La dictadura de Nicolás Maduro utilizó El Helicoide, el principal centro de detención y torturas de Venezuela, como escenario para lanzar fuegos artificiales con motivo del inicio anticipado de la Navidad. La celebración se realizó la noche de este miércoles, después de que el régimen chavista declarara el 1 de octubre como la fecha oficial para el arranque de las festividades.
A través de fotografías y videos compartidos en redes sociales, vecinos de Caracas registraron el momento en que el edificio, que alberga a decenas de presos políticos y detenidos comunes, era iluminado por el espectáculo pirotécnico.
Informes de la Misión Internacional Independiente de Determinación de los Hechos de la ONU describen cómo en este complejo se han documentado métodos de tortura como posiciones físicas forzadas, asfixia con bolsas o agua, descargas eléctricas en genitales y golpes con objetos contundentes.
“Los detenidos estuvieron expuestos a amenazas de muerte y violación, desnudez forzada en temperaturas extremas y permanencia encadenados durante largos períodos”, señaló el organismo internacional.
El informe detalla asesinatos en protestas, muertes bajo custodia estatal, más de 2.200 detenciones arbitrarias, tortura, desapariciones forzadas y violencia sexual, dentro de una estrategia de persecución política que constituye crímenes de lesa humanidad.
Según el documento, la represión iniciada el 29 de julio de 2024 representa una continuación agravada de un plan estatal para eliminar a opositores reales o percibidos.
“La Misión considera que la represión desatada a partir del 29 de julio de 2024 es una continuación exacerbada del plan de aniquilamiento de personas opositoras o percibidas como tales, que se ha traducido en la comisión de graves violaciones a los derechos humanos y de crímenes internacionales, constituyendo el crimen de lesa humanidad de persecución por razones políticas”, indica el texto.
La Misión responsabiliza al régimen venezolano y a sus fuerzas de seguridad, incluyendo la Guardia Nacional Bolivariana (GNB), la Policía Nacional Bolivariana (PNB), el SEBIN y la Dirección General de Contrainteligencia Militar (DGCIM). Entre las víctimas se cuentan opositores, activistas, periodistas, defensores de derechos humanos, familiares, niños, niñas, adolescentes y personas extranjeras.
El informe documenta patrones de actuación de los agentes estatales, que incluyen detenciones violentas, uso de fuerza desproporcionada, irrupciones en domicilios y traslados sin identificación, muchas veces sin órdenes judiciales. El uso de leyes antiterroristas y la Ley contra el Odio para criminalizar la disidencia se mantuvo como práctica habitual.
Se atribuyen al menos 30 víctimas fatales a la represión estatal: 25 durante protestas y cinco bajo custodia del Estado. Además, tres personas fallecieron tras ser excarceladas debido al deterioro de su salud. La Misión documentó también tortura y tratos crueles, incluyendo golpes, asfixia, descargas eléctricas, aislamiento prolongado y privación de alimentos y agua.
El informe resalta condiciones inhumanas en centros de detención como Tocorón y Tocuyito, con hacinamiento, falta de acceso a agua potable, alimentación deficiente, ausencia de atención médica y castigos colectivos. Se documentaron 30 casos de desaparición forzada, de los cuales 12 fueron confirmados según estándares internacionales.
La violencia sexual y de género se identificó como patrón de represión, afectando especialmente a mujeres, niñas, adolescentes y personas LGBT privadas de libertad. La Misión documenta abuso sexual, desnudez forzada, sexo transaccional coercitivo y amenazas de violación.
Se registraron 220 detenciones arbitrarias de menores, sin consideración del interés superior de la niñez. También se documentó censura, bloqueos digitales y hostigamiento a defensores de derechos humanos y periodistas.
La Misión concluye que la impunidad es estructural y que las víctimas enfrentan obstáculos insalvables para acceder a la justicia. El informe incluye 19 casos ilustrativos, que representan solo una fracción de las violaciones documentadas, y refleja la magnitud y gravedad de la crisis de derechos humanos en Venezuela.
