Los exdirectivos de la empresa cerealera Vicentin solicitaron la intervención de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, en el marco del conflicto judicial que enfrenta la histórica agroexportadora, cuya continuidad se encuentra en riesgo tras la anulación del acuerdo preventivo en su concurso de acreedores.
La situación no solo amenaza la supervivencia de la empresa, sino que también podría tener graves repercusiones económicas y sociales en la provincia de Santa Fe.
De acuerdo con el documento de 11 páginas presentado por los abogados Gabriel H. Fissore, Pablo A. Buey Fernández y Javier Alegría, con el patrocinio de los letrados Ricardo Gil Lavedra, Maximiliano Toricelli y Leonardo Lucas, la decisión de la Corte Suprema de Santa Fe de anular la homologación del acuerdo preventivo alcanzado en el concurso de acreedores constituye una “arbitrariedad manifiesta”. Los representantes legales de Vicentín argumentan que esta resolución vulnera el debido proceso y la defensa en juicio, y solicitan que el máximo tribunal nacional revierta la medida.
El recurso presentado ante la CSJN detalla una serie de puntos clave que, según los exdirectivos, evidencian irregularidades en el fallo de la Corte santafesina. Entre ellos, se destaca la acusación de prejuzgamiento por parte de dos ministros de la Corte Provincial, quienes habrían emitido opiniones anticipadas durante el tratamiento de un pedido de avocamiento presentado por uno de los acreedores, que había señalado supuestas irregularidades en el proceso concursal.
Otro de los argumentos centrales del reclamo es la supuesta interpretación errónea del principio de igualdad entre acreedores. Según los abogados de Vicentin, la propuesta de pago aprobada por más del 60% de los acreedores, que representan el 72% del capital, no violaba dicho principio, ya que ofrecía las mismas condiciones a todos los involucrados. Asimismo, rechazan la acusación de que la conversión de deudas en pesos a dólares sin otorgar intereses constituya una propuesta abusiva, calificando esta conclusión como carente de sustento legal.
El escrito también cuestiona la decisión de la Corte Provincial de anular la homologación del acuerdo preventivo basándose en una supuesta falta de fundamentación por parte de la Cámara de Apelaciones. Según los exdirectivos, la Cámara había realizado un análisis detallado del caso, por lo que consideran que la resolución provincial carece de justificación.
El pedido a la Corte
En su pedido a la CSJN, los exdirectivos de Vicentin solicitan que se admita el recurso de queja y que se suspenda la ejecución de la sentencia de la Corte santafesina mientras se resuelve el planteo federal. Argumentan que la resolución provincial genera un “gravamen irreparable” y que su ejecución podría agravar aún más la crisis de la empresa.
El recurso también subraya la gravedad institucional del caso, destacando que la caída de Vicentin tendría un impacto significativo en el tejido productivo de la región. Según la presentación, la crisis judicial ya ha comenzado a afectar la operatividad de la empresa, que ha enfrentado cortes de servicios esenciales como el suministro eléctrico, lo que obligó a tomar medidas judiciales de urgencia para evitar desastres industriales. Además, la falta de homologación del acuerdo preventivo ha paralizado la actividad comercial de la compañía, agravando la situación económica en localidades como Reconquista, Ricardone y San Lorenzo, donde se encuentran sus principales plantas.
La situación de Vicentin, una de las principales agroexportadoras del país, ha generado preocupación no solo entre sus trabajadores y acreedores, sino también en la comunidad productiva de Santa Fe y en el ámbito económico nacional. Según consignó el recurso, la continuidad de la empresa es fundamental para preservar miles de empleos directos e indirectos.
El conflicto judicial que enfrenta Vicentin se enmarca en una compleja trama de disputas legales y financieras que ha puesto en jaque a la compañía desde que se declaró en cesación de pagos en 2019. La intervención judicial que desplazó a las autoridades societarias y la reciente anulación del acuerdo preventivo han intensificado la incertidumbre en torno al futuro de la empresa, que ahora busca una resolución favorable por parte de la CSJN para evitar su quiebra.