El Ejecutivo ha fijado el techo de gasto para 2026 en 216.177 millones de euros, una cifra sin precedentes en la historia presupuestaria del país. Esta decisión se produce en un contexto en el que, según consignó el medio El País, el Congreso rechazó la senda oficial de déficit propuesta por el Gobierno, lo que obligará a aplicar el plan fiscal estructural remitido previamente a Bruselas, cambiando así los márgenes de gasto para las diferentes administraciones.
Mientras tanto, los Presupuestos Generales del Estado (PGE) de 2023 seguirán vigentes de manera automática a partir del 1 de enero, extendiendo por tercera vez consecutiva unas cuentas públicas que no han sido reemplazadas ni en 2024 ni en 2025. Tal como detalló El País, esta prórroga responde a lo establecido en el artículo 134 de la Constitución Española, que indica que, en caso de no contar con una nueva Ley de Presupuestos al comenzar el año, los presupuestos vigentes se mantendrán hasta que se aprueben unos nuevos. El Gobierno de Pedro Sánchez espera presentar un nuevo proyecto de cuentas públicas para 2026 durante el primer semestre del año, aunque la consecución de dicho objetivo dependerá de la capacidad del Ejecutivo de reunir apoyos suficientes en un Parlamento altamente fragmentado luego de la ruptura con Junts, según señaló El País.
De acuerdo con la información publicada, este escenario marca la undécima ocasión en la que España afronta una prórroga presupuestaria desde la restauración de la democracia, tras casos ocurridos en 1978, 1982, 1995, 2011, 2016, 2017 y en dos ocasiones con los presupuestos de 2018. Una vez más, la ausencia de consenso político ha impedido la renovación normativa de las cuentas estatales. A pesar de esta situación, la vicepresidenta primera y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, afirmó que los Presupuestos de 2026 serán “expansivos y responsables”. Montero insistió en que el Ejecutivo está trabajando para que estas cuentas sean reconocidas por la mayoría de los grupos parlamentarios como una necesidad, con impacto directo en los hogares, según publicó El País.
El Congreso rechazó la senda de déficit propuesta por el Ejecutivo, lo que activa automáticamente los límites recogidos en el plan fiscal a medio plazo enviado a Bruselas. El citado plan, según detalló El País, otorga menos margen de gasto a las comunidades autónomas y más flexibilidad a la Administración Central. Para el conjunto de las administraciones públicas, el déficit se reducirá del 2,1% en 2026 al 1,8% en 2027, con una nueva reducción al 1,6% para el año 2028. En relación con la deuda pública, el objetivo se sitúa en el 100,9% del PIB en 2026, descendiendo progresivamente al 100% en 2027 y al 99,1% en 2028.
El País también resaltó que este proceso ocurre en un contexto macroeconómico con previsiones de crecimiento. El Gobierno estima que el Producto Interior Bruto (PIB) aumentará un 2,9% en 2025 y un 2,2% en 2026. Para los dos años siguientes, las previsiones de crecimiento se sitúan en el 2,1% por ejercicio. Estos datos apuntan, según el medio, a una evolución positiva respecto al año anterior y van acompañados de datos proyectados sobre el mercado laboral: la tasa de desempleo bajaría al 10,5% en 2025, ocho décimas menos que en 2024; para 2026 se prevé un descenso al 9,9%, seguida por un 9,5% en 2027 y un 9% en 2028, lo que llevaría este indicador a niveles previos a la crisis financiera.
A medida que avanza el año, el Ejecutivo prevé intensificar los contactos con los grupos parlamentarios para tratar de desbloquear la aprobación de unos nuevos Presupuestos, tal como puntualizó El País. Las proyecciones del Gobierno buscan ajustarse a las exigencias europeas en materia de disciplina fiscal, en un contexto de recuperación y crecimiento. Mientras tanto, las administraciones públicas deberán operar bajo unos presupuestos diseñados para 2023 y en un entorno en el que los límites fiscales y el reparto de los recursos adquieren especial importancia ante la limitación de gasto para las comunidades autónomas y la mayor flexibilidad otorgada al Estado.
De acuerdo con la información del medio, la situación actual representa uno de los desafíos institucionales más notables para el equipo económico y político del Gobierno, en una coyuntura dominada por la fragmentación política y la presión de los compromisos previamente asumidos ante la Unión Europea.
