En una verdadera bola de nieve se convirtió un informe de la Contraloría General de la República (CGR), el que que reveló que exactamente 25.078 mil empleados públicos salieron del país, algunos de vacaciones y otros hasta para terminar sus estudios, luego de haber pedido licencias médicas entre los años 2023 y 2024.
La noticia provocó un escándalo de proporciones y mientras desde la oposición oficiaron al Consejo de Defensa del Estado (CDE) y el Ministerio Público a fin de perseguir y sancionar a los infractores, desde el Gobierno anunciaron una batería de informes y sumarios internos en todas las reparticiones apuntadas, las que suman 788.
El lunes, la contralora Dorothy Pérez, erigida como la nueva adalid de la probidad estatal en el país, llegó hasta la Comisión de Salud del Senado para explicar cómo se llevó a cabo el estudio, cita en la que realizó una severa crítica a los servicios públicos por no detectar estas malas prácticas a tiempo, y anunció las medidas que el órgano fiscalizador ya comenzó a implementar al respecto.
A modo de ejemplo, Pérez expuso el caso de una funcionaria de la Dirección de Presupuesto “con 332 días de licencias médicas que ejercía otras labores como psicóloga, y nosotros comprobamos a través del Servicio de Impuestos Internos que ella emitía boletas de honorarios en ese periodo y estaba además realizando actividades recreativas y lo publicaba en redes sociales, mientras estaba con su licencia médica”.
Otros casos corresponden a funcionarios que “se dedicaron a viajar por Europa mientras estaban con licencia médica o en comisiones de servicio en el extranjero y la extendieron para poder viajar hacia otro continente con su licencia médica. Algunos funcionarios hicieron completos sus estudios en el extranjero con licencia médica”, acusó.
La desfachatez de algunos fue tal que incluso existe un caso donde un trabajador del área de la salud se emitió una licencia a sí mismo y luego se fue de vacaciones al extranjero.
Además, aseguró que también se fiscalizará a Capredena y Dipreca, instituciones de seguridad social encargadas de administrar las pensiones y beneficios para las policías y las Fuerzas Armadas.
1,102 renuncias
Al día siguiente, en un concurrido punto de prensa, el ministro de Hacienda, Mario Marcel, calculó en USD 300 millones las pérdidas solo en el gobierno central e informó que en un especie de efecto dominó 1.102 trabajadores ya habían dejado sus puestos -aunque no precisó quiénes lo hicieron de manera voluntaria y quienes no-, y que 6.592 personas están siendo sumariados.
La autoridad detalló que los 36 mil viajes fuera del país detectados por la Contraloría corresponden a unos 25 mil trabajadores, puesto que muchos de ellos salieron más de una vez de Chile mientras estaban con licencia médica.
Luego, pidió a las jefaturas abrir primero un sumario, esperar su resultado y luego tramitar la renuncia, a fin de que el funcionario en cuestión no quede libre de polvo y paja al dimitir y pueda volver a postular a un cargo público sin problemas.
Asimismo, el jefe de la billetera fiscal explicó que los sumarios que se implementaron “no son investigaciones” y se trata de procesos relativamente simples y cortos que incluyen sólo tres preguntas: la causa de la licencia, los viajes hechos y su motivo o razón.
Tocante a los resultados de estos sumarios, Marcel hizo la distinción entre sanciones penales y administrativas:
“Entre las consecuencias está el rechazo de las licencias, la devolución de los fondos al empleador, es decir, al servicio en el cual trabaja. En cuanto a las sanciones, pueden incluir la destitución o suspensión con reducción de sueldo. Por supuesto, puede haber sobreseimiento o absolución en casos específicos, como los casos de licencias maternales que no son incompatibles con el hecho de viajar”, sostuvo.
Los damnificados ilustres
La tarde de ese lunes, el presidente Gabriel Boric señaló que “la postura del Gobierno y la mía personal es que cuando se defrauda la fe pública, tiene que haber sanciones que sean drásticas y categóricas”.
“Quienes tengan que ser destituidos, tienen que ser destituidos. Acá no puede haber defensa corporativa de ningún tipo”, agregó taxativo.
Paradójicamente, el primer damnificado resultó ser Raúl Domínguez Bastidas, jefe de la División de Política Regulatoria y Estudios de la Subsecretaría de Telecomunicaciones (Subtel), un viejo amigo y compañero del colegio del mandatario, quien presentó su renuncia tras revelarse que viajó a Europa luego de haber emitido una licencia.
El martes, Mauricio Tapia, jefe de gabinete de la Seremi de Desarrollo Social en Magallanes y también cercano al Presidente Boric, dejó su cargo luego de que el medio The Clinic revelara que viajó a Argentina con su hijo en 2023 -específicamente a la ciudad de Río Gallegos-, mientras estaba con licencia psiquiátrica.
Tapia, militante del Frente Amplio -el partido del mandatario-, aparece junto a Boric en varias publicaciones en redes sociales y en una de ellas se lo puede ver celebrando el triunfo del Presidente en las últimas elecciones junto a Irina Karamanos, la ex pareja de este.
El tercer damnificado ilustre fue Marcos Barraza (PC), ex ministro de Desarrollo Social y Familia del segundo gobierno de la presidenta Michelle Bachelet, quien renunció ese mismo lunes a su puesto como asesor del Ministerio del Trabajo y Previsión Social tras aparecer en el listado de funcionarios que viajaron fuera del país con licencia, mientras trabajaba como jefe de gabinete de la ex edil de Santiago, Irací Hassler.
Una de las dimisiones que más llamó la atención fue la de Carmen Monsalve, hermana de Manuel Monsalve, el exsubsecretario del Interior acusado de violación por una subalterna, quien se desempeñaba como Intendenta de Prestadores de Salud en la Superintendencia de Salud.
Otro caído fue Patricio Baronti, gerente corporativo de personas del Metro de Santiago, quien aseguró que “como parte de mi tratamiento, los especialistas me recomendaron evitar quedarme en casa, fomentando desplazamientos y contacto con personas relevantes para mí”.
A la lista se suma Iván Mendoza, vicepresidente del Colegio Médico de Chile (Colmed), quien renunció “ante la eventual inclusión de mi caso por un cruce de fechas entre un feriado legal y el inicio de una licencia médica”, según explicó en una carta.
Finalmente, probablemente el caso más escandaloso fue el del alcalde de la comuna santiaguina de Macul, Eduardo Espinoza (ex Republicanos), quien estando con licencia cruzó por pocas horas a la ciudad peruana de Tacna por tierra y fungió también como director técnico en un partido amistoso entre Colo Colo de Todos los Tiempos y un equipo de históricos de San Marcos de Arica, en el estadio de esa ciudad.
El edil no renunció a su puesto, pero su partido congeló su militancia y consultado al respecto, sostuvo a Meganoticias que “no hay nada ilegal en todo esto” pues “estaba autorizado por el doctor, era parte del tratamiento”.