuentas bancarias durante varios años, efectuó, sin embargo, significativos ingresos en metálico en esas mismas cuentas».
«Y no solo eso», subraya, sino que además pone de manifiesto «la existencia de muy estrechos vínculos» entre los patrimonios de Ábalos y el que fuera su asesor ministerial Koldo García, ya que éste habría asumido «muy significativos gastos» cuyo abono correspondía al entonces ministro, como «pensiones alimenticias de uno de sus hijos» o «regalos u otras atenciones a personas que integraban el círculo personal» del ex dirigente socialista. Todo ello por unos 95.000 euros, precisa.
En este punto, el magistrado ha querido destacar que, al no declarar en la comparecencia de este miércoles, porque ha alegado que se sentía indefenso al no contar con un abogado de su confianza –porque ha estado asistido por el letrado al que quiso renunciar el pasado lunes–, Ábalos no ha dado «explicación razonable alguna que pudiera justificar la existencia de aquellos ingresos por razones distintas de las que en este procedimiento se le atribuyen».
El instructor detalla que, «junto a dichos ingresos de naturaleza opaca», la UCO reflejó «otros» procedentes del hermano de Koldo, Joseba García, «cuyo origen o fundamento resulta también desconocido». Como ejemplo, menciona una transferencia por 12.000 euros.
Recuerda asimismo que el propio Koldo pagó a Ábalos el alquiler de una vivienda en Madrid entre 2019 y 2021 por un total de 26.600 euros que el exministro «no habría incluido en sus correspondientes declaraciones fiscales».
Al magistrado le «llama particularmente la atención» un ingreso en metálico, efectuado en junio de 2020 por la expareja de Koldo, Patricia Uriz, en la cuenta de Ábalos por 5.700 euros, «apareciendo como concepto el de pago anticipado de las rentas correspondientes a los meses de julio a diciembre de 2020».
Puente también menciona como sospechoso «el pago de una cantidad, efectuada por Koldo, para el disfrute de un chalet en Marbella por parte de Ábalos y su familia –por importe de 9.800 euros, 8.000 de los cuales fueron abonados a la propiedad al contado».
EL NEXO INMOBILIARIO ENTRE ÁBALOS Y ALDAMA
Y «el disfrute» por parte de Jésica Rodríguez, ex pareja de Ábalos, de un piso en la céntrica Plaza de España de Madrid cuyo alquiler pagaba «un socio» de De Aldama, así como «la consecución de sendos arriendos de inmuebles, uno en la costa gaditana y otro en Madrid, con opción de compra».
«Merece ser destacado que nada menos que tres inmuebles, vinculados al señor Ábalos de forma directa o indirecta, vienen siempre a presentar como denominador común la continua presencia del señor De Aldama, beneficiado por las comisiones generadas como consecuencia de las adjudicaciones» irregulares que se investigan, enfatiza el instructor.
Puente hace hincapié en que, «de todos los pisos existentes en Madrid, la pareja sentimental del señor Ábalos residía, precisamente, en uno, de lujo, cuya renta era abonada por un socio del señor Aldama y después por el asesor del entonces ministro».
«De todos los chalets ubicados en la costa andaluza, precisamente el señor Ábalos vino a arrendar, con opción de compra, un piso que adquirió con ese fin una empresa vinculada entonces con el señor De Aldama», continúa.
Y remacha diciendo que, «finalmente, de todos los pisos que el señor Ábalos podría haber intentado adquirir en Madrid para satisfacer sus necesidades de vivienda, vino a concertar un contrato privado de alquiler, nuevamente con opción a compra y con un precio aparentemente muy inferior al de mercado, que resulta ser, precisamente, propiedad del señor De Aldama».
A todo esto suma que, del informe de la UCO que propició la entrada en prisión del ex secretario de Organización del PSOE Santos Cerdán, «resultan indicios muy consistentes de que, tanto Ábalos como Koldo podrían haber obtenido ilícitos rendimientos económicos a cambio de la indebida adjudicación de obras públicas, determinadas en el marco del Ministerio del que el primero era titular, concertados con terceras personas para este fin».
En este contexto, el magistrado ve indicios «de singular contundencia» de la posible comisión por parte de Ábalos de presuntos delitos de integración en organización criminal, tráfico de influencias y cohecho, «sin perjuicio de ponderar también la posible existencia de un delito de malversación de fondos públicos».
