La reciente excarcelación de Luis Fernando Camacho y Marco Antonio Pumari ha modificado el panorama político en Bolivia, donde el gobernador de Santa Cruz ha solicitado públicamente la liberación de la expresidenta interina Jeanine Áñez. Camacho, figura opositora y protagonista de las protestas de 2019, argumentó que la salida de Áñez de prisión es necesaria en este nuevo contexto, marcado por la exclusión del Movimiento al Socialismo (MAS) de la segunda vuelta presidencial.
El dirigente opositor instó a la ex mandataria a mantener la fe y la firmeza, asegurando que “pronto va a llegar la Justicia” y subrayando la importancia de no negociar los principios frente al MAS.
“Que no pierda la fe. Pronto va a llegar la Justicia. El caso de ella está saliendo de a poco, que se mantenga firme, que no agache la cabeza. Esta prueba tan grande que hemos tenido, nos da el mensaje claro de que debemos mostrar a la ciudadanía lo que significa salir con la fe intacta, con el honor y los principios sin haber negociado con el Movimiento Al Socialismo”, comentó Camacho al diario boliviano ‘El País’.
Y agregó: “Marco y yo tenemos una amistad muy grande, le tengo mucho cariño, Marco ha sufrido también igual lo que ha sido la persecución. En este momento, lo que interesa es que ya Marco recibió su libertad, ahora le toca a la expresidenta Jeanine, de que pueda tomar su libertad, es lo que queremos, y que se acabe la persecución de presos políticos, que se acabe el revanchismo”.
La situación judicial de los principales actores de la crisis boliviana ha experimentado cambios en los últimos días. Jeanine Áñez permanece en detención preventiva, mientras que Camacho y Pumari recuperaron la libertad el 29 de agosto, tras casi 1.000 días de reclusión en el caso del gobernador cruceño. Camacho, quien estuvo en la cárcel de máxima seguridad de Chonchocoro desde finales de 2022, obtuvo medidas sustitutivas como la prisión domiciliaria en cuatro procesos, incluido el denominado ‘golpe de Estado I’. Por su parte, Pumari recibió la “libertad pura y simple” en ese mismo caso y arresto domiciliario en otro proceso relacionado con la quema de una sede electoral en Potosí en 2019. La revisión de estas detenciones responde a una instrucción del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), presidido actualmente por Rómer Saucedo, para verificar el cumplimiento de los plazos de las medidas cautelares en los procesos contra Áñez, Camacho y Pumari.
El giro político en Bolivia se consolidó tras la primera vuelta electoral del 17 de agosto, en la que el conservador Rodrigo Paz Pereira se posicionó como favorito para la presidencia, seguido por el también conservador Jorge ‘Tuto’ Quiroga. El MAS, partido oficialista y fuerza dominante en los últimos años, quedó fuera de la contienda, lo que ha sido interpretado por Camacho como una oportunidad para avanzar en la justicia y el fin de la persecución política. El gobernador atribuyó estos cambios a la nueva dirección del TSJ y destacó la importancia de mantener la integridad y los principios en la lucha política.
Los antecedentes de los procesos judiciales se remontan a la crisis de 2019, cuando la renuncia de Evo Morales, presionado por las Fuerzas Armadas y la oposición, desencadenó protestas y una represión que dejó 37 muertos y más de 200 heridos. El Gobierno de Luis Arce y el MAS sostienen que se produjo un “golpe de Estado” contra Morales, mientras que los opositores argumentan que las movilizaciones respondieron a un fraude electoral. El juicio por el caso ‘golpe de Estado I’ avanzó con Camacho y Pumari como principales acusados por liderar las protestas poselectorales, mientras que Áñez fue apartada de este proceso en 2024 al haber sido ya juzgada y sentenciada a 10 años de prisión en el caso ‘golpe de Estado II’, por su asunción en la línea de sucesión presidencial.
En sus primeras declaraciones tras la liberación, Camacho expresó ante sus seguidores en Santa Cruz que “ha sido un honor estar preso casi tres años por la lucha de mi pueblo, por la libertad y la democracia”, reafirmando su compromiso con la defensa de sus principios y su negativa a negociar con el MAS. El líder opositor también hizo hincapié en la necesidad de poner fin a la persecución de presos políticos y al revanchismo.
La situación legal de Áñez sigue siendo compleja. Aunque un tribunal anuló recientemente un proceso ordinario en su contra y dispuso un “mandamiento de libertad” para que espere el juicio del caso ‘Senkata’ fuera de prisión, la exmandataria aún debe cumplir con una serie de trámites legales y permanece vigente la sentencia por el caso ‘golpe de Estado II’. Pumari, por su parte, enfrenta arresto domiciliario en otro proceso, pese a haber sido liberado en el principal expediente por el que se le acusaba.
En este contexto, el Gobierno de Luis Arce ha manifestado su intención de apelar todas las resoluciones judiciales que favorezcan a los opositores, una postura que anticipa nuevos episodios de confrontación en el panorama político y judicial boliviano previo al balotaje del próximo 19 de octubre.
