En un megaoperativo dispuesto por la Fiscalía Especializada en Investigaciones Complejas, unos 200 policías de la ciudad de Buenos Aires y 110 inspectores de Espacio Público desalojaron a un enorme número de manteros –5000 según el gobierno porteño– que ocupaban el Parque de Los Andes y sus adyacencias, comprendido entre las avenidas Corrientes, Dorrego y Jorge Newbery y la calle Guzmán, en Chacarita. Se secuestraron más de 6700 bultos con mercadería, 127 estructuras de armado de puestos, 112 hierros de estructura metálica y dos camionetas sin documentación reglamentaria.
Vecinos y comerciantes habían realizado denuncias porque desde hacía meses el parque estaba ocupado los fines de semana y feriados por manteros dedicados a la venta ilegal de ropa, tecnología, comida, antigüedades y libros. Cabe mencionar que en otros sectores del Parque de Los Andes funciona una feria legal con 310 puestos para feriantes, emprendedores y artesanos que venden manualidades, bijouterie, juegos didácticos o artículos de decoración.
El jefe de gobierno, Jorge Macri, manifestó: “La usurpación genera inseguridad, desorden, suciedad y una competencia desleal para los comerciantes que pagan sus impuestos y desarrollan sus actividades de manera formal. El control y el dominio de la calle –dijo– es del Estado y tiene que ser garantizado para que los vecinos puedan circular y que las actividades sean legales”.
Este operativo se suma a los ya realizados por el gobierno porteño en la zona de Once; en la avenida Avellaneda, en Flores; frente a las terminales de Retiro; en la peatonal Florida; en la Plaza Constitución; en el Parque Centenario, y en el Parque Patricios, donde también se logró la liberación total del espacio. Tanto en Once como en Flores, por orden de la Justicia, se decomisó mercadería ilegal en depósitos y talleres textiles clandestinos. Actualmente, la policía y los inspectores de Espacio Público mantienen controles en las zonas para evitar que los manteros vuelvan a instalarse.
La venta ilegal no solo perjudica a los comerciantes formales, sino que también genera un mercado paralelo en el que no se respetan las normativas laborales ni de comercio, al fomentar redes de trabajo esclavo y contrabando. Esa situación afecta directamente a los sectores más vulnerables, tanto a los manteros que son explotados, como a los comerciantes que no pueden competir de manera justa. Detrás de los puestos callejeros hay verdaderas organizaciones marginales que hacen negocios fastuosos aprovechando la necesidad laboral de mucha gente que se ve obligada a ingresar a ese circuito.
Es destacable la firme decisión de las autoridades de devolver el espacio público a los vecinos, muchos de los cuales padecen las mismas necesidades de los vendedores callejeros y, sin embargo, no transitan el camino de la ilegalidad, y a los comerciantes que pagan sus impuestos, restringiendo y limitando a la mínima expresión esta actividad ilícita tan expandida.
