Este jueves se ha celebrado la última sesión del juicio contra el fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, que ya ha quedado visto para sentencia, en el que todas las partes han presentado sus informes finales, con claras diferencias sobre qué pruebas son las más relevantes a tener en cuenta para determinar la inocencia o culpabilidad del acusado.
El primero en hablar ha sido el abogado Gabriel Rodríguez-Ramos, representante legal de la acusación particular de Alberto González Amador. En su intervención ha sido muy duro con el papel de los testigos periodistas que han participado durante el litigio.
Los periodistas puesto en duda
“¿Qué pasa con los periodistas?“, se ha preguntado a si mismo el letrado sobre su intervención. ”Pues que no poseen obligación legal de responder, pueden acogerse al derecho a no revelar sus fuentes“, se ha respondido.
Ha comparado su situación a la de los acusados, ya que “no tienen la obligación de responder a las preguntas si no quieren, por lo que hay que tener más cautelas que con otros testigos”. “Solo lo digo, porque eso lleva a que el periodista está amparado por su propio derecho de defensa y de no autoinculpación. No cabe exigirles una declaración veraz, por lo que las declaraciones de periodistas no deben ser valoradas como una testifical normal”, ha asegurado.
Ha añadido que “sabemos que desde Fiscalía se filtran cosas a periodistas y que los periodistas poseen un interés económico para preservar sus fuentes. Esto hace que tengamos que valorar de una forma cautelar las declaraciones de los periodistas”.
El resto de acusaciones han mantenido esta línea de poner en duda las declaraciones de los profesionales de la información. “No parecen singularmente afines al acusador particular y a su pareja, la presidenta de la Comunidad de Madrid”, ha espetado el letrado del pseudosindicato, Manos Limpias.
La defensa de la UCO
En contraposición, todos han defendido las actuaciones de la UCO, que pusieron el foco en la culpabilidad de García Ortiz y que se están poniendo en duda desde el Ministerio Público y la defensa del acusado.
Desde la acusación del Ilustre Colegio de Abogados de Madrid (ICAM) han restado importancia al hecho de que la UCO copiara íntegramente los dispositivos del fiscal general cuando el instructor había acotado el tiempo de lo que podían llevarse. Aunque se volcara todo, ha asegurado “no se ha examinado absolutamente nada” fuera del marco temporal establecido, por lo que no da pie a “nulidad de ninguna clase”. Así, tacha esta cuestión de “artificial” y la achaca a un intento de las defensas para anular la entrada y registro.
El letrado de la Asociación Profesional e Independiente de Fiscales (APIF) ha realizado una intervención parecida, en la que, en un intento de defender a la UCO y al juez instructor, Ángel Hurtado, ha soltado una mentira.
Ha querido recriminar a las partes opuestas que criticaran a los agentes de la UCO por no saber que existía un límite temporal de la información que debían obtener del despacho del fiscal general, indicando que en el primer auto no se hablaba de ese margen y que se introdujo en uno posterior. Eso no ocurrió así, en el auto del 30 de octubre se indicaba un límite de entre el 8 de marzo y esa fecha y en el auto posterior del 8 de noviembre se acotó del 8 al 14 de marzo.
Este abogado ha aprovechado su intervención para hacer un símil, un tanto desafortunado, para desmontar los contraindicios de que al correo filtrado tuvo acceso mucha gente antes que García Ortiz. “Cuando hay una violación múltiple, a nadie se le ocurre decir que el segundo o el tercer violador quedan impunes porque la libertad sexual de la mancillada ya quedó vulnerada con la primera infracción», ha asegurado.
“No se desprende ninguna prueba contra el fiscal general”
En respuesta, la teniente fiscal, Ángeles Sánchez Conde, ha puesto en duda los informes de la UCO, en concreto el de la entrada y registro en el despacho del acusado. “De ese informe no se desprende ninguna prueba contra el fiscal general del Estado”, ha mantenido para defender la existencia de una “quiebra lógica de gran magnitud que lo inhabilita”.
En contraposición, ha destacado la importancia de los testimonios de los periodistas. Según la fiscal, estas declaraciones permiten seguir el rastro de manera objetiva y refutar o corroborar las hipótesis sobre el origen de la filtración. Entre ellos, ha puesto el ejemplo del periodista de La Sexta, Alfonso Pérez Medina, que al mostrar el pantallazo del grupo de WhatsApp de tribunales de este medio, “acredita indubitadamente que varios periodistas estaban hablando de que existían dos correos”.
“Se ha llevado a cabo un juicio paralelo”
En la misma línea, la Abogacía del Estado, que representa la defensa del fiscal general, han denunciado que se “ha podido generar un juicio paralelo basado en conjeturas, filtraciones y lecturas parciales que ha creado un entorno adverso para la presunción de inocencia”.
Por ello, han puesto el foco en solicitar la “nulidad” de los registros practicados en los despachos del fiscal general y de la fiscal jefa provincial de Madrid, cuando los agentes de la UCO clonaron los dispositivos electrónicos de ambos.
Han argumentado que, como los propios guardias civiles declararon ante el tribunal, copiaron todo el material disponible y se lo llevaron para hacer posteriormente un cribado “sin cobertura” legal porque se “ejecutó en unos términos que no estaban contemplados” en la resolución del magistrado instructor, que había marcado unos límites temporales. “Ha quedado demostrado el incumplimiento por parte de los funcionarios de la policía judicial del mandato del magistrado instructor”, han asegurado. “Álvaro García Ortiz es completamente inocente”, ha finalizado.
