Luego de conocerse el procesamiento de Alberto Fernández decidido por el juez federal Sebastián Casanello, un grupo de legisladores porteños encabezado por Graciela Ocaña le solicitaron formalmente al director ejecutivo de la Anses, Fernando Bearzi, que suspenda el pago de la jubilación de privilegio que cada mes percibe el expresidente de la Nación, “a fin de no perjudicar el erario público que vuestro Gobierno tanto defiende”.
El exmandatorio fue procesado ayer por el delito de “negociaciones incompatibles con el ejercicio de la función pública”, en la causa en la cual se investigan irregularidades en la gestión de contratos de seguros de dependencias de la administración pública.
Según la presentación firmada por Ocaña y también por María Sol Méndez y Sebastián Nagata, del bloque Confianza Pública, señala que “el expresidente Fernández nunca debió gozar una jubilación de privilegio, pero ante este nuevo hecho debe ser al menos suspendida, hasta que se resuelva la culpabilidad o no en los hechos que se le imputan”.
La frase se refiere a un pedido anterior hecho por los legisladores, que en febrero de 2024 le presentaron una nota al entonces director de la Anses, Osvaldo Giordano, solicitando que no se otorgara la prestación. Según el escrito, aquella nota no fue respondida y meses después, en agosto de 2024, Ocaña y el legislador Yamil Santoro pidieron la revocatoria de la asignación por falta de cumplimiento de requisitos.
Al no obtenerse respuesta, los dirigentes políticos judicializaron el tema, con una denuncia contra el entonces director ejecutivo de la Anses, Mariano de los Heros.
La prestación en cuestión fue en diciembre de 2024 de $21,67 millones en bruto y de $8,56 millones en términos netos, según información de la Anses obtenida por la nacion a través de un pedido de acceso a la información pública. Según menciona la nota elevada a la Anses por Ocaña, en febrero de este año la cifra neta fue de $8,88 millones. Se trata de una asignación vitalicia prevista para expresidentes por la ley 24.018, y en este caso la cifra está afectada porque, en noviembre pasado, la Justicia determinó que el 30% debía ser destinado a cubrir gastos de alimentación del hijo que Fernández tuvo con Fabiola Yañez.
Las jubilaciones para expresidentes y exvicepresidentes son consideradas de privilegio -si bien la normativa no las denomina así-, porque para ser cobradas no se exige ni una edad mínima ni una cantidad de aportes realizados, y también porque son de montos muy elevados.
De acuerdo con la ley, el cobro no le corresponde a quienes, “previo juicio político, o en su caso, previo sumario, fueren removidos por mal desempeño de sus funciones”. Si bien esa remoción no se dio en este caso, la nota presentada por Ocaña considera que si un exfuncionario “utilizó ese ese lugar de privilegio [por el ejercicio de la presidencia] para beneficio propio y cometió delitos desde ese lugar, no puede obtener ni mantener este beneficio”.
El escrito recuerda los fundamentos de la resolución 1092 dictada por la Anses en noviembre pasado, con la cual se dieron de baja las dos prestaciones que hasta entonces percibía la expresidenta de la Nación Cristina Kirchner, quien ahora pide en la Justicia que esa medida sea declarada nula.
Esa decisión fue tomada por el organismo de la seguridad social, entonces bajo la titularidad de Mariano de los Heros, luego de conocerse la confirmación de la sentencia por corrupción, por parte de la Cámara de Casación Penal, en la causa Vialidad, que luego fue ratificada por la Corte Suprema, razón por la cual Cristina Kirchner está presa, cumpliendo una condena de seis años, que incluye una inhabilitación de por vida para ejercer cargos públicos.
En el caso de CFK, tampoco hubo juicio político ni remoción, pero desde el Gobierno se argumentó, a la hora de dar de baja los pagos, que la expresión de la ley 24.018 respecto de las causales para no asignar los pagos, lleva a entender que resulta incompatible cobrar el beneficio con el hecho de haber cometido delitos al momento de ejercer un cargo público, algo que en el caso en cuestión fue probado por la Justicia.
En aquel mes de noviembre de 2024 la Anses también dispuso la revocación de la prestación de privilegio que, por haber sido exvicepresidente, se le había otorgado a Amado Boudou, condenado por “cohecho pasivo y negociaciones incompatibles con la función pública”, con sentencia confirmada en 2020 por la Corte Suprema de Justicia.
Como al momento de darse el alta de la prestación el exfuncionario ya tenía condena en la causa sobre maniobras para quedarse con la empresa Ciccone, dedicada a la impresión de billetes, en este caso la disposición fue revocar la prestación y no darla de baja. Eso implica considerar que la jubilación de privilegio nunca debió haber sido otorgada y, en virtud de ello, el Gobierno inició en junio pasado una demanda judicial para que el Estado pueda recuperar lo abonado durante casi cuatro años y medio. El alta había sido otorgada durante el gobierno de Alberto Fernández y Cristina Kirchner, ya que antes, durante la administración de Mauricio Macri, había sido negada.
La nota de Ocaña vincula el pedido de suspensión de la jubilación varias veces millonaria de Alberto Fernández con lo ocurrido ayer en el Congreso de la Nación, con la aprobación de leyes jubilatorias.
“No es posible ignorar que más de la mitad de los jubilados del país cobran el haber mínimo que asciende a $370.000 y en el día de ayer el Congreso aprobó un aumento de los jubilados de menos de 8% y el Sr. Presidente de la Nación anticipó que va a vetar ese aumento ya que afecta las cuentas públicas”. Según el escrito, “esa inentendible postura no es congruente con seguir abonándole casi $9 millones a un expresidente que se encuentra procesado no solo por la causa ”Seguros», sino por violencia de género contra su expareja».
Y agrega que el Gobierno actual asumió “con la impronta de terminar con la ‘CASTA’”, por lo cual “deseamos que en esta ocasión, a diferencia de todas las anteriores, le demuestren al pueblo que no fueron solo palabras vacías y suspenda inmediatamente la asignación de privilegio a Alberto Fernández.
En la causa “Seguros” se investiga la intervención que habría tenido el expresidente para favorecer negocios del broker Héctor Martínez Sosa, una persona “de su círculo íntimo” para quien había trabajado como asesor.
