En dos meses, la historia de la corrupción argentina se partirá en dos.
El 6 de noviembre próximo, el Tribunal Federal N°7 comenzará el largo proceso de juzgar la causa de los ocho cuadernos de las presuntas coimas, escritos por el chofer Oscar Centeno, revelados a fines de julio de 2018. No hay un hecho que se compare en los años de la Argentina. Rara vez la perversión de la política y la perversión del capital se mezclaron de esta manera. O, por lo menos, nunca fue registrada con tanto detalle.
Cristina Kirchner, hoy presa en su casa de Constitución, condenada en la causa Vialidad, es la principal imputada, junto con Julio De Vido, su ministro de Planificación y su número dos, Roberto Baratta, subsecretario de Coordinación y Control de Gestión, a quien Centeno llevaba y traía en su Toyota Corolla, para trasladar la plata de los supuestos sobornos de los grandes empresarios, deseosos de engrasar a su favor las ruedas de la obra pública.
Hay otros 71 imputados, que se enfrentarán a los jueces Fernando Canero, Enrique Méndez Signori y Germán Castelli. Fabiana León será la fiscal acusadora. Declararán, en principio, 626 testigos. La Unidad de Información Financiera, hoy encabezada por el fiscal federal Paul Starc, estará entre los querellantes.
El juicio, por otra parte, sin duda resonará con el presente. El proceso -que comenzará después de las elecciones de octubre – se mezclará con el clima político, de cara a la investigación por las supuestas coimas en la Agencia Nacional de Discapacidad de la era Milei, que se desarrolla a dos pisos de distancia del Tribunal N°7 en Comodoro Py. Lo que pueda ocurrir, de cara a un mapa político totalmente volátil, es, en el fondo, impredecible.
El juicio se hará por zoom. No existe una sala judicial en la Argentina lo suficientemente grande como para contenerlo. Haría falta el Luna Park. Los tiempos del juicio son otro capítulo.
Se había planeado una audiencia por semana, todos los jueves hábiles. En un fallo firmado el mes pasado, la Sala I de la Cámara Federal de Casación recomendó al Tribunal, con buen tino, “que no sería ocioso” que “revise el criterio adoptado tomando en cuenta una más pronta finalización del juicio”, una forma elegante de decir que apure los tiempos. Con una audiencia por semana, podría durar cerca de tres años, de acuerdo a fuentes del caso. La nueva agenda aún queda por verse: las partes fueron citadas a una audiencia el 24 de septiembre para intentar reducir la lista de testigos a un mínimo indispensable.
Los ocho cuadernos con sus 477 páginas, escritos por Centeno luego de llevar y traer a Baratta en su Toyota Corolla, son bitácoras constantes de kilometrajes, paradas y paquetes transportados en el Toyota Corolla con el número dos de De Vido en el asiento de pasajero. Centeno copió movimientos de “bolsos”, “paquetes con dinero”; fue meticuloso al anotar lo que veía y oía, nombres y lugares y piezas del poder político y corporativo de la República Argentina que se reunían con su jefe, nombres de un significado y un poder notable. Habló de encuentros privados en hoteles céntricos, en oficinas o estacionamientos de empresas y en la Quinta de Olivos.
Y el elenco. El elenco aquí es todo. Son los nombres del poder de otra década. Estará Rudy Ulloa, ex chofer de Néstor Kirchner convertido en empresario, Ricardo Jaime, Juan Pablo Schiavi, Juan Manuel Abal Medina, José Francisco López, el hombre de los bolsos, o Héctor Daniel Muñoz, ex secretario de Néstor Kirchner, que murió en 2016. Ernesto Clarens, señalado como el financista del fallecido ex presidente y procesado por lavado de dinero en varios expedientes judiciales por corrupción, acusado de ser un cobrador casi del mismo calibre que Baratta. Néstor Kirchner también fue acusado. Su muerte extinguió la acción penal en su contra.
