Barcelona, 16 may (EFE).- Varios centenares de VTC (vehículos de transporte con conductor) protagonizan este viernes otra marcha lenta en la ciudad de Barcelona para protestar por la nueva ley que prepara la Generalitat para regular el sector y denunciar el impacto económico negativo que podría tener.
La protesta, que ha arrancado en la avenida Diagonal con Numància hacia las 11:00 horas, está convocada por el Sindicato Libre de Transportes (SLT) y la Associació Aurora Catalana VTC y es la tercera que llevan a cabo estos vehículos en los dos últimos meses.
Los VTC que participan en la marcha tienen previsto llegar a los alrededores de la estación de Sants, donde los conductores dejarán los coches para dirigirse luego a pie a la sede del Departamento de Territorio.
Fuentes de los organizadores de la protesta han asegurado que son centenares los coches que están siguiendo la marcha lenta, mientras que el Ayuntamiento de Barcelona aún no ha facilitado cifras.
Al inicio del recorrido, el secretario de organización de SLT, José María Cazallas, ha apuntado, en declaraciones a los periodistas, que la nueva ley impedirá trabajar a las VTC en el área metropolitana de Barcelona.
«Unos 6.000 trabajadores se quedarán sin trabajo entre puestos directos e indirectos. Se perderán 126 millones de euros en salarios que se dejarán de pagar y la administración pública tendrá que abonar 55 millones en prestaciones de desempleo», ha destacado.
Por su parte, el presidente ejecutivo de Unauto-VTC, José Manuel Berzal, ha pedido al Govern que «no tramite en el Parlament el proyecto de ley que contribuiría solo a que desapareciese el sector de la VTC en Barcelona».
Las organizaciones de los VTC han presentado un informe que destaca que el sector en Cataluña, con aproximadamente 2.500 autorizaciones operativas, genera un impacto económico de cerca de 260 millones de euros y emplea a casi 6.000 personas.
La eliminación de los servicios urbanos de VTC en Cataluña tendría un coste estimado, según sus cifras, de más de 326 millones de euros, incluyendo la pérdida de empleos, salarios, ingresos fiscales y los costes asociados al cierre de operaciones. EFE
