Aunque el escenario de una guerra nuclear en Europa sigue siendo improbable, la escalada de tensiones internacionales y los recientes conflictos en el continente han reavivado el debate sobre la seguridad de los países europeos en caso de un ataque atómico. La preocupación, antaño relegada a la Guerra Fría, vuelve a ocupar titulares y conversaciones tras los informes publicados por organismos como la International Commission on Radiological Protection (ICRP).
Según los análisis más recientes, los efectos inmediatos de una explosión nuclear incluirían devastación total en un radio de hasta dos kilómetros, incendios masivos, y una peligrosa exposición a radiación gamma. No obstante, es la lluvia radiactiva —las partículas contaminadas arrastradas por los vientos— la que podría acarrear los mayores riesgos para la salud y el medio ambiente, incluso a centenares de kilómetros del punto de impacto.
Europa central, la zona más vulnerable
Los países situados en el corazón del continente, especialmente aquellos con bases militares estratégicas de la OTAN, figuran entre los más expuestos. Alemania destaca como uno de los puntos más vulnerables por la presencia de instalaciones en Ramstein y Büchel. Un ataque en esas zonas no solo provocaría víctimas directas, sino que también generaría una contaminación radiactiva que, según los patrones de viento predominantes de oeste a este, afectaría a grandes áreas pobladas como Berlín, Frankfurt o Múnich.
Polonia corre un riesgo similar por su cercanía a Rusia y Bielorrusia. Las regiones orientales del país albergan infraestructuras militares que podrían ser blanco de ataques, y su ubicación las coloca en una posición especialmente desfavorable para recibir lluvias radiactivas.
Italia también se encuentra en la lista de países con alto nivel de riesgo. El norte del país, con bases como Aviano y Ghedi, podría sufrir los efectos tanto directos como indirectos de una ofensiva nuclear. Los vientos podrían transportar residuos radiactivos hacia el Valle del Po y otras áreas densamente pobladas.
Los países bálticos —Estonia, Letonia y Lituania—, además de estar geográficamente próximos a Rusia, se enfrentan a la posibilidad de ser afectados por vientos del este, muy comunes en los meses fríos. Estos factores agravan su exposición a la lluvia radiactiva, incluso si no fueran atacados directamente.
El caso español: ¿una zona de refugio relativa?
En este contexto, España se sitúa entre los países que podrían considerarse relativamente más seguros en un hipotético conflicto nuclear. Su ubicación en el extremo occidental del continente la aleja de los principales objetivos militares y de las rutas de dispersión radiactiva más probables.
Los informes consultados destacan que, aunque ningún país europeo estaría completamente a salvo de los efectos de la contaminación atmosférica, España presenta ciertos factores geográficos y meteorológicos que mitigarían el impacto. La Península Ibérica, rodeada por el océano Atlántico y con vientos dominantes del oeste, se beneficiaría en muchos escenarios de una menor exposición a la lluvia radiactiva procedente del centro y este de Europa.
Además, su menor densidad de instalaciones nucleares y estratégicas, en comparación con otros países europeos, la convierten en un blanco menos probable. Portugal comparte una situación similar, lo que refuerza la relativa seguridad del suroeste europeo.
Aun así, España no estaría completamente exenta de riesgos. En caso de vientos de componente este o noreste —menos frecuentes, pero posibles—, las partículas radiactivas podrían alcanzar partes del territorio. El norte peninsular y los Pirineos serían las zonas más susceptibles, en función de la trayectoria de las masas de aire contaminadas.
Riesgos para la salud y preparación en España
Los efectos sanitarios de una guerra nuclear en España irían mucho más allá del momento de la explosión. Las investigaciones revisadas por el ICRP advierten que, incluso en zonas alejadas del epicentro de una detonación, la exposición a partículas radiactivas podría desencadenar consecuencias graves para la salud pública.
En las áreas más cercanas al impacto, los síntomas de la llamada “enfermedad radiológica aguda” aparecerían en cuestión de horas: náuseas, vómitos, diarreas intensas, hemorragias y, en casos extremos, la muerte. En regiones más distantes pero contaminadas por lluvia radiactiva, los efectos serían más silenciosos pero igualmente preocupantes. La exposición prolongada a niveles bajos o moderados de radiación está asociada a un aumento significativo de patologías como leucemias, cáncer de tiroides y linfomas.
El caso más conocido sigue siendo el de los supervivientes de Hiroshima y Nagasaki, muchos de los cuales desarrollaron enfermedades oncológicas décadas después de la exposición. También se ha documentado el impacto del yodo-131 —uno de los isótopos liberados en explosiones nucleares— sobre la glándula tiroides, especialmente en niños y adolescentes.