Entre los empresarios, se destacan Ángelo Calcaterra, primo de Mauricio Macri, o Aldo Benito Roggio, alguna vez señor de los subtes de la ciudad de Buenos Aires, el poderoso metalúrgico Enrique Pescarmona, Carlos Guillermo Enrique Wagner, presidente de la Cámara de Construcción y Presidente del directorio de la firma Esuco S.A. Algunos de los empresarios en la lista declararon como arrepentidos, confesaron haber pagado. Accedieron, según ellos mismos, a las demandas de Baratta para financiar campañas electorales. Calcaterra quedó eximido del juicio en junio último: al asegurar que aportó dinero para campañas, su caso será analizado por la Justicia electoral.
El gigante del acero Techint fue ampliamente mencionado por el chofer en sus bitácoras. Centeno describió en sus anotaciones de 2008 las nueve visitas del número 2 de De Vido, Roberto Baratta, al edificio del holding siderúrgico que comanda Paolo Rocca. Allí cuenta que la plata después era entregada en persona a Daniel Muñoz. Sin embargo, Paolo Rocca no estará entre los acusados, tampoco ningún ejecutivo de su corporación. Rocca recibió la falta de mérito en la Cámara de Casación; los ejecutivos acusados fueron sobreseídos en 2021.
Un sobre más grande que otro
Los fiscales Carlos Stornelli y Carlos Rívolo investigaron el caso bajo la firma del juez Claudio Bonadío. Sus pedidos de elevación a juicio fueron enciclopédicos, con 1029 páginas. Necesitaron escribir un índice al final.
“Asociación ilícita” es la imputación clave. El término es usado 547 veces en la primera elevación a juicio. Los acusados, según los fiscales, “integraron una asociación ilícita, que desarrolló sus actividades al menos desde el mes de mayo del año 2003 y hasta el mes de noviembre del año 2015, y cuya finalidad fue organizar un sistema de recaudación de fondos para recibir dinero ilícito con el fin de enriquecerse ilegalmente y de utilizar parte de esos fondos en la comisión de otros delitos”. Con relación a Cristina Kirchner, continuaron, “se encuentra acreditada su intervención en dicha asociación ilícita en carácter de jefa”.
La primera coima en la lista del caso vincula a la ex presidente, Baratta y Wagner con un sobre de medio millón de dólares entregado el 2 de junio 2010, derivado a Héctor Daniel Muñoz. El que sigue en la lista lo duplica en tamaño: un millón en moneda americana que Wagner había entregado a Baratta, que luego entregó a Daniel Muñoz. Pescarmona aparece en seis pagos de 200 mil dólares cada uno.
Centeno tampoco se salvó, a pesar de ser acogido por el Programa de Testigos e Imputados del Ministerio de Justicia de la Nación; los fiscales lo acusaron y el juez Claudio Bonadío lo elevó a juicio como miembro de la asociación ilícita. La polémica histórica a su alrededor fue si, efectivamente, había escrito los cuadernos, o si eran una grandiosa falsificación, la novela política amateur del siglo. Un peritaje caligráfico ordenado a Gendarmería por el Tribunal N°7 y revelado a mediados de agosto determinó que, efectivamente, los escribió el ex chofer, el hombre del Toyota Corolla.
En este proceso se juzgará, en rigor, la causa madre de los cuadernos, el expediente número 9806/2018: la presunta asociación ilícita planteada por Stornelli y Rívolo engloba cohechos, encubrimientos, hasta tenencia ilegal de armas. Bonadío murió en febrero de 2020, menos de seis meses después de elevar la investigación a juicio.
La causa se conecta con otra decena de expedientes que analizan la corrupción kirchnerista. Varias de estas causas ya fueron juzgadas. El proceso del expediente de los cuadernos es, en parte, el fin de una narrativa que atravesó a la Argentina contemporánea. Será interesante ver esas caras una vez más, una junto a la otra, en el mosaico sin alma de un juicio por zoom, Cristina Kirchner presa en su casa, todos ellos quietos en sus casas, esperando, maquinando, tal vez temiendo, jugando con sus defensas una ficha más.
