CÓRDOBA.- En medio de la tensión creciente con la Casa Rosada y el Ministerio de Economía tras la aprobación de dos proyectos considerados importantes para las provincias, los gobernadores salieron en las últimas horas a plantear reclamos por el mal estado de las rutas nacionales y la falta de obras para facilitar su mantenimiento. Lo hicieron desde Santa Fe, Córdoba, Buenos Aires, Salta y Río Negro, entre otros distritos.

En Santa Fe, el gobernador Maximiliano Pullaro ratificó que le pidió a la Nación, “sin respuesta favorable aún, que ceda las rutas que no van a arreglar” y que pase a “hacerse cargo” la provincia. El mandatario provincial lanzó una dura advertencia: “Muchos santafesinos ponen en riesgo sus vidas al transitarlas”.

En paralelo, la administración santafesina le pidió a los conductores que, en caso de tener alternativa de usar una ruta provincial, lo hagan para evitar inconvenientes en las calzadas nacionales.

Con carteles se señalizaron los accesos a rutas nacionales que atraviesan el territorio santafesino para “que la sociedad sepa que dependen del Estado nacional y no de la Provincia”. Pullaro recordó que su administración aportó 7000 toneladas de asfalto para bachear tramos nacionales críticos y pidió al ministro de Economía, Luis Caputo, “la cesión de esas trazas para encargarse de su mantenimiento”.

En Mendoza, Alfredo Cornejo resolvió hacerse cargo por 36 meses de 235 kilómetros de rutas nacionales. Firmó un acuerdo por el que asume el financiamiento, sin derecho a reintegro de Nación, y también la responsabilidad frente a reclamos legales, laborales o previsionales que puedan surgir durante las obras.

En Córdoba, la semana pasada quedó cortada la ruta nacional 7 a la altura de Vicuña Mackena por la caída de un puente peatonal. Fue construida por Vialidad Nacional (organismo ahora disuelto) e inaugurada 2017. Cayó cuando un camión que transportaba maquinaria pesada lo impactó.

Después de dos días de corte total y reclamos del gobierno de Martín Llaryora, Corredores Viales (empresa estatal nacional encargada del mantenimiento de rutas) liberó la traza, pero por el momento no hay restitución del puente peatonal que une Vicuña Mackena con el paraje Villa Pueyrredón.

“Rutas de la muerte”

También el salteño Gustavo Sáenz, que se quejó de que la Nación minimice el apoyo que ha recibido de la mayoría de los mandatarios, sostuvo: “Tenemos rutas de la muerte. Las provincias del norte no tienen vías seguras. Desde allá no se ve ni se siente lo que pasa acá”, señaló, e invitó a funcionarios nacionales a recorrer el territorio.

Antes fue el turno de Alberto Weretilneck, gobernador de Río Negro, quien planteó que en su territorio las rutas nacionales “22, 23, 40 y 151″ se encuentran “heridas, rotas, olvidadas”.

“La respuesta es siempre la misma: que no hay plata. Pero en 2024, el Estado Nacional recaudó más de 2 billones de pesos del impuesto a los combustibles, que por ley deben destinarse a infraestructura vial. ¿Dónde está esa plata? ¿En qué provincia invierten? Porque en Río Negro, no», arremetió Weretilneck.

También hay pedidos de intendentes, como el caso del de Azul, Nelson Sombra, que reclama por la ruta nacional 3. Los vecinos quieren, hace años, que se transforme en autovía entre las localidades de Las Flores y Chillar para “reducir los siniestros viales y las muertes en ese corredor”. Además, exigen la reparación y el mantenimiento.

Uno de los proyectos de ley impulsado por los 24 gobernadores y que ya cuenta con media sanción en el Senado apunta a cambiar la distribución del impuesto a los combustibles líquidos y eliminar los fondos fiduciarios que se llevan una parte. Según datos incluidos por el Ieral de la Fundación Mediterránea en el último Programa de Asistencia al Poder Legislativo, esa carga tuvo una recaudación promedio entre 2015 y este año equivalente a 0,7% del PIB.

Cómo se reparte

Las provincias reciben 25,47% de esa recaudación (10,4% para Tesoros provinciales y 15,07% por distribución del Fonavi); la Nación el 10,4% y Anses el 28,58%. El gobierno nacional, además, administra fideicomisos para obras de infraestructura (28,58%) e hídricas (4,31%), además de la Compensación para el Transporte Público (2,55%). En síntesis, el 25,47% del impuesto va a provincias y el resto a Nación.

“En el 2024 y primer trimestre de 2025 la parte del impuesto a los combustibles destinada a infraestructura de transporte se ejecutó en su totalidad -dice el Ieral-. Por el contrario, la destinada a infraestructura hídrica se usó en una pequeña proporción”.

Si la Cámara de Diputados sanciona el proyecto de los gobernadores, sumados los recursos del Tesoro y para la Seguridad Social, la Nación pasaría a recibir un 42,98% y las provincias 57,02% de lo recaudado por el impuesto a los combustibles.

Del dinero para las provincias, el 25% se repartiría en partes iguales entre las provincias y la ciudad de Buenos Aires, y el resto según los índices de distribución secundaria de la ley de coparticipación. En diferentes proporciones “todas se verían favorecidas, desde un 38% en el caso de Neuquén, hasta un 725% cuando se trata de CABA, y una suba promedio del 124% para el consolidado”. Para el total de las provincias implica el equivalente a incrementar un 2,5% los envíos automáticos por coparticipación.