La senadora María Fernanda Cabal ha elevado el tono del debate nacional tras denunciar ante la Fiscalía General de la Nación los hechos ocurridos el 22 de junio de 2025 en el municipio de El Tambo, departamento del Cauca, donde, según su denuncia, 57 soldados del Ejército Nacional fueron secuestrados por supuestos campesinos instrumentalizados por las disidencias de las Farc.
“He interpuesto denuncia ante la Fiscalía General de la Nación por los graves hechos ocurridos el pasado 22 de junio en El Tambo, Cauca, donde 57 hombres del Ejército Nacional fueron secuestrados por supuestos campesinos instrumentalizados por las Farc”, escribió la congresista en su cuenta oficial de X.
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La declaración, que rápidamente generó reacciones en el ámbito político y social, pone en el centro del debate la seguridad nacional y la situación de orden público en una de las regiones más conflictivas de Colombia.
En su mensaje público, la senadora Cabal no solo informó sobre la denuncia, sino que exigió acciones concretas de las autoridades judiciales.
“Solicito que se investigue y judicialice a los autores y determinadores de este acto de secuestro y terrorismo, que atenta contra la seguridad nacional y la vida de nuestros soldados”, afirmó la legisladora, subrayando la gravedad de los hechos y la necesidad de una respuesta institucional contundente.
La congresista añadió: “No permitiremos que los criminales sigan desafiando al Estado y sometiendo a las comunidades al miedo”, en una clara alusión a la persistente influencia de los grupos armados ilegales en la región.
La denuncia formal, dirigida al director seccional de la Fiscalía General de la Nación en el Cauca, Nelson Escobar, detalla los hechos que motivaron la acción judicial.
Según el documento, el 22 de junio de 2025, “personas indeterminadas que, según medios de comunicación, pertenecen a comunidades rurales ‘instrumentalizadas’ por las disidencias de las Farc, rodearon y secuestraron a 57 soldados del Ejército Nacional”.
La senadora sostiene que la acción de secuestro se produjo como respuesta a la inconformidad de las comunidades locales ante la presencia de la Fuerza Pública en el corregimiento de El Plateado, en El Tambo, y en la zona del Cañón del Micay.
