La precandidata Victoria ‘Vicky’ Eugenia Dávila se pronunció sobre la renuncia a la prescripción del proceso que anunció en la mañana del 25 de agosto el expresidente Álvaro Uribe Vélez.
La periodistas y aspirante presidencial aplaudió la decisión de Uribe, lanzando, a su vez, críticas al sector político que más ha pedido una condena contra el antioqueño.
“El expresidente Álvaro Uribe renunció a la prescripción en el proceso en su contra. Renunció a una garantía a la que pocos se atreverían a renunciar, aún teniendo derecho. Un hombre de honor. La extrema izquierda que gobierna a Colombia en cambio, se fuga, se vuela, como Carlos Ramón González, y otros, requeridos por el escándalo de corrupción de la Ungrd”, escribió en su cuenta de X.
A través de la mencionada red social, la senadora María José Pizarro dijo que tal decisión por parte de Uribe era apenas esperable por su dignidad de expresidente.
Señaló que Dávila prefiere no criticar al expresidente por escándalos ocurridos durante su gobierno y que eso lo hace precisamente porque requiere de él para posicionarse políticamente y ganar legitimidad frente a cierto tipo de electorado.
“Me perdona Vicky, era lo mínimo tratándose de un ex jefe de Estado, quien ademas ha contado con todas las garantías procesales en mas de una década de proceso judicial (sic). Lo cierto es que mientras lo abraza en fotos y salpica violencia para otro lado, niega los grandes escándalos de corrupción como la compra de congresistas para su reelección, Agroingreso Seguro y los 6402 jóvenes inocentes asesinados en el marco de su seguridad democrática,… Usted lo abraza porque sabe que sin él NO tiene el más mínimo chance. Eso se llama oportunismo político”, señaló la parlamentaria del Pacto Histórico.
La decisión de Álvaro Uribe
“Más de 70 audiencias, miles de folios y más de 2.000 páginas de escritos y alegatos” son el contexto procesal que el expresidente Álvaro Uribe Vélez resaltó al informar a la Sala Penal del Tribunal Superior de Bogotá su decisión de renunciar expresamente a cualquier beneficio relacionado con la prescripción penal de su caso. Con esta postura, el exmandatario busca propiciar un análisis exhaustivo de los hechos y las pruebas antes de que los delitos de soborno a testigos y fraude procesal, por los que fue condenado en primera instancia a 12 años de prisión, puedan quedar sin sanción por vencimiento de términos.
Según la carta presentada al Tribunal, Uribe expresó que el proceso legal podría prescribir el 16 de octubre de 2025, pero descartó acogerse a este mecanismo. En su comunicación, enfatizó: “Nunca ha buscado ni ha querido beneficiarse de la prescripción de la acción penal”, añadiendo que esa vía procesal no debe condicionar al tribunal ni limitar sus capacidades para emitir una decisión de fondo. Al citar el artículo 85 del Código Penal, solicitó que se acepte “la renuncia que hago al derecho de verme favorecido por la prescripción de la acción penal y que adopten, en mi caso, la decisión de fondo que en derecho corresponda, conforme sólo a lo probado en juicio, a lo que ordena la ley y lo que sea justo”.
El expresidente destacó en la misiva que aunque la legislación le permitía un “camino corto y sencillo para salir de este tortuoso proceso”, prefirió rechazar esa alternativa. En sus palabras: “A pesar de que la ley me otorga un camino corto y sencillo para salir de este tortuoso proceso, no puedo aceptarlo, pues, aún con el peso de la injusta condena y estando mi libertad en juego, no puedo declinar el camino de la verdad”. Insistió en el carácter injusto de la sentencia y recordó que tanto su defensa como el Ministerio Público han solicitado la revocatoria del fallo en apelación.
Como argumento ético de esta decisión, Uribe apuntó: “Servir a Colombia ha sido el máximo honor que he recibido en mi vida. La confianza depositada en mí, por la patria y mis compatriotas, me impone dar ejemplo y optar por el camino que, por más difícil o riesgoso, es correcto y coherente con lo que he defendido a lo largo de mi vida: la verdad”. Además, reprochó la valoración de pruebas en la primera instancia, aduciendo que “ese derecho a ser oído no fue respetado materialmente por la primera instancia. A pesar de lo extenso, el fallo echó de menos la valoración de gran parte de los hechos probados en juicio”. Exigió que la decisión de segunda instancia se funde de manera exclusiva en los hechos y pruebas presentados, dejando de lado argumentos de carácter formal.
Dentro de la estrategia legal, el equipo de defensa sostiene que esa renuncia busca asegurar un pronunciamiento de fondo del Tribunal, incluso si este ratifica la condena, y evitar que el proceso quede sin efecto por vencimiento de términos. El propio Uribe subrayó en el documento que no ha procurado ni desea un beneficio por prescripción, declarando que “esta medida no puede privarle a la Sala la oportunidad de un análisis sereno, ponderado e integral de la prueba”.
