La confusión generada por una comunicación institucional imprecisa ha propiciado que numerosos negocios y trabajadores autónomos consideraran, erróneamente, que la implementación de ‘Verifactu’ sería obligatoria para todos, según el Consejo General de Gestores Administrativos. En ese marco, el Consejo ha señalado que algunas empresas aprovecharon esta situación para ofrecer soluciones digitales que no respondían a una necesidad real de todos los contribuyentes. Este contexto de incertidumbre se produce tras la reciente postergación de la entrada en vigor del sistema fiscal digital, medida adoptada por el Ministerio de Hacienda y celebrada por los gestores administrativos, tal como difundió el medio.
De acuerdo con la información difundida por el Consejo General de Gestores Administrativos y recogida por los medios, la nueva fecha establecida para que ‘Verifactu’ comience a regir será en 2027. Previamente, la implementación estaba prevista para el 1 de enero de 2026 en empresas sometidas al Impuesto sobre Sociedades, y para el 1 de julio de 2026 en el caso de otros negocios y autónomos que facturaran mediante sistemas informáticos. El Consejo sostiene que este aplazamiento ha sido bien recibido en el sector, ya que otorga un margen de respiro y ofrece estabilidad tras meses de inquietud entre los agentes económicos afectados.
El presidente del Consejo General, Fernando Jesús Santiago, precisó en un comunicado que la noticia “aporta, por fin, la tranquilidad que las empresas y los autónomos no han tenido en todo este año”. No obstante, el Consejo advirtió que el retraso solo será verdaderamente útil si se destina a organizar el despliegue del sistema y a clarificar con detalle el perfil de quienes deben acogerse a la nueva normativa. Según Santiago, la clave está en utilizar este lapso para definir con precisión el alcance de la obligación y evitar así que el mercado vuelva a enfrentar episodios de confusión similares.
La entidad remarcó que el reglamento es específico respecto a la obligatoriedad de ‘Verifactu’: únicamente quedan sujetos quienes utilizan sistemas informáticos de facturación, y solo en los términos que recoge el propio reglamento. El Consejo criticó que la Agencia Tributaria transmitió la idea de que el sistema digital era una obligación generalizada, contradiciendo los requisitos legales establecidos.
Durante el periodo en que circuló una percepción errónea sobre la universalidad del sistema digital, muchos pequeños negocios y autónomos consideraron que debían adaptarse de inmediato, detalló el Consejo según reportaron los medios. Esa inquietud facilitó la comercialización de productos y servicios relacionados con ‘Verifactu’ a contribuyentes que no tenían la obligación de implementarlos. Los gestores administrativos insisten en la necesidad de evitar nuevas situaciones de desinformación, y reclaman una estrategia de comunicación clara y transparente por parte de las autoridades fiscales para futuras etapas.
Ante esta situación, los representantes del colectivo de gestores reiteran al Ministerio de Hacienda y a la Agencia Tributaria la importancia de actualizar la información oficial, dotando a los contribuyentes de las herramientas necesarias para diferenciar cuándo una obligación fiscal les afecta directamente. El Consejo General subraya que resulta fundamental ordenar y planificar la implantación del sistema para reducir interferencias en la actividad empresarial y favorecer una adecuada adaptación tecnológica cuando sea el momento.
El cambio en los plazos para la exigencia de ‘Verifactu’ también ofrece una oportunidad para que las empresas desarrolladoras de programas de facturación y los despachos de gestión administrativa se preparen con antelación, ajusten sus procedimientos y asesorías, y promuevan entre sus clientes buenas prácticas informáticas alineadas con la normativa vigente. Los gestores administrativos mencionan que una correcta implementación del sistema podría optimizar los procesos tributarios siempre que se garantice la elaboración de reglamentos precisos y de fácil interpretación.
Hasta el momento, el Consejo General de Gestores Administrativos ha manifestado su disposición a colaborar con el Ministerio de Hacienda y con la Agencia Tributaria para aportar recomendaciones y observaciones que permitan fortalecer tanto la comunicación como la eficacia operativa del nuevo sistema. Según recogen los comunicados institucionales y reportó la prensa, la organización profesional se compromete a mantener mecanismos de información abiertos para sus miembros y para los pequeños empresarios y autónomos preocupados por los cambios normativos.
La experiencia de los últimos meses evidencia, de acuerdo con lo difundido por los expertos consultados por los medios, la necesidad de diferenciar claramente entre los sujetos obligados a sumarse a sistemas digitales fiscales y quienes quedan al margen. El Consejo General insiste en que una mejor coordinación y una regulación clara ayudarían a minimizar el riesgo de que se repitan situaciones de confusión o de oferta de productos innecesarios en el mercado. La organización concluye que el reciente aplazamiento representa una oportunidad para subsanar errores pasados y sentar las bases de una transición digital más ordenada en el ámbito tributario nacional.