La participación ciudadana en el referéndum impulsado por el gobierno de Daniel Noboa alcanzó niveles altos: el 80 por ciento del padrón electoral acudió a las urnas, de acuerdo con datos divulgados por Diana Atamaint, presidenta del Consejo Nacional Electoral (CNE), a través de la red social X. El reporte preliminar, con alrededor del 70 por ciento de las actas escrutadas, muestra que la población ecuatoriana rechazó de forma mayoritaria las cuatro propuestas sometidas a votación, según informó Europa Press.
El paquete de reformas defendido por el Ejecutivo incluía la reinstalación de bases militares extranjeras, la eliminación del financiamiento estatal para los partidos políticos, la reducción de escaños en la Asamblea Nacional y la convocatoria a una Asamblea Constituyente para revisar la Constitución de 2008. Tal como consignó Europa Press, la negativa a reinstalar bases militares recibió el rechazo del 60,3 por ciento de los participantes. La propuesta para terminar con la financiación pública de los partidos obtuvo el 57,8 por ciento de votos contrarios, y el recorte de escaños fue rechazado por el 53,2 por ciento del electorado. Por último, la propuesta para convocar una Asamblea Constituyente no alcanzó apoyo suficiente, ya que más del 61 por ciento de los sufragantes votaron en contra.
La propuesta sobre las bases militares generó controversia dado el antecedente de la base aérea de Manta, que operó para el Mando Sur de Estados Unidos entre 1999 y 2009. En ese periodo se registraron denuncias sobre violaciones a los derechos humanos, según detalló Europa Press. Además, la Constitución aprobada en 2008, luego del término de la cooperación militar con Estados Unidos, prohíbe formalmente la presencia de fuerzas militares extranjeras en territorio ecuatoriano, un hecho que también influyó en el rechazo de la ciudadanía a esta iniciativa.
Esta consulta popular tuvo lugar en una coyuntura marcada por el agravamiento de la seguridad. Según publicó Europa Press, el avance del narcotráfico y el fortalecimiento de bandas criminales han generado una ola de violencia en el país. El Ejecutivo declaró el conflicto armado interno y estableció el estado de excepción en varias zonas, catalogando a las organizaciones criminales como grupos terroristas y desplegando operativos conjuntos de las fuerzas armadas y la policía. Sin embargo, de acuerdo con el reporte, estas medidas no han logrado reducir de manera notable los índices de homicidios.
El rechazo a las propuestas gubernamentales representa un revés para el presidente Noboa y su partido, Acción Democrática Nacional (ADN), quienes promovieron el ‘Sí’ a las reformas. Europa Press reportó que la oposición se agrupó en torno al movimiento Revolución Ciudadana (RC) liderado por el expresidente Rafael Correa, la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador (Conaie), organizaciones sociales y sindicatos. Estos sectores criticaron el uso de fondos estatales en la organización del referéndum y argumentaron que la verdadera intención tras las preguntas era avanzar hacia la privatización de servicios públicos, como la educación y la salud. Desde la oposición, principalmente el bloque correísta, también se defendió el texto constitucional vigente, considerando que representa una salvaguarda para el Estado de derecho y la protección de minorías.
Europa Press contextualizó este referéndum dentro de la historia reciente de la democracia ecuatoriana, apuntando que desde la restauración democrática en 1978, el país ha realizado quince procesos de consulta popular y referéndum a nivel nacional. Durante la administración de Rafael Correa, se realizaron cuatro consultas, destacando el uso extendido de este instrumento durante ese periodo. El gobierno de Noboa ha acudido dos veces a este mecanismo: la anterior, en abril de 2024, abordó once reformas centradas principalmente en seguridad y cuestiones institucionales, de las cuales nueve recibieron aprobación.
El debate sobre la legitimidad y el objetivo del referéndum ha marcado el contexto de esta convocatoria. Según detalló Europa Press, mientras los sectores opositores aseguraron que la consulta pretendía distraer la atención de los problemas urgentes y modificar el modelo de Estado, el oficialismo postuló que las reformas buscaban fortalecer la seguridad y mejorar el funcionamiento de las instituciones. El desenlace, con tendencia clara hacia el rechazo de las cuatro iniciativas principales, redefine el escenario político inmediato para el Ejecutivo y refuerza la vigencia de la Constitución de 2008, a la espera de la finalización oficial del escrutinio.
