María Alejandra Benavides, exasesora del Ministerio de Hacienda, firmó un principio de acuerdo con la Fiscalía General de la Nación y se convirtió en testigo clave en el escándalo de corrupción que sacude a la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (Ungrd).
La audiencia para legalizar el principio de oportunidad quedó programada para el próximo 22 de julio a las 12:00 del mediodía, según confirmó Blu Radio.
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Benavides, economista de profesión, fue imputada por el delito de interés indebido en la celebración de contratos, luego de que la Fiscalía la señalara de coordinar con el entonces ministro de Hacienda, Ricardo Bonilla, la destinación de más de 92.000 millones de pesos hacia municipios específicos como Cotorra (Córdoba), Saravena (Arauca) y El Carmen de Bolívar (Bolívar).
La finalidad de esa gestión, de acuerdo con el ente acusador, habría sido influir en las decisiones de la Comisión Interparlamentaria de Crédito Público, un órgano clave para la aprobación de endeudamientos del Estado colombiano.
Estos millonarios recursos, aunque nunca fueron desembolsados, habrían sido comprometidos mediante la planeación de contratos de obra pública adjudicados a empresas cercanas a congresistas.
A cambio, los legisladores habrían acelerado la aprobación de los denominados “cupos indicativos”, requeridos por la cartera de Hacienda.
En otras palabras, la Fiscalía sostiene que se utilizó la promesa de recursos públicos como moneda de cambio para asegurar respaldo político en el Congreso, lo que constituye un entramado de corrupción con múltiples implicados.
El nombre de Benavides fue mencionado por el exdirector de la Ungrd, Olmedo López, uno de los principales implicados en el caso, quien aseguró que la exasesora habría desempeñado un papel central en las maniobras irregulares.
Tras ser señalada, Benavides decidió colaborar con la justicia. Según su defensa, lo hizo bajo la teoría del caso presentada por la Fiscalía. Como consecuencia, denunció haber recibido amenazas contra su vida y solicitó medidas de protección.
El abogado penalista Jaime López, defensor de Benavides, explicó al diario El Tiempo que su clienta “colaboró con la administración de justicia en la teoría del caso de la Fiscalía. Será testigo contra los que la entidad considere, entre ellos, Ricardo Bonilla”.
El principio de oportunidad concedido se basa en tres hechos documentados: los contratos proyectados para atender emergencias en Saravena, Carmen de Bolívar y Cotorra, por un total de 92.632 millones de pesos.
A pesar de que los contratos no llegaron a firmarse y los recursos no fueron desembolsados, la Fiscalía imputa responsabilidad penal por el solo hecho de haber planeado y comprometido esos recursos con fines políticos.
Según la fiscal Patiño, quien lidera la investigación, se trató de un intento estructurado de direccionar fondos públicos para beneficiar intereses particulares.
La Fiscalía había anticipado que, una vez cerrado el acuerdo con Benavides, avanzaría con la imputación contra Ricardo Bonilla, exministro de Hacienda del gobierno de Gustavo Petro.
Esa etapa ya está en curso, y se espera que Bonilla sea el quinto exfuncionario de alto nivel judicializado en el marco del escándalo de la Ungrd.
Los exdirectivos de la entidad, Olmedo López y Sneyder Pinilla, actualmente en prisión preventiva, también declararán como testigos y han implicado directamente al exministro Bonilla en el esquema de direccionamiento ilegal de los proyectos.
La Fiscalía sostiene que Bonilla habría tenido un rol activo en la solicitud de recursos que posteriormente serían usados para favorecer políticamente a congresistas mediante contratos ficticios o manipulados.
Además del exministro, varios legisladores están siendo investigados por la Corte Suprema de Justicia por su presunta implicación en los hechos.
Entre ellos figuran los congresistas Liliana Bitar, Juan Pablo Gallo, Wadith Manzur, Julián Peinado, Karen Manrique y el exrepresentante Juan Diego Muñoz Cabrera, quienes habrían presionado para que los contratos quedaran en manos de contratistas afines.
Este nuevo capítulo en la investigación representa un avance significativo en el caso, no solo por el valor testimonial de Benavides, sino porque puede abrir la puerta a nuevas imputaciones en los próximos días.
La Fiscalía ha señalado que el caso de la Ungrd sigue creciendo en alcance y que otros actores institucionales podrían quedar comprometidos a medida que avance la judicialización.
