Con el propósito de fortalecer la presencia del Estado en los barrios populares del conurbano y poner un freno al avance del narcotráfico, el jefe de los fiscales de la provincia de Buenos Aires, Julio Conte-Grand, acordó con el obispo de San Justo, monseñor Eduardo García, la apertura de la primera oficina de atención del organismo en villas y barrios populares.

La sede del organismo fiscal abrirá en la parroquia de San José, de La Matanza, como se acordó también con el padre Nicolás “Tano” Angelotti, responsable en ese distrito bonaerense de los Hogares de Cristo, la institución de la Iglesia que ofrece albergue y asistencia a jóvenes y adolescentes que luchan por superar la adicción a las drogas.

La decisión apunta a enfrentar el grave problema del narcotráfico, además de favorecer la instrumentación de políticas públicas para combatir las adicciones y el crimen organizado. El objetivo es, también, promover la presencia del Estado como “llave fundamental para el desarrollo de la sociedad”, como se planteó en la reunión del procurador Conte-Grand con el obispo García y el padre Tano.

La penetración de la droga y el narcotráfico en las poblaciones vulnerables es hoy una de las principales preocupaciones de la Iglesia. Una encuesta del Observatorio de la Deuda Social Argentina (ODSA), que en los últimos quince años viene realizando mediciones sobre problemáticas sociales en la Universidad Católica Argentina (UCA), reveló que el 49,2% de los vecinos de las villas conoce los lugares de venta de drogas en el propio barrio, incluso en la misma cuadra.

En el encuentro realizado para la apertura de la oficina de la Procuración General bonaerense en una parroquia de La Matanza se abordaron los temas que preocupan a la población de los barrios populares y villas en el conurbano bonaerense. Fuentes cercanas a las comunidades de los Hogares de Cristo señalaron que con esta iniciativa se procura “poner la mirada en los más frágiles del tejido social, las personas en situación de calle, el estado de emergencia de la salud mental, el abandono progresivo de abuelos, menores desprotegidos y en conflicto con la ley y la reinserción de liberados en la sociedad”, entre otras realidades que hoy carecen de una atención efectiva.

El acceso a la Justicia

Monseñor García destacó la firma del convenio, al que definió como “un paso más en el esfuerzo que hacemos en los barrios por concretar el objetivo de Tierra-Techo-Trabajo, porque la urbanización no solo son ladrillos, cloacas y techos”.

“También es –prosiguió- el acceso a la Justicia y a otros bienes esenciales, como la educación y la salud. Tener una oficina en nuestros barrios -lugares asediados por la violencia, el narco, las amenazas, los asesinatos y problemas familiares-, donde los vecinos puedan llevar sus inquietudes y situaciones, es un avance en el proceso de dignificación de la vida de nuestros hermanos”.

El obispo de San Justo señaló, así, que “este trabajo mancomunado de la Iglesia y la comunidad organizada con el Estado es un paso adelante en el camino de la esperanza para alcanzar la vida digna”.

En la reunión con Conte-Grand, según informó el medio local La Voz de San José, salieron a la luz las principales inquietudes de los vecinos de los barrios de la parroquia. Entre ellos, la entrega de escrituras en el camino de total urbanización del Barrio 17 de Marzo. “No es un área que corresponda directamente al Poder Judicial, aunque es una tarea del Ministerio de Justicia. Nosotros seguimos con interés esta situación, porque la regularización de la entrega de viviendas es un paso muy importante para consolidar la presencia del Estado en los ámbitos en los que el crimen organizado combate con herramientas muy fuertes”, fue una de las respuestas del jefe de los fiscales bonaerenses.

De acuerdo con el convenio, el Ministerio Público Fiscal bonaerense y la Iglesia celebrarán reuniones periódicas sobre temas de preocupación común, a partir de una agenda acordada por las partes, con el propósito de “desarrollar y supervisar proyectos de colaboración”.

La intención es que la apertura de la primera sede para el trabajo de los fiscales en la parroquia San José, de La Matanza, se extienda en el futuro a otros barrios populares y villas del conurbano.