En España, aunque no exista una amenaza directa en el horizonte, el Plan Nacional de Protección Civil contempla protocolos en caso de emergencias radiológicas. El Centro de Emergencias del Consejo de Seguridad Nuclear (CSN) trabaja en coordinación con Protección Civil para activar medidas específicas como:
- Distribución de yoduro de potasio, una sustancia que bloquea la absorción del yodo radiactivo por la tiroides si se toma en las primeras horas tras la exposición.
- Recomendaciones de confinamiento en estructuras subterráneas o interiores, con ventanas y puertas selladas, durante las primeras 24 a 72 horas tras un evento.
- Planes de descontaminación para personas, ropa y objetos, especialmente si se ha estado al aire libre en el momento de la llegada de la nube radiactiva.
- Control de alimentos y agua, evitando el consumo de productos agrícolas o ganaderos que pudieran haber sido expuestos a la radiación.
Estas medidas, aunque diseñadas para escenarios extremos, ya han sido parcialmente testadas durante simulacros y ejercicios conjuntos con otros países de la Unión Europea. No obstante, expertos del Instituto de Salud Carlos III y de la propia ICRP coinciden en que la prevención más eficaz pasa por la educación ciudadana. “La población debe conocer los riesgos, pero también las respuestas adecuadas ante una emergencia radiológica”, afirma uno de los informes de la comisión internacional.
En este sentido, algunos expertos reclaman una actualización de los planes de contingencia, así como una mejor difusión de la información sobre cómo actuar en los primeros momentos tras una eventual emergencia nuclear. El ejemplo de países como Finlandia —donde búnkeres antinucleares son parte del mobiliario urbano en muchas ciudades— comienza a resonar en los foros estratégicos de otros estados europeos.
Preparación civil: ¿cómo se compara España con el resto de Europa?
La percepción de seguridad geográfica de países como España, Portugal o Irlanda no debe hacer olvidar que la preparación civil ante un posible ataque nuclear sigue siendo desigual entre los distintos estados europeos. Mientras algunas naciones llevan décadas desarrollando infraestructuras específicas, otras, como España, mantienen planes más generales dentro de sus estrategias de protección civil.
En el norte de Europa, por ejemplo, Finlandia y Suecia son reconocidos por sus avanzados sistemas de defensa civil. En Helsinki, más del 80% de la población tiene acceso a refugios subterráneos reforzados, capaces de resistir explosiones nucleares, biológicas o químicas. Estos refugios están conectados al transporte público e incluso equipados con suministros básicos para permanecer varios días bajo tierra.
Noruega y Suiza —aunque no pertenece a la UE— también mantienen una red extensa de búnkeres, muchos de los cuales fueron construidos durante la Guerra Fría pero se han modernizado en los últimos años a raíz de la guerra en Ucrania. Además, estos países realizan campañas de información periódicas a sus ciudadanos sobre cómo actuar ante una emergencia nuclear o radiológica, incluyendo la distribución preventiva de pastillas de yoduro de potasio.
En el caso de Alemania, pese a ser uno de los países más vulnerables por su papel estratégico en la OTAN, la infraestructura de protección civil se ha visto reducida en las últimas décadas. No obstante, tras la invasión rusa de Ucrania en 2022, el Gobierno federal ha iniciado planes para revitalizar sus programas de defensa civil, incluyendo la restauración de antiguos refugios y el refuerzo de las cadenas logísticas de emergencia.
España, en cambio, carece de una red de búnkeres públicos. La protección civil ante emergencias nucleares se canaliza principalmente a través del Consejo de Seguridad Nuclear (CSN) y la Dirección General de Protección Civil y Emergencias, que han diseñado protocolos para responder a accidentes nucleares civiles —como los posibles en centrales como la de Almaraz—, pero que también servirían en caso de una amenaza militar.
Actualmente, existen guías técnicas y procedimientos establecidos para la detección de contaminación radiactiva, la evacuación de zonas afectadas y la coordinación entre comunidades autónomas. Sin embargo, los expertos coinciden en que el nivel de preparación de la población es bajo, y la formación en este ámbito es limitada.
Organismos como el Instituto Geográfico Nacional (IGN) y el Instituto de Salud Carlos III colaboran en la simulación de escenarios de emergencia, pero estos ejercicios rara vez llegan al conocimiento del público general. Mientras tanto, la mayoría de los españoles desconoce qué hacer en caso de una alerta nuclear, y solo un pequeño porcentaje ha recibido algún tipo de información o formación al respecto.
En palabras de Luca Giovanetti, especialista en seguridad radiológica de la ICRP, “la distancia geográfica no puede sustituir a la preparación. Los países como España deberían aprovechar su ventaja geopolítica para invertir en sistemas de protección civil modernos, formación de la ciudadanía y coordinación europea”.
