CÓRDOBA.- El Gobierno presiona para frenar el avance de los proyectos de ley que complican las cuentas del Tesoro Nacional, pero los gobernadores advirtieron que ellos van a seguir impulsando las dos iniciativas que presentaron y que tienen media sanción: la que regula la distribución del fondo de ATN y la referida al reparto del impuesto a los combustibles líquidos.
En estos dos proyectos los gobernadores actuaron en bloque y dicen que no están dispuestos a negociar con el gobierno nacional. Fueron aprobados por el Senado y esta semana empieza el debate en comisión en la Cámara de Diputados.
“Con lo que acordamos entre todos, seguimos todos. En los otros proyectos, cada uno actúa en función de su parecer”, dijo a LA NACION un gobernador norteño.
En la última sesión de la Cámara de Diputados, el Gobierno libertario perdió aliados y sufrió varias derrotas consecutivas. La batalla para convertir en ley los proyectos de emergencia en pediatría y el refuerzo a universidades se traslada ahora al Senado, donde los gobernadores tienen incluso más incidencia. Pero en estos temas cada mandatario tendrá juego propio.
Lo que pasará en el Senado tiene final abierto, aunque el oficialismo confía en que los dialoguistas le faciliten el camino. El presidente Javier Milei, en la cadena nacional del viernes, buscó acorralarlos con sus críticas, con la ratificación de que los vetos seguirán y con las iniciativas que impulsará para que los legisladores se autolimiten en la aprobación de mayores gastos.
La nueva pulseada en el Senado llega con las alianzas ya cerradas y juegan más fuerte las estrategias de cara a las legislativas de octubre. Por caso, en Córdoba, donde se prevé una polarización entre libertarios y el “cordobesismo”, Martín Llaryora viene levantando el tono de sus críticas a la Nación.
El impacto en las cuentas
El economista Marcelo Capelo, del Ieral de la Fundación Mediterránea, calculó el impacto en el gasto de las leyes aprobadas y de las que están en camino a sancionarse. La suba de los haberes jubilatorios y del bono este año implican un extra de 0,32% del PIB en lo que queda del año y uno anual de 0,79%; la restitución del mecanismo automático de financiamiento a las cajas previsionales provinciales no transferidas, 0,17% del PIB en lo que queda del año y 0,38% del PIB anualizado.
Ese último punto interesa a 13 gobernadores, de los que solo dos –Rogelio Frigerio y Llaryora– alcanzaron acuerdos en la Corte Suprema de Justicia; los giros que reciben son a cuenta de los definitivos. Con todas hay deudas, de diferente magnitud, de Anses.
La extensión por dos años de la moratoria previsional; la reducción de la edad de acceso de las mujeres a la Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM) -de 65 a 60 años- y la eliminación de las condicionalidades que limitan el acceso a la PUAM tienen un gasto extra de 0,09% del PIB por año. La declaración de la emergencia por discapacidad genera un adicional de 0,16% del PIB hasta diciembre y del 0,39% anual.
Proyectos de los gobernadores
Sobre los dos proyectos, con media sanción del Senado, empujados por la totalidad de los gobernadores y el jefe de Gobierno porteño, Jorge Macri, el trabajo de Capelo estima que la distribución del fondo de ATN implicaría un gasto extra por 0,02% del PIB en los últimos meses de 2025 y un costo anual estimado de 0,05%. En realidad, es porque el gobierno nacional debería repartir recursos que hoy distribuye; el remanente del fondo le queda.
En el caso de la eliminación de una serie de fideicomisos y fondos con destino en la infraestructura, el transporte y la vivienda conformados por parte del impuesto a los combustibles líquidos, las provincias pasarían a recibir 57% del total, en vez del actual 25%. Para la Nación significaría dejar de percibir 0,08% del PIB hasta diciembre (0,16% PIB anual).
Los gobernadores insisten en que han hecho ajustes incluso más fuertes que la Nación y que, en paralelo, debieron hacerse cargo de cuestiones de las que antes se ocupaba la administración central. Capelo indica que en el consolidado de provincias en el primer trimestre de 2025, las erogaciones aumentaron un 16% en términos reales (por arriba de la inflación), cuando sus ingresos lo hicieron un 8%.
“Si en ese trimestre las provincias hubieran aumentado el gasto real como el gobierno nacional (3%), podrían haber logrado el mismo superávit, pero con una reducción del 41% en la recaudación de Ingresos Brutos o del 36% en la recaudación conjunta de Ingresos Brutos y Sellos. Se trata de oportunidades perdidas para reducir impuestos que difícilmente se vuelvan a dar a futuro, con el gasto creciendo a esta velocidad”, añade Capelo. La discusión por la reducción impositiva es otra pelea instalada en la agenda.
